Juan Luis Hernández*

En el libro El leviatán roto: el avance del estado fallido en México sostengo que nuestro país tiene tres décadas consistentemente minando, deteriorando y carcomiendo lo que había de Estado. El Estado autoritario priísta tenía uno de los elementos fundamentales que garantizan mínimos de seguridad y de cohesión social: control territorial. No quedaba duda que nadie le disputaba al estado autoritario el control de las reglas del juego, formales e informales, que sostenían la interacción cotidiana de la vida pública. Controlaban al único cártel de las drogas que había, a la delincuencia común y a aquélla que se hacía más y mejor organizada.

Sin embargo, el neoliberalismo le quitó al Estado capacidades y competencias, sobre todo aquéllas que tenían que ver con el control territorial. Al permitir que el mercado se convirtiera en la mediación absoluta para regular lo social, lo económico y lo político, se absolutizaron las ganancias, se ampliaron a los mercados ilegales y las élites políticas vieron en el Estado no al regulador del bien público, sino al botín que había que controlar y saquear.

Cuando hablo de estado fallido no me refiero al concepto intervencionista de Estados Unidos, me refiero a la incapacidad del Estado para ser el garante de un piso mínimo de seguridad, libertad y bienestar para quienes formamos parte del pacto social constitucional. El estado priísta garantizó por décadas mínimos de seguridad y bienestar, pero no de libertad. La ley de la selva se ha instalado entre nosotros, ni seguridad, ni bienestar y con libertades defendiéndose con la vida y en permanente peligro. El estado fallido son los linchamientos, los feminicidios que no acaban ni se castigan, los que se matan en una esquina para vender un producto o los que se asesinan por un conflicto vial.

Ese estado fallido se financia. Me explico. Por un lado, ciertas élites políticas y económicas corruptas han hecho del desvío de recursos públicos una profesión especializada. En el sexenio pasado desviar miles de millones de pesos implicó a muchas personas, decenas de entidades públicas incluidas universidades, un modus operandi cínico y un sistema institucional que facilitó todo. Rosario Robles es uno de los iconos del estado fallido, pero detrás de ella hay cientos que lo hicieron posible. De esta manera, el financiamiento al estado fallido es un financiamiento a la inversa, miles de millones de pesos que debieron procurar seguridad o bienestar fueron a parar a campañas políticas, algunas investigaciones apuntan al PRI, a cuentas privadas, a negocios inmobiliarios, por decir sólo alguno de los muchos sitios donde el dinero público se convirtió en privado.

La otra parte del financiamiento al estado fallido proviene de los actores fácticos (sobornos y cadenas de corrupción de trasnacionales), sea Odebrecht o Walmart (según las propias investigaciones en Estados Unidos), o aquéllas que provienen del crimen organizado para financiar campañas, asesinar o secuestrar candidatos incómodos, colocar a los suyos en áreas estratégicas de los gobiernos o, simplemente, gobernando con miedo y extorsión territorios locales.

El avance del estado fallido es tan estructural que no ha importado el signo y el color del gobierno federal. Panistas, priístas y ahora los morenistas se han topado con él. Tanto panistas como priístas a nivel federal, y morenovallistas a nivel estatal, colaboraron para hacer del Estado un conjunto de instituciones irrelevantes, inservibles para defender el interés público, rebasadas por problemas locales y globales. La impunidad, la desigualdad y la estúpida violencia campean a nuestro alrededor sin pudor ni control.

Morena ha tomado las riendas de una Puebla descompuesta y degradada. Tiene ante sí la enorme posibilidad de regresar al Estado al territorio local, o seguir profundizando el estado fallido que más temprano que tarde también ha alcanzado a intimidar y a quitarle el sueño a las propias élites políticas y económicas. Es un desafío enorme pero se puede empezar por lo básico: que el gobierno no se convierta en el nuevo modelo de negocios de quienes ahora llegan a la administración pública estatal y que el modo de gobernar sea con gobernanza, es decir, con un modelo de gobierno abierto, transparente, que vaya al territorio local a escuchar las propias soluciones de la gente a sus problemas y a apoyarlas. Gobernar con las ideas y las propuestas de la sociedad y no contra ellas.

Los problemas no se solucionarán de un día para otro, pero si hay un gobierno que sepa agregar los heterogéneos intereses sociales, será un gran paso para detener el avance del estado fallido en Puebla.

• Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.