En Puebla contamos con dos Leyes relacionadas con la Cultura. Una se hizo y aprobó en la administración de Mario Marín Torres –cuyo articulado primigenio modificó levemente Rafael Moreno Valle Rosas-; la otra se elaboró y sancionó en tiempos de Antonio Gali Fayad. Ante la ausencia de una normatividad cultural actualizada acorde al nuevo gobierno, en mis siguientes colaboraciones analizaré las existentes bajo la óptica cultural de la 4ª Transformación poblana.

¿Cómo es que siendo un Estado tan rico culturalmente, a la fecha no existe una Ley Cultural óptima, suficiente, efectiva y precisa? Dos podrían ser las posibles respuestas: 1. Ningún gobierno poblano ha tomado en serio y en su justa dimensión a la cultural estatal, ya sea por perversidad o ignorancia administrativa, o, 2. El “orgullo cultural identitario” solo se invoca con fines publicitarios y turísticos mediáticos y chabancanos, los días precisos del calendario cívico y solo ante la presencia de los medios informativos locales o foráneos. Los demás días y momentos, sin “público aplaudidor”, la Cultura y su fomento, protección, rescate y difusión, son letra muerta.

Y no es que las artes y manifestaciones culturales o sus ejecutantes necesiten de una Ley o Institución gubernamental para existir y desarrollarse, pero, sin duda, el reconocimiento y estímulo de ellas –como la procuración de justicia o de bienestar social-, es una las razones –y mandamiento ciudadano-, de los gobiernos. De ahí que sea igualmente inaceptable la inexistencia de una normatividad cívica y judicial, como una cultural; repito, cuantimás en una comunidad humana rebosante de cultura, como, sin duda, lo es la nuestra.

Como mencioné, son dos las leyes en cuestión: la de Cultura del Estado de Puebla (Marín/Moreno Valle), y la de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla (Gali).

La genérica es la de Cultura, por lo que iniciaré con ella.

Esta ley fue creada cuando existía la Secretaría de Cultura (la original, no la remix), y modificada cuando el morenovallismo parió al esperpéntico CECAP. Consta de 6 capítulos y 74 artículos, más algunos Transitorios. Su temática abarca: la forma, modos y autoridades que sustentarán a la Cultura; el Patrimonio que considerará; los Servicios que otorgará; los Estímulos que entregará, y, el Financiamiento y Fomento culturales. O sea, una ley de “machote”, sumamente perfectible y deseablemente “humanizable”. Volveremos a esto más adelante y en las colaboraciones posteriores a esta.

Lo más impactante de esta ley son las derogaciones, pues a la luz de ellas nos enteramos la pobreza y declinación paulatina que los gobiernos han provocado en la cultura poblana. Por lo que no hay duda que, antes de esta Ley, había más apoyo y mayor diversificación y presencia del Estado en los procesos y comunidades culturales.

Estas derogaciones aparecen como artículos transitorios y dan cuenta de la merma. Resulta ser que, por medio del artículo 3º nos enteramos que por más de 28 años existió un Festival de la Danza; asimismo, y por igual periodo, el 4º señala que hubo un Festival Anual de Bandas de Música. Consigna, también en el 5º, que, después de existir por 17 años, no fue necesario seguir contando con la existencia de un Cronista del Estado y, por lo tanto, se eliminó. En contra sensu, crea, según se lee en el Art. 37º, el Festival Internacional del Teatro, mismo que hoy ya no existe.

En cuanto a las Casas de Cultura, Bibliotecas y Hemerotecas, el Estado delega –y con ello, relega-, a los Ayuntamientos su creación, persistencia, manutención y enriquecimiento. ¿El resultado? Anquilosamiento y derrumbe de estas, ante la abulia, ignorancia y pobreza de los destinados a mantenerlas vivas y actuantes.

Lo lectura atenta de esta Ley se vuelve dolorosa y mueve al encono al percatarse que de un plumazo se conminó al olvido el trabajo cultural de un cuarto de siglo, sin remordimiento, ni vergüenza.

 El otro asunto que destaca sobre lo demás, es la creación de organismos paraestatales; sobre todo en el periodo de Rafael Moreno Valle Rosas.

Ello se consigna en el artículo 72º.  En este se detalla la creación de “un organismo auxiliar” del CECAP, denominado: Fomento Cultural Poblano. La descripción del mismo, su razón de ser, los recursos técnicos con las cuales contará y, sobre todo, los recursos financieros que le otorgará el Estado, son un claro ejemplo de la perversidad y corrupción estatal del morenovallismo.

Para sustentar lo dicho, es necesario transcribir fielmente lo expresado en el artículo y comentarlo en consecuencia.

“Para el ejercicio de las atribuciones del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, contará con el organismo auxiliar denominado Fomento Cultural Poblano”.

Si para esos momentos el CECAP era un “un organismo público descentralizado, sectorizado a la oficina del Gobernador” (posteriormente lo sería a la del Secretario General de Gobierno), “con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica y de gestión, con sede en la Capital del Estado de  Puebla”, ¿para qué necesitaba de un “auxiliar” que procurara el fomento de la cultura poblana, mismo mandato que ya tenía el propio CECAP en las fracciones I y de la III a la XV del artículo 1º de su Decreto de Creación? Menos se comprende este asunto al recordar que el CECAP, al fin Consejo, demandaba el conocimiento y aprobación de los “consejeros” (entre los que se hallaba el mismísimo Moreno Valle) de cada una de sus acciones y, sobre todo, erogaciones.

La sospecha sobre este organismo auxiliar se ahonda al estudiar el segundo párrafo del mencionado artículo:

“Fomento Cultural Poblano contará con autonomía técnica y de gestión para apoyar económicamente el desarrollo de las actividades culturales y artísticas del Consejo Estatal”.

O sea, el FCP podía “hacer de su vida un papalote”, sin tomarle parecer a nadie. Y, no habría inconveniente para ello, si no fuera por la forma en que se agenciaba los recursos para “papalotear”; misma que se detalla en las siguientes cláusulas:

“1. Las aportaciones federales y municipales; 4. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Gobernador del Estado y los que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objetivo; 5. El presupuesto anual que se le autorice, así como las transferencias, subsidios y participaciones; 6. Los que conforme a las disposiciones legales aplicables perciba por los servicios que se presten, relacionados con las materias objeto del Consejo Estatal, hasta los montos que para tal efecto se le hubieren autorizado; 7. Las aportaciones, subsidios y apoyos por parte de organizaciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional; 8. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal; 9. Los demás bienes o ingresos que adquiera o perciba por cualquier título legal o servicio prestado; 10. Otros recursos que a propuesta del Gobernador del Estado se determinen en el presupuesto”.

Ante este enumerado, resulta evidente la verdadera razón del mentado “órgano auxiliar”: la anchísima manga morenovallista para movilizar y disponer de los dineros culturales, sin que hubiera necesidad de solicitar opinión, acuerdo o negociación para ello. L'Culture, c'est moi, (¡Rafael, por supuesto!) afirma, sin duda, ni rubor, este clausulado.

Y si no fuera suficiente, el último párrafo del Art. 72º remata afirmando:

“Fomento Cultural Poblano, podrá estimular también la creación de sociedades, asociaciones, fideicomisos, patronatos y otras formas de organización públicas o privadas, que coadyuven al fomento cultural de conformidad con las leyes que rigen la materia”.

Y, aun así, hay quien hoy afirma que no fue perverso, tóxico, mefistofélico y abusivo el manoseo de las instituciones culturales estatales durante el mandato de Rafael; por supuesto, con el descalabro, ninguneo, anquilosamiento, degradación y enmohecimiento de la Cultura poblana. Y, ello, sin que aún toquemos el tema de los desfalcos y cínicos robos disfrazados de inversión para una cultura futura y cosmopolita. ¡Inaudito!