Ahora que concluyeron las precampañas y a unos días del inicio de las campañas electorales, vale la pena observar la forma en cómo los institutos políticos las despliegan basadas en publicidad, caracterizadas por el uso de colores y slogans que permiten identificarlos fácilmente, con una ausencia de propaganda ya que no existe propuestas de fondo, es decir sólo se privilegia la imagen.

Es habitual observar que cuando un representante popular asume el cargo, se decide pintar espacios públicos y elaborar diversos elementos materiales que se emplean en actividades de gobierno, o bien para identificar el gobierno que los genera, con los colores con que se identifica el partido político que lo postuló.

Si partimos de la idea de que el color se convierte en un elemento comunicante, podremos darnos cuenta de que los colores producen efectos diferentes en cada individuo, determinados por la experiencia de cada persona, así como de su nivel educativo, y esta idea no se escapa del ámbito político.

Lo que crean los “colores partidarios” es la afiliación inconsciente respecto a un partido, ya que al observar diariamente un color en el parque donde juegan niños, en un deportivo donde se practican deportes físicos, se provoca una asociación positiva respecto a cierto color, creando así un  vínculo entre el ciudadano y el color que diariamente observa. 

Este tipo de acciones ha ido creando así un descontento social, ya que se considera que el dinero invertido para fortalecer la presencia partidaria es mal gastado, pudiendo ser mejor invertido en ámbitos de interés social. También el descontento se genera por la utilidad parcial del empleo de los recursos públicos en el sentido de ser motivo de propaganda del partido en el poder.

En este sentido resulta necesario establecer legalmente una gama de colores que puedan ser empleados en las obras públicas, para que de acuerdo con el artículo 134 constitucional, párrafo séptimo, el gasto en este ámbito cumpla con los principios de honradez, lealtad, eficiencia, pero sobre todo el de imparcialidad.

Es necesario cambiar esta situación, ya que este tipo de acciones que implica el gasto de dinero obtenido de los mexicanos se emplea de manera parcial, beneficiando al partido político que postuló a los representantes en el ejercicio del cargo y del presupuesto que se genera a partir de pago de los impuestos a nuestros ingresos.

De esta manera, existe una campaña política permanente que incide en el sentido del voto, ya que a lo largo de tres años tenemos presente en las acciones de gobierno los colores del partido en ejercicio del gobierno. En este sentido, debemos observar que no sólo la obra pública es un instrumento de la presencia partidaria, ya que diversos recursos materiales son elaborados también con los mismos colores de partidos en el gobierno.

Ejemplos a seguir son Saltillo, Coahuila (a través  de un acuerdo de cabildo), el estado Colima  (reforma a la Ley de Municipio Libre) y el municipio de  Corregidora, Querétaro (reglamento municipal), que han  incentivado la abstención de utilizar colores asociados a los partidos políticos, obligando así a los presidentes municipales a cumplir con el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos.

Como se observa existen diversas opciones, alguna de ellas o una diversa en este mismo sentido podría ser propuesta de campaña electoral.

[El autor es Coordinador de los Posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla.

 bretonbetanzos@hotmail.com 

@Abretonb]