Lo fue para el gobierno que concluyo el 15 de diciembre pasado , lo es para el gobierno interino en funciones y lo será para el nuevo gobierno que tomara protesta  el 1 de agosto: el de la seguridad, es un problema nacional que ha venido adquiriendo una enorme complejidad. Hoy queda claro que no hay fórmulas mágicas, ni espectaculares,  ni providenciales que por si mismas resuelvan tan lacerante mal de nuestro tiempo. En efecto,  sin seguridad en la vida y patrimonio de las personas y las familias el animo social decae y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones  y autoridades se disipa. Lo más grave es que,  quienes se ven ultrajados por el crimen y la violencia pierden la esperanza en el futuro. A la crisis social generalizada  se suman  cientos de miles de crisis personales y familiares, muchas de ellas con huellas  irreparables.

Dictan los cánones de la política pública que lo primero para enfrentar, con eficacia,  un problema social e institucional de este calado es reconocer , en rigor, su naturaleza, profundidad, arraigo y diversidad de modos y facetas en las que se  manifiesta. No hay  lugar para visiones reduccionistas, aunque estas parezcan contundentes. Agregaría : hace falta determinación  férrea para no cejar en una lucha que debe ser, necesariamente, perseverante y  de largo plazo.

¿Que paso en el Gobierno anterior?  Del 2012 al 2014 logró disminuir sensiblemente los delitos y la violencia, pero del 2014 al 2018 se volvió a disparar el fenómeno delictivo, a  niveles similares  al  2007. La actual administración ha atribuido el estado de cosas que recibió,  a la corrupción y al abandono social, pero es evidente que tratándose de un asunto que ha alcanzado la dimensión actual , y se mantiene,   obedece a múltiples e igualmente complejos factores. Desde luego la propagación y arraigo de la  de la delincuencia no se explica sin la corrupción de los actores involucrados en las diversas cadenas de mando de todas las instituciones.

Eduardo Guerrero explico hace exactamente un año(1)  que son varios los factores con los que  se ha tratado de explicar esta segunda ola delictiva. Entre otros: los efectos negativos del nuevo sistema de justicia penal, el repunte en el consumo de opiáceos , la fragmentación de los carteles y, de manera  relevante, el surgimiento de mercados delictivos emergentes ( extracción y robo de combustible , robo en carreteras y  cobro de piso) y la pérdida de capacidad de coerción del estado, sea por debilidad institucional o  por   vacíos  generados en coyunturas  políticas de alternancia y reacomodo institucional.

El Gobierno Federal  ha puesto en marcha una estrategia simultanea de seguridad y bienestar con las  que  se propone abatir el delito y la violencia en un  tiempo razonable. El diagnostico agudo de la realidad que se enfrenta, la evaluación cotidiana de los hechos en las reuniones matutinas en todo el país, la creación de las  coordinaciones regionales, el operativo contra el robo de combustible, la aprobación de la Guardia Nacional, que empezó sus labores el pasado fin de semana en Veracruz; constituyen los componentes que distinguen la nueva estrategia.    

En Puebla el último informe trimestral del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SNSP) indica  que es necesario construir, desde ya, un nuevo modelo  con una visión  integral de mediano y largo plazos.  Debemos reconocer que se mantiene la preocupante tendencia en los principales delitos de impacto.  En tanto los candidatos convencen y consultan a la sociedad es indispensable escalar   la conceptualización del proyecto futuro. El Gobierno  del Estado debe avanzar en el análisis y nuevas practicas. Por lo pronto ha puesto en ejecución un plan de seguridad que comprende: el fortalecimiento policial y profesionalización;  prevención social de la violencia, delincuencia y adicciones; estrategia y combate a la logística criminal; sistemas tecnológicos y de la información;  innovación y políticas públicas en seguridad; y fortalecimiento del sistema penitenciario y de reinserción social.

Después de las elecciones, el mismo 3 de junio , el ciudadano que  sea electo Gobernador  tendrá una tarea enorme en la que deberá sumar a todos y tomar decisiones que hasta ahora se han mediatizado : 1.-Acuerdos con la federación y los municipios para determinar quienes de estos pueden y deben mantener el control de los cuerpos de seguridad; 2.-un verdadero sistema de control de confianza, no para conformar agencias  a modo, sino para garantizar probidad y profesionalismo. El control de confianza no puede estar bajo la égida  de los propios cuerpos policiacos ; 3.-un servicio de inteligencia profesional, no instrumento de control político o de fines personales, la inteligencia es fundamental, desde luego al lado de la operación, para cerrar  los casos que generan delitos de alto impacto, de principio a fin, tal como se  realiza en el caso del mercado Morelos. Si los casos no se cierran, se reproducen como miles de cabezas  de hidra a lo largo de los municipios y las regiones, por que migran en busca de nuevas oportunidades;  4.- la reestructuración de la Fiscalía General para  hacer que cumpla  fielmente su cometido, empezando por rescatar la mística de servicio y desterrar  cualquier vestigio de corrupción ; 5).-un acuerdo con el Poder Judicial para devolver la honorabilidad y supremacía a la impartición de justicia. Los jueces y magistrados deben ser , sin concesiones, los mejores personas, ciudadanos y profesionales del derecho; 6.-un programa social que potencie la universalidad del programa de bienestar del Presidente López Obrador y que contribuya a dirigir el esfuerzo ahí donde se contenga de manera palpable  el germen del delito y la violencia.

(1)NEXOS.Abril del 2018