El 30 de abril es el Día de las Infancias en México, una fecha para celebrar, para apapachar a nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también tiene que ser un día para hacer conciencia de que estamos hablando de uno de los dos sectores más vulnerables que hay en el mundo, siendo las personas adultas una y las infancias el otro, sectores donde debemos de enfocar nuestras energías y recursos con más intensidad de lo que se ha hecho en los últimos años.

Una de las declaraciones más longevas que existen desde la creación de la ONU es la aprobada el 20 de noviembre del año 1959, y se trata de la Declaración de los Derechos del Niño y su antecedente es la Declaración de Ginebra de 1924, un documento en el que la Sociedad de Naciones (de la que posteriormente surgiría Naciones Unidades), y tras los horrores de la Primera Guerra Mundial, asumió la existencia de una serie de derechos específicos para la infancia y la responsabilidad de los adultos hacia los menores, para que finalmente el mismo 20 de noviembre, pero ahora de 1989, se aprobaba el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, documento vinculante que obliga a todos los países que lo han ratificado a tener que cumplir con sus obligaciones, así de importante es pensar en las infancias en el mundo y por lo mismo es fundamental, darle ese valor hoy en día.

¿Cuáles son los principios en los que gira este documento?

1. No discriminación. Independientemente del color de piel, la religión, la procedencia o la ideología profesada por los progenitores, todas las infancias tienen los mismos derechos, incluso el adultocentrismo debe ser erradicado de leyes, procesos y políticas públicas para lograr este objetivo.
2. Interés superior de la niñez. Lo que pueda ser lo mejor para la infancia en cada caso concreto debe ser tenido en cuenta en decisiones, leyes o políticas que puedan afectar a este segmento de edad.
3. Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Toda infancia tiene derecho a vivir y por ello, aunque pueda parecer redundante, alcanzar su máximo potencial en la vida.
4. Participación infantil. La infancia (recordemos que aquellas personas menores de 18 años según esta declaración) tienen derecho a recibir consultas sobre situaciones que les afectan y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

¿Y en México cómo nos fue en el año 2023?

Niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones que atentaron contra sus derechos humanos, revela el Balance Anual sobre la Situación de los Derechos de Infancias y Adolescencia en el país que fue presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), quien documentó que 2023 fue un año en el que se observó pocos avances, como la reducción del embarazo adolescente, pobreza y algunos delitos; pero también retrocesos en materia de la garantía a sus derechos.

La cifra de homicidios evidencia la violencia que sufrieron 490 mujeres y 1,605 hombres. Los tres estados con mayor cantidad de homicidios de niñez y adolescencia durante 2023 fueron Michoacán, Guanajuato y Jalisco. En materia de desapariciones desde que se tiene registro, 99,327 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas hasta el 4 de enero de 2024. De estas niñas, niños y adolescentes, 17,233 (el 17.4%) continuaban desaparecidas a la misma fecha, siendo 9,218 mujeres y 7,946 hombres. Las restantes 82,094 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque el 1.1% de estas desapariciones (895 casos) corresponden a niñas, niños y adolescentes halladas sin vida.

Frente a estos datos es necesario repensar cómo intervenir y lo que tenemos que hacer es fortalecer las áreas de atención con enfoque intergeneracional como lo es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos etc., los ayuntamientos, la academia, así como las organizaciones de la sociedad civil. No podemos pensar en realizar políticas públicas sin establecer mecanismos de participación efectivos de todas las infancias. Así mismo se requieren experiencias internacionales y nacionales de éxito, no es descubrir el hilo negro sino identificar prioridades.

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dice “…propone considerar de manera prioritaria las siguientes seis acciones integrales y complementarias para mejorar la vida, desarrollo y oportunidades de la infancia y adolescencia en México:

• Universalización de la atención integral para las niñas y niños menores de cinco años, priorizando el acceso efectivo a servicios de salud adecuados y oportunos a las personas embarazadas y a la primera infancia en aspectos determinantes de su bienestar como los controles pre y postnatales, vacunación y la promoción de una adecuada alimentación durante estas etapas claves de su vida.
• Inclusión universal y mejora de los aprendizajes en la educación básica y media, que busque la ampliación de la cobertura de la educación inicial y preescolar, así como priorizar acciones que mejoren la calidad educativa y el aprendizaje en la secundaria y media superior, para lograr trayectorias educativas exitosas.
• Universalización de la protección social para menores de 18 años, al impulsar la ampliación de becas, para que éste logre beneficiar a todos los estudiantes de educación básica pública, incluyendo la educación inicial y preescolar.
• Alimentación saludable desde el embarazo hasta los 18 años mediante la protección y la promoción a la lactancia materna, así como la mejora de la calidad de las dietas de las niñas, niños y adolescentes, además de la promoción de entornos familiares, escolares y comunitarios más saludables.
• Protección universal de la niñez frente al abuso, el abandono y la violencia, con inversión en el fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas orientadas a la protección de la niñez y la adolescencia, y la promoción de acciones de crianza positiva en sus entornos más cercanos.
• Inversión pública estratégica en la niñez y la adolescencia, a través de una asignación presupuestaria suficiente que permita mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos y los programas prioritarios destinados hacia la infancia y la adolescencia.

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