“Un pueblo que no tiene una clase de
juristas de un cierto nivel,
no tiene Constitución.”
Gustavo Zagrebelsky
(Tiempos difíciles para la Constitución)
Palestra, Lima, 2024

El prestigiado profesor italiano Gustavo Zagrebelsky, de origen ruso, en su última obra traducida al castellano en Perú, escribe sobre los tiempos difíciles que están atravesando las constituciones de los Estados del mundo occidental.

Él, al escribir de lo que sucede en Italia -traducido su libro por un profesor de origen español y editado en Perú-, demuestra que estos tiempos difíciles que están viviendo las constituciones, no es una cuestión meramente local, de una nación en particular, sino que es un fenómeno mundial. Ante esta realidad: ¿Cuál es el papel de los estudiosos del derecho?, ¿qué deben hacer las escuelas, facultades y centros de estudios jurídicos?

Basta con analizar las reformas constitucionales que se han suscitado en México en los últimos tiempos, a partir del mes de septiembre de 2024 a estos días previos a la Navidad de 2024. Resulta que se han tenido diversas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la gran mayoría ya vigentes, otras más en espera de la creación de algunas leyes o reformas a diversas leyes y la creación de reglamentos.

Para considerar las últimas reformas constitucionales, se puede iniciar con las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de la multicitada reforma al Poder Judicial Federal publicada el 15 de septiembre de 2024. Por su parte, el 30 de septiembre de 2024, se publicó la reforma de la Guardia Nacional y, la reforma constitucional respecto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El día 30 de octubre de 2024, se publica la reforma en materia de vías y transporte ferroviario; al día siguiente, el 31 de octubre de 2024, la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas. Ese mismo día 31 de octubre de 2024, se publicó la reforma constitucional referente a la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, particularmente, establece que son improcedentes las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución.

El 15 de noviembre de 2024, se publica la reforma a la Constitución en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

El 2 de diciembre de 2024, se publican diversas reformas constitucionales: la primera, en materia de bienestar, la segunda, respecto a la vivienda para las personas trabajadoras, y la tercera publicación es la referente a la protección y cuidado animal.

Finalmente, el día 20 de diciembre de 2024, se publica la reforma constitucional correspondiente a la simplificación orgánica.

Con todas estas reformas constitucionales -maratón de reformas constitucionales nunca antes visto-, lo que sigue es una serie de modificaciones, ahora a las leyes secundarias y a la creación de otras nuevas leyes; dicho sea de paso, ya se inició con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024, y la controversia referente a la ley del INFONAVIT, que quedó en suspenso provisionalmente.

Cabe señalar que, todas esas leyes que se deberán reformar y crear para 2025, son independientes de otras regulaciones que se están cocinando por los legisladores, como las reformas laborales, o bien, sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por citar algunas.

Después de todas estas modificaciones constitucionales y lo que sigue con nuevas leyes, reformas, creación de reglamentos y demás regulaciones jurídicas, las preguntas subsisten: ¿Cuál es el papel de los estudiosos del derecho?, ¿qué deben hacer las escuelas, facultades y centros de estudios jurídicos?

Indudablemente que, para abordar ese tsunami constitucional, se debe de regresar a lo más básico y elemental de la ciencia del derecho, es decir, a las bases y la estructura del propio derecho. Porque eso no se puede modificar, por más que el legislador sea muy prolífico actualmente, las bases jurídicas que son las mismas.

La interpretación, argumentación, la teoría del derecho y la teoría del Estado siguen siendo las bases de las legislaciones que se publicarán. Así reformas ya implementadas y las inmediatas, requieren todas de una correcta interpretación y argumentación, es decir, de una apropiada racionalidad jurídica; de lo contrario, lo único que va suceder es producir en las universidades, facultades y centros de estudio jurídicos, llámese licenciaturas, especialidades, maestrías y hasta doctorados -a decir del profesor italiano Gustavo Zagrebelsky-, consultores confundidos, intelectuales parasitarios, y constitucionalistas distanciados.

(Web: parmenasradio.org)