Durante el sexenio de Felipe Calderón, con apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica y del expresidente, George W. Bush, se instauró la iniciativa Mérida en el año 2008. A grandes rasgos, fue un programa de cooperación en materia de seguridad en México y Centroamérica. El plan incluía la venta de armamento y equipo estadounidenses para las actividades de seguridad que el gobierno mexicano llevaría a cabo, en lo que fue el marco de la guerra contra las drogas y el crimen organizado. Adicionalmente, funcionaba para la capacitación y adiestramiento de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.

La administración de Felipe Calderón le dio especial énfasis a la lucha armada en contra de las organizaciones criminales y se enfocó en su desmantelamiento mediante la captura de los principales capos y cabecillas operacionales. Este plan se implementó a pesar de las múltiples críticas que se hicieron al respecto, las cuales se debían principalmente a la ola de violencia que provocaría, así como la supuesta intervención estadounidense en la toma de decisiones estratégicas del país.

Desde la perspectiva actual, durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto, se ha logrado la captura de varios integrantes de la delincuencia organizada y el desmantelamiento estructural de diferentes grupos criminales, obligándolos a segregarse en células independientes. Sin embargo, el costo es alto. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), van más de 240 mil muertes relacionadas a homicidios, considerando ambos sexenios.

Recientemente, la próxima administración pública encabezada por Andrés Manuel López Obrador y departamentos de seguridad de los Estados Unidos; particularmente la Drug Enforcement Administration (DEA), han mencionado que se concentrarán en atacar las estructuras financieras de los grupos criminales con el fin de dificultar sus actividades y ayudar a reducir la violencia. Además, de que se seguirá con la focalización para la captura de sus principales líderes.

Para ello será necesario que el gobierno entrante dote de insumos suficientes en materia de inteligencia financiera. Actualmente, existe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada en el año 2004 y adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de investigar casos de delitos derivados del uso de recursos provenientes del lavado de dinero y terrorismo. Su reforzamiento podría ayudar a disminuir la violencia a la par de impactar de mejor forma en la meta prevista.

Paralelamente, el actual director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Alberto Bazbaz, se desempeñó previamente como titular de la UIF. Esto hace pensar que es posible la permanencia de Bazbaz en lo que será la renovación del CISEN en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), debido a las nuevas políticas en materia de cooperación en inteligencia financiera con el gobierno de los Estados Unidos.

Cabe mencionar que priorizar la investigación financiera es un asunto sumamente complejo y multidisciplinario. Lamentablemente, México, no cuenta con las instituciones suficientes para acabar con el problema. No obstante, sería un paso muy importante para la evolución de la seguridad en nuestro país. Pensemos en que no solamente afectaría a los cárteles de la droga, sino que también, podrían llegar a caer algunos funcionarios públicos, banqueros, empresarios, entre muchos otros actores del sistema y su innegable relación con la impunidad y la corrupción.

Empresas fantasmas, inversiones en paraísos fiscales, operaciones en criptomonedas y uso de prestanombres, son sólo algunos ejemplos. Por lo cual, será un desafío mayúsculo en términos legales e institucionales para castigar a los responsables.

De cualquier modo, es de relevancia que se busque la coordinación entre instituciones de seguridad, especialmente las relativas a tareas de investigación e inteligencia, con el fin de facilitar el logro de los objetivos planteados.

Por lo pronto, será interesante ver cómo se reestructura la política del próximo gobierno y los alcances que tendrá en cuanto a resultados obtenidos para el proceso de paz previsto en territorio nacional. Igualmente, va a ser muy interesante saber de qué forma será el reacomodo administrativo con la desaparición anticipada de la Comisión Nacional de Seguridad y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la distribución de funciones en seguridad pública y seguridad nacional, ya que no son lo mismo. De sus diferencias, escribiré la próxima semana. 

@Hector_HHA1

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