Las reformas estructurales fueron asignaturas pendientes durante muchos años. Hasta que el presidente Enrique Peña Nieto, apoyado en el Pacto por México, logró sacarlas adelante, después de negociar con las fuerzas políticas representadas en el poder Legislativo. Sin embargo, se le ha dificultado aplicarla en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, por el violento rechazo de la disidencia magisterial que se encuentra atrincherada en la CNTE y la CETEG. Por si ese contratiempo no fuera suficiente para entorpecer la reforma educativa, al presidente Peña y al secretario de Educación se les enredó su manejo por los errores cometidos al anunciar la suspensión indefinida de la evaluación magisterial y su reanudación.

Es indiscutible que una de las columnas donde se asienta la reforma educativa es la evaluación magisterial. Se trata del mecanismo que permite detectar la verdadera calidad de todos y cada uno de los profesores que imparten clases. A los mejor preparados y capacitados les garantiza su permanencia y promoción en el servicio docente. A los que no están capacitados les da oportunidad de capacitarse para que desempeñen su trabajo con los estándares de calidad que demanda la educación que imparte el Estado.

El 29 de mayo, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, por instrucciones precisas del presidente Peña Nieto, anunció la suspensión indefinida de la evaluación porque, según dijo, fueron encontrados nuevos elementos a considerar.

Haciendo caso omiso de los principios de transparencia y rendición de cuentas a que deben ceñirse todos los gobernantes, desde el Presidente de la República hasta el más modesto presidente municipal, Chuayffet se abstuvo de explicar cuáles fueron los elementos a considerar que encontró la administración peñanietista para suspender la evaluación de profesores, después que la reforma educativa fue aprobada.

Al suspender la referida evaluación, Enrique Peña Nieto, violó el artículo tercero constitucional y la Ley General del Servicio Profesional Docente. El titular del poder Ejecutivo federal debe saber que no tiene facultades, legales ni extralegales, de ninguna especie, para interrumpir el ejercicio de la ley, ya sea en forma directa o a través de la interposición de otra persona. En este caso, de su colaborador Emilio Chuayffet Chemor.

Nadie puede estar en contra de la evaluación magisterial. Salvo los profesores de la CNTE y de la CETEG que conocen sus deficiencias y limitaciones. Se niegan a salir de su lucrativa zona de confort (o de holganza) para no aprovechar la oportunidad que les ofrece el Estado de capacitarse en los términos que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

La transgresión a la ley en que incurrió Peña al suspender la evaluación magisterial, desató una larga cadena de críticas, entre medios informativos, analistas políticos, legisladores, dirigentes de partidos políticos, organizaciones sociales y académicos.

Después de que Peña Nieto inauguró un centro comercial en el estado de México, dos reporteros le preguntaron cuál fue la causa que originó la suspensión del examen evaluatorio. El presidente no dio ninguna explicación, se limitó a decir tajantemente: “Vayan a la secretaría de Educación Pública, ahí les van a dar todas la respuestas”. En la SEP, Chuayffet y sus colaboradores de primer nivel permanecieron callados, bajo el argumento que no podían hablar porque “estaban en veda electoral”.

Después del lío mediático en que se vio envuelto el Presidente de la República por su errática decisión, ordenó tardíamente al secretario de Educación Pública anunciar la reanudación de la evaluación de profesores. Antes que Peña instruyera a Chuayffet para que la diera a conocer, un juez conminó a la SEP a restablecerla. La instrucción presidencial le llegó a Chuayffet fuera de tiempo.

El lunes 8 de junio, 4 horas después que el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, determinó ordenar a la autoridad responsable (la SEP) que no suspenda los procesos de evaluación, Chuayffet, salió del escondite donde se ocultó durante 10 días, para convocar extemporáneamente a una conferencia de prensa. A las 13 horas 8 minutos de ese mismo día informó que la suspensión de la evaluación magisterial quedaba sin efecto.

Mientras el vocero presidencial, Eduardo Sánchez declaró que la SEP tiene facultades para suspender el proceso de evaluación docente, Chuayffet aseguró que la SEP “no ha roto el orden jurídico”. Lo cual podría ser cierto porque quien violó la ley fue el Presidente de la República.

El secretario de Educación, asumiéndose virtualmente como miembro de la Real Academia Española, aclaró que el término suspender no significa detener o diferir y de ninguna manera, como algunos pensaron, quiere decir cancelar o dar por cancelado.

La suspensión, dijo, obedeció “a que algunos estados (se abstuvo de indicar cuáles) no tenían las computadoras, los espacios ni la conectividad necesarios para la aplicación de los exámenes”. De ser ésta la causa verdadera que originó el problema, se debe entender que la reforma educativa se llevó acabo sin que el gobierno federal tuviera la menor idea de las carencias que existen en el sistema educativo de las 32 entidades federativas. Un error más, que se debe agregar a la cuenta del desacreditado gobierno peñanietista.

Chuayffet añadió que hubo un elemento, adicional, de carácter político, que exigió a la SEP mantener prudencia y discreción ante el proceso electoral. Esto hace pensar que en las venideras elecciones podría suspenderse nuevamente la evaluación magisterial.

Veinticuatro horas después del tardío anuncio de Chuayffet, el presidente Peña Nieto, en el foro de la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer 2015, rompió el silencio que mantuvo durante 11 días en el caso de la suspensión indefinida de la evaluación del magisterio.

Al hablar de las reformas estructurales dijo: “Que no haya confusiones, las reformas estructurales alcanzadas son mandato de ley, están inscritas en nuestra Constitución, en nuestras leyes secundarias, y los gobiernos sólo tenemos una obligación: cumplirlas, llevarlas a cabo para que beneficien a todas (sic) y a todos los mexicanos”. Peña eludió referirse a la reforma educativa y a la suspensión de la evaluación magisterial, que dio a conocer, a través de su secretario de Educación, Emilio Chuayffet. ¿Acaso habrá algún ingenuo que crea que el secretario de la SEP actuó de su motu propio?

Los líderes de las bancadas del PRI y de su apéndice, el PVEM, han tratado de evitar que Chuayffet comparezca en la Cámara de Diputados para explicar los motivos por los que se decidió suspender la evaluación educativa.

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