Sin estado de Derecho y siendo víctimas de una impunidad creciente, es como vivimos cotidianamente los mexicanos. México es un territorio que tiene 1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados, con 119 millones 713 mil 203 habitantes (población proyectada por Conapo para 2014), donde el estado de Derecho es prácticamente inexistente y la impunidad brilla diariamente en todo su esplendor. Pocas son las personas que respetan el derecho ajeno y muchísimas son las que violan la ley impunemente, porque jamás son sancionadas por transgredirla.

Según cifras oficiales, de cada 100 personas que cometen algún delito, el 96% quedan sin ser objeto de penalización. Dicho esto de otra manera, significa que 96 de cada 100 personas que delinquen, sólo 4 son presentadas ante alguna autoridad. Las demás pueden continuar cometiendo delitos, las veces que lo deseen, con la seguridad que van a continuar disfrutando de impunidad.

El delito de robo, hasta antes que la protesta social se utilizara como pretexto para cometer asaltos cotidianamente, en forma pública y a la luz del día, se circunscribía, en términos generales, a efectuar asaltos en casas habitación, establecimientos comerciales, instituciones bancarias, a cuentahabientes de bancos, transeúntes, automovilistas y pasajeros del sistema de transporte colectivo.

Fue a partir de las marchas y plantones organizadas por el Frente de Defensa de la Tierra, integrado por habitantes de San Salvador Atenco, que durante el sexenio del entonces presidente Vicente Fox se opusieron a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde comenzaron a cometerse los primeros asaltos, en pandilla, a tiendas de autoservicio, camiones distribuidores de alimentos y bebidas y robos de autobuses y vehículos de diversas dependencias gubernamentales.

Para ocultar su identidad, los manifestantes asaltantes atenquenses inauguraron la costumbre de encapucharse. Ese cobarde hábito llegó para quedarse y desde hace 13 años se utiliza en la mayoría de las marchas y plantones. Llegando, hasta lo  que ahora es su más alto grado de expresión, con las protestas públicas de los profesores atrincherados en la CNTE y la CETEG y los normalistas de Tirepetío y Ayotzinapa.

                                

Excélsior (22 de junio de 2015)

Las ciudades de Morelia, en Michoacán, y Chilpancingo, Acapulco e Iguala, en el estado de Guerrero, son las que han sido los principales escenarios de los asaltos en pandilla cometidos por delincuentes encapuchados, disfrazados de falsos luchadores sociales.

Las manifestaciones de supuesta o real inconformidad de ahora, no se parecen en nada a las que, en su respectivo momento histórico, encabezaron el verdadero y honesto líder magisterial, Othón Salazar; el dirigente sindical Demetrio Vallejo; el secretario general del Partido Comunista Mexicano, Valentín Campa y el luchador social, Heberto Castillo, entre otros más.

Los delincuentes que se disfrazan de luchadores sociales en las manifestaciones de protesta, no son mayoría. Ni siquiera muchos. Pero los atracos que comenten afectan la economía nacional, el turismo del país, la tranquilidad social y la operación de importantes empresas de alimentos procesados, bebidas refrescantes y de transporte público de pasajeros.

                              

Fuente: Excélsior (16 de enero de 2015)

También han puesto en evidencia la efectividad de autoridades federales y estatales. Han demostrado la inexistencia del estado de Derecho en México y la enorme impunidad que prevalece en el país. Por si eso no fuera suficiente han puesto en riesgo la inversión privada.

El principal consorcio trasnacional, embotellador de refrescos; la más importante empresa nacional de productos lácteos; la principal productora y envasadora de cerveza y la entidad más emblemática de la industria panificadora de México, han sido objeto de múltiples y diversos asaltos callejeros, que ninguna autoridad, grande o pequeña, federal o local, ha sido capaz de castigar. Ni siquiera se ha atrevido a aprehender a un reducido grupo de profesores y normalistas rateros para encarcelarlos.   

A esas empresas, en diversos lugares y en ocasiones diferentes, les han robado mercancías y camiones distribuidores, que más tarde han sido incendiados. Las pérdidas ocasionadas son de varios cientos de millones de pesos.

                         

Fuente: etcétera (27 de abril de 2015)

Los gobiernos del presidente Enrique Peña Nieto y de los gobernadores de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez; de Michoacán, Salvador Jara Guerrero; de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo y de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no han movido un dedo para que quienes han cometido esos delitos, sean sometidos a los procesos penales a los que se han hecho acreedores por su conducta delictiva.

La incapacidad gubernamental, demostrada, una y muchas veces, por Peña Nieto, Ortega Martínez, Jara Guerrero, Cué Monteagudo y Velasco Coello, para hacer valer la ley, ha obligado a muchos empresarios a reconsiderar la permanencia de sus industrias en los lugares de conflicto.

                      

El 23 de junio, el periódico  Excélsior publicó una nota de prensa donde da cuenta que la principal empresa refresquera del país, decidió suspender sus actividades productivas en la ciudad de Iguala.  Hace dos meses, aproximadamente, un grupo de presuntos normalistas de Ayotzinapa, asaltó un camión de ese consorcio y en flagrancia tres o cuatro rateros fueron aprehendidos. De inmediato sus cómplices, al grito de Vivos se los llevaron, vivos los queremos secuestraron a dos trabajadores de esa empresa para canjearlos por los normalistas detenidos. El canje se llevó a cabo y el delito de robo en pandilla quedó impune. 

La nota de Excélsior también refiere que una distribuidora de la empresa automotriz alemana Volkswagen suspendió sus actividades comerciales por el clima de violencia e inseguridad que prevalece en esa ciudad del estado de Guerrero.

La misma determinación asumió la empresa nacional Productos Mexicanos de Cantera, dedicada a la elaboración de productos de mármol. El 90% de su producción era de exportación.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debe entender, de una vez por todas, que su inacción, permisividad y su debilidad para aplicar la ley a quienes la transgreden, puede causar mayores daños a la inversión extranjera y provocar fuga de capitales, lo que podría traducirse en mayor desempleo.

El país no está en condiciones de permitir que eso ocurra. La economía nacional oscila entre el estancamiento y un precario índice de crecimiento.      

¡Más vale prevenir  mayores daños a que tratar de enmendar perjuicios económicos!

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