El poblado de Ayotzinapa, situado a 147 kilómetros (*) de la capital del estado de Guerrero, donde se localiza la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, prácticamente era desconocido para millones de mexicanos, no obstante que está ubicado a 245 kilómetros (*) del puerto de Acapulco y a 203 (*) de la ciudad de Iguala.

Dentro del país, Ayotzinapa salió del anonimato y logró una proyección internacional por los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014. Donde fueron víctimas de desaparición forzada 43 alumnos de la escuela normal rural de esa localidad.

Geográficamente forma parte del municipio de Tixtla, que cuenta con una población de 40 mil 58 habitantes. Ayotzinapa, por su parte, tiene 78 habitantes y es una de las comunidades guerrerenses más pequeñas y de mayor marginación social.

Uno de los dos rostros, el bueno, el mejor lado de Ayotzinapa, tiene que ver con la escuela normal para maestros que se fundó en ese lugar en 1926. Empezó a trabajar en inmuebles que no eran los apropiados por tratarse de casas familiares. En 1931, a petición de los profesores Raúl Isidro Burgos y Rodolfo A. Bonilla, la escuela normal se construyó en un predio que se obtuvo mediante donación.

Ese plantel educativo cuenta ahora con una plantilla de 39 profesores y proporciona formación académica a 532 alumnos, a quienes, además, se les otorgan servicios de alojamiento y alimentación, que provienen de familias campesinas humildes radicadas, entre otras comunidades, en Tixtla, Chilapa, Olinalá, Atlixtac, Quechultenango, Tlapa, Tulcingo, Huamuxtitlan y Alcozauca.

De ahí egresaron dos destacados luchadores sociales, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabaña Barrientos, que, congruentes con su decir y hacer las cosas en las que creyeron, de manera responsable, intentaron transformar a México en un país con menos desigualdades.

Las escuelas normales rurales, como las de Atequiza en Jalisco; San Marcos en Zacatecas, Roque en Guanajuato; Tirepetío en Michoacán; El Mexe en Hidalgo (desaparecida  durante el mandato de Miguel Ángel Osorio Chong); Tenería en el estado de México; Panotla en Tlaxcala; Teteles en Puebla; Tamazulapa en  Oaxaca;  Amilcingo en Morelos; Cañada Honda en Aguascalientes y Ayotzinapa en Guerrero, entre otras, han sido la opción más accesible e inmediata –o en muchos casos, la única– para que miles de jóvenes provenientes de familias campesinas humildes, se incorporen a la ruta del progreso. Estudiando, en cuatro años, las carreras de profesor de Educación de Primaria, Educación Primaria Bilingüe y Educación Física.

Buena parte de los egresados de esas escuelas normales han sido buenos profesores, con formación ideológica de izquierda. En su época estudiantil, a través de sus respectivas sociedades de alumnos, militaron en la Federación de Estudiantes Campesino Socialistas de México (FESCM), durante la mejor época de esa organización, junto con la Federación Nacional de Estudiantes  Técnicos (FENET), integrada por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y la Federación Estudiantil Universitaria de la UNAM, formaron la vanguardia combativa de varias generaciones de estudiantes mexicanos.

El otro rostro de Ayotzinapa, el rostro oscuro, el rostro negro, es el que han creado

los normalistas que salen, un día sí y otro también, a cometer todo tipo de delitos bajo el gastado pretexto de que quieren que les sean devueltos vivos sus 43 compañeros que fueron desaparecidos por las fuerzas policíacas del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez.

Los normalistas –quizá no todos–, no se sabe, roban autobuses de pasajeros; asaltan e incendian camiones distribuidores de bebidas y productos alimenticios; bloquean carreteras estatales y autopistas federales; causan destrozos e incendian vehículos y edificios gubernamentales y de partidos  políticos; golpean y lesionan policías federales, estatales y municipales; asesinaron al trabajador de una gasolinera, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, que impidió que la incendiaran; roban dinero proveniente de las cuotas de peaje en autopistas, roban e incendian transportes de carga y destruyen mobiliario urbano y jamás alguna autoridad se atreve a detenerlos para ponerlos a disposición de un juez que les aplique las sanciones penales que conforme a Derecho corresponden.

Sistemáticamente y ante la actitud irresponsable, negligente, contemplativa e ineficaz del  gobierno federal y estatal, los ayotzinapos cometen delitos como daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo agravado, lesiones, homicidio culposo, secuestro, motín, asociación delictuosa y otros delitos más. Ahora egresan de la escuela normal, deficientemente capacitados para desempeñar las funciones magisteriales, pero como expertos delincuentes.

Se dice que por instrucciones de la secretaría de Gobernación les aprobarán el año escolar, sin haberlo cursado con calificaciones que oscilan entre 9 y 10.

El lunes 21 de septiembre, normalistas encapuchados –porque les falta valor civil para dar la cara– y un grupo de padres de los estudiantes desaparecidos, armados de piedras, tubos y garrotes, se amotinaron en las instalaciones de la Fiscalía de Chilpancingo. Destruyeron ventanales, equipo de computación, muebles y cuanto objeto encontraron a su paso. Incendiaron un módulo de atención al público y varios vehículos oficiales. Como siempre, no hubo detenidos.

Al día siguiente, otro grupo de normalistas, también encapuchados, se dirigía a la ciudad de Chilpancingo, en cinco autobuses robados –que desde hace varios meses mantienen estacionados en las instalaciones de la escuela normal de Ayotzinapa–, al llegar a un túnel de la carretera, la policía les impidió el paso. Inconformes con la decisión policiaca, se apoderaron de un camión de carga y lo incendiaron dentro del túnel. Los estudiantes lesionaron a once policías y secuestraron a cinco. Tampoco hubo detenidos. Pareciera que ser alumno de esa escuela equivale a disponer de una licencia gubernamental para delinquir impunemente.

El gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del (des)gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, son el hazmerreír de los grupos inconformes de esa entidad federativa. Ninguno los respeta a ellos y las leyes. El estado de Derecho en Guerrero –igual que en otras entidades del país– no existe, porque ambos gobiernos son fallidos. No tienen voluntad, ni capacidad, ni valor, para hacer respetar la ley y procesar judicialmente a quienes la violan. Son cero a la izquierda. Buenos cobrar sueldos elevados y jugosas prestaciones, pero malos, malísimos, para gobernar.

(*) Secretaría de Comunicaciones y Transportes