Hace unos días hemos escuchado en los medios de comunicación una noticia que habla sobre la pérdida de autorización de cien organizaciones mexicanas para poder recibir donativos que se puedan deducir de los impuestos.

Medios nacionales e internacionales lo han tomado como la noticia principal en sus portadas. En la mañanera (conferencia de prensa diaria de la Presidenta de México) se abordó el tema y es la primera ocasión que la mandataria habla de las organizaciones y eso ya es un avance, por eso me animé a escribir sobre el tema para ayudar a entender la información, porque pocos saben sobre este régimen y lo peor, es la especulación en medios sin sustento.

Ser donataria autorizada es, sin duda, una puerta de entrada a la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones sociales en México. Sin embargo, es también un compromiso de alto riesgo. La autorización no es un fin en sí mismo, sino el marco que garantiza que los recursos destinados al bien común efectivamente lleguen a quienes más los necesitan y la única forma de que una persona moral o física pueda hacer deducibles los recursos que dona.

En un contexto donde la exigencia ciudadana por la transparencia es cada vez mayor, las OSC que sobreviven y trascienden no son solo las que tienen el corazón más grande, sino las que entienden que la responsabilidad fiscal es la base sobre la cual se construye la confianza social.

Perderla no es solo un problema de papeles, es el principio del fin de un gran proyecto, es la pérdida de continuidad en programas sociales y es en algunos casos la desaparición de una organización o fundación.

Obtener la autorización no es fácil, conlleva una serie de requisitos a cumplir que se pueden convertir en un verdadero dolor de cabeza por la tramitología y el desconocimiento de los funcionarios en turno de las dependencias estatales o municipales que emiten el documento de acreditación de actividades donde se especifica que la organización solicitante si existe y desarrolla su objeto social, no actualizar o tener este documento es uno de los principales motivos por los que una organización pierde la autorización.

El segundo en la lista es la omisión de la declaración de ingresos y egresos en el mes de febrero donde se debe declarar la totalidad de los ingresos recibidos y los gastos que se efectuaron en un año fiscal; y el otro motivo de pérdida es la falta de presentación del informe de transparencia en el mes de mayo, donde se informa a la autoridad fiscal de donde provienen esos recursos y a donde se aplicaron pero lo más importante es que deben estar ligados al objeto social por el cual fue autorizada la organización.

Estos son las principales causales de la pérdida de autorización que si bien hay otros, estos son los comunes por los que estas cien organizaciones perdieron su permiso. Ahora bien, me causa extrañeza que hasta ahora se haga público o se haga alarma del tema. Esto sucede cada año desde hace más de seis años y en promedio son cien organizaciones cada año.

Existen términos que también por desconocer el tema se especula sobre ellos, el mayor número de organizaciones en la lista publicada por el SAT, incluso es preliminar ya que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. La revocación de la autorización no es la pérdida de la misma ya que el SAT le explicará a la organización por qué le revocó la autorización y le dará en términos de ley la oportunidad de corregir el error presentando los informes o la carta de acreditación de actividades en un lapso que puede ser extendido.

La pérdida de la autorización es el último camino por el incumplimiento de la organización o no haber subsanado las observaciones, en esta ocasión solo fueron trece en este caso.

Lo que sí puedo afirmar es que las organizaciones para convencer a sus autoridades de emitir las cartas de acreditación indispensables para obtener o mantener dicha autorización es un verdadero viacrucis. Las dependencias tienen funcionarios muy creativos que inventan los requisitos a su criterio, desconocen la ley y no piensan en la implicación e impacto en la vida de una institución social que ayuda a paliar las grandes necesidades de una sociedad como la mexicana.

Trabajo es de las fortalecedoras o redes acercarse a sus autoridades y explicarles, exponerles y convencerles legalmente de la importancia de su participación y atención al tema, como es el caso de Puebla con el DIF estatal y municipal que las otorgan sin problema cumpliendo 19 requisitos.

Dentro de las implicaciones de perder esta autorización están:

• La paralización del ingreso. Al perder la deducibilidad, las empresas donantes se ven obligadas a retirar su apoyo, ya que no pueden justificar fiscalmente el gasto.
• La responsabilidad patrimonial. Uno de los aspectos menos conocidos es que, cuando una OSC pierde su estatus fiscal, los donativos recibidos durante el ejercicio fiscal en curso o anteriores (si hubo irregularidades) pueden ser considerados ingresos acumulables gravados. Esto no solo genera una multa alta para la organización, sino que el SAT puede buscar hacer efectiva la responsabilidad solidaria de los integrantes del consejo directivo, poniendo en riesgo su patrimonio personal y perjudicado a alguna otra organización de la que sean parte dichos consejeros.
• Daño reputacional. Una vez que una organización aparece en esos listados como “autorización revocada” o “cancelada”, recuperar la confianza de donantes y aliados es una batalla casi imposible, incluso si se logra subsanar el error años después.
• Disolución forzosa. Si el motivo es grave o no se subsanan las observaciones incluso en un lapso de 12 meses las autoridades pueden iniciar un procedimiento de extinción de dominio o revocación definitiva de la autorización para recibir donativos, condenando a la OSC a desaparecer como persona moral legalmente constituida.

Cumplir, cumplir cumplir, la gran solución.

Para evitar llegar a este escenario, lo más recomendable es que las organizaciones sociales dejen de ver el cumplimiento fiscal como un área secundaria o un gasto administrativo.

“La figura del contador o del despacho especializado no es un lujo, es un seguro de vida”, señala Méndez. “En las OSC, el error más común es confundir la buena voluntad con la buena administración. Por muy noble que sea la causa, si no se cumplen los plazos del SAT o se etiquetan mal los gastos, la organización está caminando al borde del abismo”.

Profesionalizar su administración, revisar su buzón tributario constantemente, cuidar los gastos y verificar los ingresos, no desatender el tema fiscal y seguir un calendario son acciones preventivas y que no deben ser desentendidas para no pasar por esta desagradable situación.

Pero a todo esto celebro que estos temas de sociedad civil hayan tomado importancia y se estén poniendo sobre las mesas de discusión.

Esto es Letras con Causa.