Si usted es de quienes piensa que el pleito por las notarías es pan comido para el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, déjeme le cuento que los amparos de los morenovallistas ahora afectados, antes beneficiados, no están cayendo en cascada, pero ya piensan en ellos aunque se lo toman con tranquilidad. Los dos primeros que ya se ampararon son Patricia Leal Islas, quien tenía la Notaría 7 de Cholula y es cercana al polémico Javier Lozano Alarcón; y Jorge Otilio Hernández Calderón, quien tenía la Notaría 2 de Acatlán de Osorio.

Hasta este jueves, pese a la estridencia del anuncio de la revocación, tanto Leal Islas como Hernández Calderón son los únicos notificados oficialmente de que el negocio va pa’trás. A la mayoría de los demás notarios no le han recogido los sellos ni los han visitado, como dijo el consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz en su rueda de prensa del martes pasado.

El asunto no pinta bien para el gobierno del estado si, además, los notarios se atienen a lo que dijo Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana-Puebla. En entrevista para Datamos con la periodista Maribel Velázquez, afirmó que la Ley del Notariado no contempla ninguna causal de revocación de las patentes relacionadas con los procesos previos para obtenerla, (por lo que) las personas que se vean afectadas con esta decisión podrían ampararse y el proceso para que haya una definición llevaría alrededor de año y medio.

Está por verse también si la estrategia que tiene Ricardo Velázquez le funciona al gobierno del estado o, si como se lo habíamos anticipado en el Acantilado del 16 de septiembre pasado, los fedatarios caídos siguen la ruta tlaxcalteca en la que “como gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz dio 16 notarías a amigos y familiares, entre quienes se encuentran Eduardo Lozano Tovar, hermano de su esposa Guadalupe Lozano Tovar; Osvaldo Ramírez Ortiz, sobrino del gobernador; Aldo Calva Reyes, hijo del diputado priista, Aristeo Calva Lira.”

Dos párrafos más de aquella columna: “Mariano González Zarur, sucesor de Ortiz Ortiz en el gobierno tlaxcalteca, emprendió acciones similares a las que ahora pretende Barbosa Huerta: el 14 de septiembre de 2011 decidió retirar las patentes entregadas por Héctor Ortiz Ortiz luego de que Juan Ignacio Temoltzin Carreto, hermano del secretario de la Función Pública, Hugo Temoltzin Carreto, presentara ante la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) el recurso 166/2011 contra el proceso mediante el cual Ortiz las distribuyó antes de concluir su gobierno. Y no sólo eso: también pidió el gobierno que fueran suspendidos los notarios de manera provisional, lo que le fue concedido.

“A punta de amparos, el caso concluyó en enero de 2017 cuando un juez federal ordenó al actual gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, que en un plazo de tres días diera cumplimiento a un mandamiento judicial y regresara las patentes a los beneficiados de Ortiz Ortiz: en marzo de ese año la Dirección de Notarías y Registros Públicos de Tlaxcala les entregó folios y sellos.”

Inmersos o no en negocios turbios, nadie ignora que los notarios son un grupo compacto cuando alguien se mete con alguno de ellos. De esto dan cuenta las declaraciones de Antonio Oropeza, presidente del Colegio de Notarios, quien dijo que “cuando nosotros asumimos el cargo (febrero de 2019), lo primero que hicimos fue realizar una revisión de los expedientes y quiero comentarles que, desde nuestro punto de vista, todo está en regla, todo está bajo control. La ley dice que debemos llevar una carpeta por cada notaría y esas carpetas existen”. De acuerdo con Oropeza, el Colegio de Notarios sólo ha participado en las diligencias del gobierno en las notarías 9 y 13 con sede en Tehuacán.

Algunos de los fedatarios exploran dos vías: una es el amparo y la otra tiene que ver con la estrecha relación que tiene Ricardo Velázquez Cruz con el padre Froylán González Pérez que en el sexenio de Melquiades Morales Flores fue bendecido con una notaría que luego le birló en Huejotzingo Silvia Hernández Aguilar, su prestanombres.

Sí, varios de los afectados intentan una cita con el clérigo para que interceda por ellos ante el poderoso Ricardo Velázquez Cruz. ¿Qué intentan?, ahorrarse un largo y costoso litigio con una propuesta indecorosa y propia de los enjuagues a los que están acostumbrados. Plantean que frente a los juicios de amparo la Consejería Jurídica asuma una conducta pasiva en sus informes y no rinda toda la información a los jueces de distrito.

Falta, claro, que su planteamiento encuentre eco.

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