La política comienza donde termina la violencia; donde el poder deja de legitimarse por la amenaza de la fuerza y pasa a hacerlo por la autoridad que emana de esa misma socialidad

Bolívar Echeverría

Quedó muy claro para aquellos medios de comunicación que aplaudieron la captura, proceso judicial y sentencia del Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, que nada ha cambiado, aquellos ingenuos que pensaron que con esta acción el crimen organizado había quedado diezmado, se han equivocado. El narcotráfico en México sigue vigente y cobrando vidas mexicanas, la decisión de Andrés Manuel López Obrador es humanamente comprensible, pero políticamente inaceptable, el primer episodio que marcará su administración por las medidas ejecutadas a favor de unos y en contra de otros, sin determinar aún, quiénes son esos agentes beneficiados o afectados.

Como lo menciona Jesús Esquivel (2019) Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico nos acostumbró a las muertes, Enrique Peña Nieto, en la impunidad y la corrupción, nos reiteró que su gobierno no iba hacer absolutamente nada para contener el crimen organizado. La captura temporal de Ovidio Guzmán López expuso que a lo largo de los años no se ha avanzado en la lucha contra el crimen organizado.

En una ciudad con aproximadamente 800 mil habitantes, quedó sitiada en un enfrentamiento que duró casi 12 horas. Las cifras oficiales fueron: ocho personas muertas, entre ellas un elemento de la Guardia Nacional, un civil, un preso de Aguaruto y cinco agresores, así como 46 reos evadidos y 13 integrantes de las fuerzas heridos. La decisión de la Sedena, en gran parte, fue porque las agresiones del cartel de Sinaloa incluyeron ataques a las instalaciones del cuartel y zona habitacional que forma parte de la Novena Zona Militar, ya que allí los sicarios abrieron fuego y privaron de la libertad a un policía de una empresa de seguridad y a un militar que estaba de vacaciones. También, 19 vialidades fueron bloqueadas, principalmente, las salidas de la capital del estado. (La Jornada, 19 de noviembre)

Las voces de la oposición y de varios periodistas del antiguo régimen se han alzado afirmando que el gobierno de AMLO está caracterizado por un Estado fallido, al respecto habría que hacer algunas aclaraciones, pues el concepto no puede ser utilizado de manera aislada a su concepción gnoseológica. Es importante señalar que, Estado fallido no significa que el aparato estatal sea ineficiente, incapaz de cumplir con sus tareas de autoridad y finalmente colapse; más bien, se refiere, de acuerdo con Avalos Tenorio (2016) “que la propia articulación social unitaria carece de principio de autoridad que la mantenga unificada” (p.29) para este autor el principal factor que propiciaría una situación así sería que los interés privados, sea cual fuere el grupo, no se detenga ni tenga un contrapeso real. En este caso, más que Estado fallido, lo que se pasó en Culiacán, Sinaloa, se acerca a un estado de guerra de todos contra todos. Al que Thomas Hobbes caracterizo “por la disrupción de la violencia reciproca toma lugar en lo público”.

Sin embargo, aunque el estado de guerra de todos contra todos ya es complejo, la situación puede ser aún peor. En la concepción hobbesiana, todos los seres humanos poseen las mismas fuerzas, facultades, armas para dañar a otros “en cambio, en una situación de disolución del principio de estatalidad, sigue existiendo el aparato estatal pero ya no responde a una lógica de unificación política de la sociedad” (Tenorio, 2016). Así, la política se descompone y es colonizada por el crimen organizado, políticos y militares. Tienen el control de los monopolios del Estado y no dudan en usarlos a su favor.

Esto quiere decir que los elementos que caracteriza al Estado como son la elaboración de leyes, el uso legítimo de la violencia y el sistema punitivo sancionador, ahora no sólo son exclusivamente elementos utilizados por el Estado, sino que un grupo pequeño de personas lo utilizan con distintos propósitos. Como bien sabemos, esto ha permitido la instauración de grupos armados con distintas causas y procedencias que son testimonio de la descomposición de la vida política y social. Lo anterior, expone a México a una situación de alerta máxima, pues el estado de todos contra todos ya no es igualitario porque el poder no está instituido de manera equilibrada lo que deja a la sociedad en desventaja, como apunta Han (2016) El poder disciplinario, en cambio, trabaja en las «funciones de incitación, de reforzamiento, de control, de vigilancia, de aumento y organización de las fuerzas que somete». Su objetivo se dirige a «producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas» (p. 56)

Es evidente que la relación fundamental y más elemental de todo ordenamiento jurídico es la de fin y medio; y que la violencia, para comenzar, sólo puede ser buscada en el reino de los medios y no en el de los fines. Como afirma Walter Benjamín (1986) “en el empleo de medios violentos para lograr fines justos el derecho natural ve tan escasamente un problema, como el hombre “derecho” a dirigir su propio cuerpo hacia la meta hacia la cual marcha. Según la concepción jusnaturalista (que sirvió de base ideológica para el terrorismo de la revolución francesa) la violencia es un producto natural, por así decir materia prima, cuyo empleo no plantea problemas, con tal de que no se abuse poniendo la violencia a favor del estado, ello ocurre sobre la base del supuesto de que el individuo como tal, y antes de la conclusión de este contrato racional” (p.168), por ejemplo, el derecho a la legitima defensa

Pero cuando la violencia está por encima de la sociedad y, por supuesto del Estado, exhibe cuando se suspende el derecho, como lo que paso el pasado jueves en Culiacán. Es evidente que este poder soberano está en riesgo pues ignora al jusnaturalismo que mediante el pacto social hacía posible el pasaje del estado de naturaleza al estado civil que garantiza el derecho a la vida.

En este caso el gobierno federal deberá tener una estrategia real de contención en casos extremos, ya que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño ha señalado que no abandonara la estrategia de paz como producto de la justicia social. Las estrategias de anteriores sexenios, sobre todo, de los dos últimos, no sólo fracasaron en disminuir la violencia y los índices delictivos, sino que convirtió al país en una enorme fosa clandestina y en un territorio sangriento con miles de desaparecidos. Por citar un dato, la violencia en México creció exponencialmente, de acuerdo con el reporte International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres, en 2015 murieron en enfrentamientos armados entre los carteles de drogas cerca de 17 mil personas con este número de muertes registradas México se sitúa, en ese mismo año por encima de países como Afganistán con 15 mil, Nigeria con 11 mil e Irak con 12 mil muertes.

Ante esta situación, se debe tener mucho cuidado con el accionar del actual gobierno, pues ya lo advertía Walter Benjamín “la figura del gran delincuente, por bajos que hayan podido ser sus fines, ha conquistado la admiración popular. Ello no puede deberse a sus acciones, sino a la violencia, que el derecho actual trata de prohibir (…) La función de la violencia por la cual ésta es tan temida y se aparece, con razón, para el derecho como tan peligrosa, se presentará justamente allí todavía le es permitido manifestarse según el ordenamiento jurídico actual”.

Notas

Benjamín, Walter. (1986). Ensayo escogídos . Buenos Aires: El cuenco de Plata .

Castillo, C. D. (19 de 10 de 2019). Reonoce gobierno operativo deficiente y falta de previsión . La Jornada, pág. 5.

Echeverría, Bolívar. (2011). Ensayos Políticos. Ecuador : Pensamiento Político Ecuatoriano

Han, Byung-Chul. (2016). Topología de la violencia. España: Herder.

Hobbes, Thomas. (1999). Leviatán . México: Cruzo.

Studies, I. I. (10 de 03 de 2015). IISS. Obtenido de IISS: https://www.iiss.org/

Tenorio, Gerardo Ávalos (2016). Ética y Política para tiempos violentos. México: Universidad Autónoma Metropolitana.