Hace unos días llegó a la Corte Penal Internacional (CPI) un interesante documento que le pide intervenir cuanto antes en presuntos crímenes contra la humanidad en Coahuila, lo que plantea irremediablemente discusiones sobre la jurisdicción de esta instancia internacional en casos de violencia criminal en territorios específicos de las naciones.

El informe está firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), un aglutinado de 17 grupos afines de todo el país, quienes se dieron a la tarea de recopilar pruebas de los crímenes cometidos en el estado norteño entre 2009 y 2016.

Ellos aseguran que los hechos registrados en esos años constituyen crímenes de lesa humanidad que no se han investigado en el país y que, como resultado, la CPI debe iniciar sus propias investigaciones.

En la denuncia aseguran que existen tres áreas en las que se argumenta que la CPI tendría jurisdicción; las dos primeras están relacionadas con presunta participación del gobierno estatal quien facilitó el avance de la organización criminal Los Zetas en Coahuila entre 2009 y 2011.

En el primer caso dicen que la masacre de Allende en 2011, en la que integrantes de Los Zetas, supuestamente actuando en contubernio con entidades estatales, hicieron una revancha en el municipio matando entre 42 y 300 personas. 

La segunda tesis incluye la prisión de Piedras Negras, en la que autoridades supuestamente permitieron a este grupo criminal convertirse en una base de operaciones que utilizaron para asesinar y desaparecer a unas 150 víctimas.

Y en el último caso, tal vez el más documentado, refiere al período de 2011 a 2016, cuando bajo los auspicios de un nuevo gobierno estatal, las fuerzas de seguridad de élite recién formadas desaparecieron, torturaron y privaron de la libertad a cientos de personas. Algunas de estas víctimas se cree son delincuentes, y muchos otros no tenían vínculos conocidos o eran traficantes de drogas a nivel de calle.

Todas las argumentaciones del documento, al cual ya le dio entrada la CIP, se basan en entrevistas con víctimas, investigaciones sobre desapariciones por parte del Estado y grupos de derechos humanos, junto con informes, declaraciones y artículos de medios de comunicación y organismos internacionales.

Estamos, tal vez, ante la primera petición bien fundamentada a un organismo internacional para que investigue y diagnostique casos en uno de los estados del país donde la inseguridad y el crimen organizado impera a lo largo y ancho.

La Corte Penal Internacional tiene un sus manos la oportunidad única para hacerle entender al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que los niveles de impunidad en México están llegando a límites alarmantes. 

PARA EL REGISTRO Cambiemos de tema y hablemos de políticos incongruentes. Conocí a Lino Korrodi durante el periodo de transición del presidente electo Vicente Fox. Èl y Juan Hernández, el asesor mexicano-estadunidense del guanajuatense, tenían picaporte en la oficina del flamante presidente de la transición. Korrodi juraba y perjuraba a reporteros que jamás congeniaría con la izquierda populista, porque nunca se alinearían sus ideas con las de aprendices de dictadores… y hoy está con AMLO, ¿y entonces, Korrodi? Gracias y buen inicio de semana.

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