En las elecciones de 2021, Morena perdió su mayoría en el Congreso de la Unión, la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México y varias ciudades relevantes a nivel nacional, como Puebla. El contexto estuvo marcado por la post pandemia y sus implicaciones, sobre todo en el ámbito económico. Quizá este cúmulo de factores impidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador lograra reformas más ambiciosas en su primer trienio, aun contando con la mayoría legislativa para hacerlo.

En consecuencia, durante el segundo trienio se dificulta aún más plantear reformas constitucionales para desmontar el régimen de corrupción y privilegios, ante la falta de votos y consensos partidistas, que en algunos casos derivaron en auténticos chantajes políticos, como el protagonizado por Ricardo Monreal Ávila.

A ello se sumó que la oposición utilizó el discurso sofista de la defensa de instituciones autónomas, imparciales y profesionales para disfrazar el uso faccioso y político de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), entonces presidido por Lorenzo Córdova, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Norma Piña, que en los hechos obstaculizaron y sabotearon reformas estratégicas como la energética, la electoral y la del Poder Judicial.

Por ello, al día siguiente del 1 de junio de 2021, el presidente instó a quienes aspiraban a competir por la Presidencia de la República a iniciar una dinámica de competencia interna basada en popularidad, cuyo desenlace sería definido mediante una encuesta para elegir a la “corcholata” ganadora.

Este activismo político de perfiles como Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Manuel Velasco Coello posicionó a Morena con un mensaje claro ante la sociedad: la necesidad de obtener una mayoría legislativa para concretar el cambio de régimen.

Así, el Plan A, que consistía en un cambio profundo del régimen electoral basado en tres pilares —reducir el costo de las elecciones, transformar al INE en el INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) y eliminar la representación proporcional en ambas cámaras— derivó en el Plan B, un paquete de reformas legales que buscaba limitar el poder presupuestal del INE, reducir su estructura operativa y acotar los privilegios de la alta burocracia electoral. Sin embargo, este intento fue frenado por la Suprema Corte, que en un fallo histórico no solo invalidó su contenido, sino que sentó un precedente político de bloqueo institucional.

Ante este escenario, resultaba inminente y necesario evitar que la oposición se atrincherara en espacios institucionales para ejecutar un golpe blando contra un gobierno popular, como ocurrió en países latinoamericanos como Brasil o Perú. De ahí surgió el Plan C, la estrategia del presidente para recuperar el control del Congreso en 2024, logrando una mayoría calificada inédita que abrió la puerta a reformas estructurales: la reforma judicial para elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular; la reforma energética para devolver a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) su papel estratégico, y una nueva etapa de discusión sobre la reforma electoral que hoy impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

A diferencia de López Obrador, la propuesta de Sheinbaum es más moderada, aunque mantiene los tres pilares de la iniciativa original: reducir el costo de las elecciones, centralizar las atribuciones del INE y eliminar la representación plurinominal. Lo preocupante es que, pese a este contexto, actores como el Partido Verde Ecologista y el propio Ricardo Monreal han resistido perder sus privilegios burocráticos, llegando incluso a amenazar con romper la alianza o migrar a otros partidos para evadir disposiciones como la reciente reforma contra el nepotismo y la reelección.

Esta circunstancia no es menor. No se necesita un Plan D ni volver al Plan A: lo que la presidenta requiere es respaldo ciudadano para desmantelar las franquicias electorales que encarecen la democracia, que utilizan los cargos públicos para perpetuarse y favorecer a familiares y allegados, y que además se financian con aportaciones privadas opacas en tiempos de campaña. La reforma electoral no solo es necesaria, pese a las resistencias, sucederá.