Se ha escrito mucho en los últimos meses sobre los niños migrantes. Hemos dicho en este espacio que este fenómeno no es nuevo y que desde hace años se presenta con regularidad, aunque en el último año causó crisis por el número de infantes en tránsito.

También hemos dicho hasta el cansancio que los 56 mil niños centroamericanos involucrados en la crisis humanitaria en la frontera México—Estados Unidos están tratando de llegar a ese país no sólo para reunirse con sus familias, sino también impulsados por la pobreza, la exclusión social y la violencia en sus países de origen. 

Pero a pesar de tantas preocupaciones de los gobiernos, la respuesta de las autoridades estadounidenses y centroamericanas, sin embargo, parece ser sólo para reforzar las barreras a la migración no sólo a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, sino también entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Los Estados Unidos han hecho hincapié en la deportación inmediata, y su solicitud de financiamiento incluye un aumento en el número de juzgados para agilizar las expulsiones y una mayor seguridad en la frontera con las fuerzas militares y policiales. 

El gobierno de Obama también busca recursos para hacer frente a las consecuencias de la emigración en América Central, donde los gobiernos han hecho poco más que comenzar enjuiciamientos penales en contra de la amplia red de “coyotes”. 

En Guatemala, el caso más extremo, corren desde hace semanas rumores de que los padres responsables de los niños que emigran podrían enfrentar cargos criminales ante juzgados de aquel país. 

Tal vez es este país quien se ha ensañado con estos menores porque sólo hay dos refugios de una capacidad de menos de 80 niños, a cargo del Programa de Trabajo Social de la Oficina de la Primera Dama de Guatemala (SOSEP), y una campaña en los medios de comunicación en la que se promueve la idea del alojamiento para cumplir con el "sueño guatemalteco”, en lugar de arriesgar sus vidas tratando de vivir el "sueño americano”.

El problema aquí es que las autoridades no han definido bien a bien lo que signifique ese "sueño guatemalteco" y cuáles son las garantías si se quedan en el país.

El Centro de Gestión de la Investigación y Política (INGEP) en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala ha investigado a fondo el fenómeno de los niños migrantes en su territorio y ha llegado a conclusiones interesantes.

En sus reportes, ha detallado que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de la Iglesia Católica de Guatemala (ODHAG), que ha registrado los derechos humanos para los niños en la nación durante los últimos 15 años, informó en 2011 que el simple hecho de vivir en Guatemala significa sobrevivir a riesgos para la salud, la inseguridad alimentaria y la violencia. 

Los datos más reveladores muestran que más del 48 por ciento de los niños guatemaltecos sufren de desnutrición crónica. De acuerdo con la ODHAG, el 51 por ciento de las muertes de menores de edad en 2011 eran adolescentes entre las edades de 13 y 17 años.

El reporte instó al Estado a tomar las medidas preventivas para proteger a los niños y adolescentes de la desnutrición, el hambre, la violencia, el abuso y la trata de personas, pero el gobierno solo gasta sólo el 3.1 por ciento del PIB en esta población, mientras que otros países centroamericanos invierten un 6 por ciento. 

Este panorama desolador afecta a los niños centroamericanos que por un lado están atrapados en el fuego cruzado del discurso político en los Estados Unidos, y por el otro están a merced de gobiernos plagados de corrupción política y estrechez económica que no hacen el intento de cambiar las condiciones que excluyen y, finalmente, expulsan a sus compatriotas. 

La solución a esta crisis humanitaria seguirá siendo difícil de alcanzar, siempre y cuando los gobiernos centroamericanos no garanticen los derechos fundamentales y se comprometan las políticas destinadas a la defensa de los intereses superiores de los niños y adolescentes. Los niños necesitan ayuda, no que les cierren las puertas. Gracias. Hasta mañana.

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