Chihuahua, por diversas razones, ha estado presente en mi vida y como tema de interés nacional. Siempre lo ha estado, pero en días recientes su peso aumentó y se convirtió en un asunto central de la agenda pública, particularmente en materia de seguridad nacional.  El “Estado Grande”, como se le conoce coloquialmente por su vasta extensión geográfica, está muy alejado del centro político del país.

No obstante, ha tenido un papel central en la historia del narcotráfico por ser cuna del Cártel de Juárez y espacio de disputa durante décadas con el Cártel de Sinaloa. Esta rivalidad ha tenido como escenarios principales la inaccesible   y la ciudad fronteriza que lleva el mismo nombre del grupo criminal.

La muerte de dos agentes de la fiscalía de Chihuahua y de otros tantos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ocurrida en la madrugada del 19 de abril tras un accidente carretero, abrió un nuevo episodio de confrontación entre el gobierno federal y el estatal, con un tercero permanente en discordia: el gobierno de Estados Unidos.

Conviene señalar que la operación en territorio nacional de agentes estadounidenses está regulada por la Constitución y diversas leyes, en particular la Ley de Seguridad Nacional, que prohíben explícitamente cualquier acción operativa de agentes extranjeros en suelo mexicano. Aquí no hay margen de interpretación, ni siquiera apelando al “espíritu del constituyente”.

Dicho lo anterior, el hecho exhibe una notable ironía: las cuatro personas fallecen justo después de haber participado en un operativo exitoso e inédito en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, mediante el cual se desmantelaron seis narcos laboratorios para la elaboración de metanfetaminas, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. Por lo que se conoce, sería de los más grandes asegurados en tiempos recientes. Los agentes mueren no en un enfrentamiento, no en el operativo, sino en un accidente carretero a su regreso.

Aquí reaparece el sarcasmo de la historia. Pocos gobiernos estatales —por no decir ninguno— han logrado una acción equiparable, aunque con apoyo “perimetral” de elementos de la SEDENA que, según sus dichos, no observaron ni tuvieron conocimiento de nada. Sin embargo, el destino —o la fatalidad— terminó por arrebatarle toda la narrativa de éxito al gobierno de Chihuahua. Lo habitual es que este tipo de operaciones de gran calado las ejecuten autoridades federales, que, ante la desconfianza hacia las instancias locales, actúan por cuenta propia y sin aviso previo. Cuando los operativos fracasan, persiste la sospecha de “pitazos” desde el ámbito local.

Por otra parte, resulta pertinente dimensionar la complejidad logística que implica hacer llegar precursores químicos e insumos a una zona tan remota. ¿Cómo es posible que, desde aduanas, casetas y puestos de revisión —militares, de la Guardia Nacional o locales— no se detectara nada?

La ironía se agudiza si, como han señalado algunos medios estadounidenses, el operativo contó con apoyo técnico, inteligencia y sobrevuelos de drones provenientes de Estados Unidos. Esa asistencia habría permitido ubicar los laboratorios y ejecutar una operación compleja y exitosa que terminó opacada por el accidente y el costo humano de cuatro vidas. En la Tarahumara llegan drones, pero no la Coca-Cola.

Las comunidades de la Sierra Tarahumara enfrentan enormes dificultades para transportar alimentos y bienes básicos. El acceso es tan complicado que los misioneros jesuitas de la Arquidiócesis de la Tarahumara utilizan avionetas para desplazarse entre poblados y cumplir su labor pastoral, muchas veces con la anuencia tácita de los grupos criminales. Sin embargo, también han sido víctimas de la violencia, como ocurrió con los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados el 20 de junio de 2022 en Cerocahui.

Porque en la Tarahumara hay otro tipo de control. Transitar por estas zonas implica riesgos constantes. Más allá de la geografía accidentada, existen controles de facto: al ingresar a cualquier comunidad es común ser seguido por hombres armados; cualquier visitante es interrogado, y al salir, su partida es reportada. Es un sistema de vigilancia informal pero eficaz.

En estas localidades se observan contrastes marcados entre pobreza extrema y riqueza derivada del narcotráfico. Conviven viviendas precarias con construcciones ostentosas “pequeños castillos” -literalmente- levantados por los cabecillas de los grupos criminales, quienes incluso financian infraestructura pública como parques, donde financian juegos importados. Este paisaje se repite en gran parte de la región.

Esta es apenas una pincelada del contexto que prevalece en la Tarahumara y de la subcultura criminal que ahí se ha asentado.

El operativo, con toda su complejidad, quedará en segundo plano. En su lugar aparecerá lo que en México suele aparecer cuando coinciden tragedia, seguridad y política: un espectáculo.

Se cuestiona severamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por una supuesta violación a la soberanía, mientras que otros actores reciben menor escrutinio, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en diversas controversias recientes, que han detonado la muerte y desaparición de miles de personas. Al mismo tiempo, la exigencia hacia Estados Unidos vuelve a diluirse en declaraciones sin mayores consecuencias.

Las tres pistas ya están montadas. Los reflectores encendidos. El circo apenas comienza.