Siete aspectos son centrales en la valoración del proyecto obradorista implantado en México: primero, el haber elaborado un proyecto de transformación de la nación, algo que se da poco entre los políticos profesionales; segundo, el pueblo como eje de su proyecto; tercero; la separación del poder político del poder económico, cuarto, la revolución pacífica como medio para llevar a cabo el proyecto; cinco, el combate a la corrupción con el fin de terminar con las desigualdades sociales; seis, la relación con los vecinos del norte, los Estados Unidos y, siete, la reforma del Estado. Algunos de ellos, como la reforma del Estado surgió al calor de la experiencia, como la reforma al Poder Judicial.

La importancia de AMLO está en que elaboró un proyecto político para transformar al país, que es algo más que un programa de gobierno. Proyecto de nación y programa de gobierno no son lo mismo. Los políticos cuentan con un programa de gobierno para cuatro, cinco o seis años de gestión. El programa de nación va más allá de una tarea sexenal. Lula, en Brasil y Castillo, en Perú, cuentan con un programa de gobierno, pero carecen de un proyecto de transformación de sus respectivas naciones. Un programa de gobierno es para gobernar periodos, mientras que un proyecto de nación, de transformación, de una nación es un proyecto para transformar el país no sólo para gobernarlo un sexenio o dos.

El punto es que, por tratarse de revoluciones pacíficas, incrustadas en un contexto de una democracia representativa, proyectos y programas están condicionados por los procesos electorales. A lo anterior habrá que incluir las derechas financiadas por Estados Unidos y que operan como fuerzas políticas organizadas para evitar el avance de fuerzas progresistas. En la mayoría de las naciones, en un principio, los organismos electorales están en manos de grupos oligárquicos como ocurría aquí en México y lo mismo puede decirse del Poder Judicial.

La 4T existe, pero poco se dice de la labor que casi no ocurre con frecuencia en la vida político/social, que un líder político elabore un proyecto político de nación para transformar un país y no se quede únicamente en un programa de gobierno. Obrador, tuvo la “cabeza” para crear ese proyecto de nación que es el resultado de su experiencia como político que conoce la historia de México y con una práctica igualmente poco común por la lucha democrática. Ese proyecto de nación se llama Cuarta Transformación y también han participado expertos, intelectuales y las luchas sociales, como Obrador lo ha reconocido en algunos aspectos.

Obrador le imprimió a su proyecto de la 4T un sentido de que la revolución debería ser una revolución pacífica. No es una revolución anticapitalista ni una revolución armada, es una revolución pacífica. Ha dicho Obrador, tan radical como las que antecedieron a la 4T. Obrador tiene, creo, un contexto favorable. Lo que impidió avanzar hacia la consolidación de una nación todavía más independiente fue la pusilanimidad de los gobiernos mexicanos emanados del PRI, ante Estados Unidos. Lo anterior, se debe en parte a que las élites latinoamericanas eran aliados del modelo imperial estadounidense. Obrador, tiene un contexto en el que los vecinos se han debilitado como polo de poder único a nivel mundial. No obstante, se debe saber actuar y Obrador lo ha sabido hacer.

El pueblo se ha constituido en el eje del nuevo orden social. Antiguamente, no era así. El orden neoliberal tuvo como centro al mercado que era el eje articulador de las políticas, ahora no. Esto significa que el Estado es un Estado popular, sustentado en el pueblo como máxima autoridad. Si el pueblo es el que manda, el Estado y el gobierno no pueden tomar decisiones en su contra. Y así ha sido, con la constitucionalización de los programas sociales. Las fábricas no van a pasar a manos de los obreros porque esta no es una revolución socialista sino humanista, que mira por los más desvalidos, los necesitados, por el pueblo.

Como una medida fundamental, este gobierno separó el poder económico del poder político. Si el pueblo es el que manda entonces no puede haber privilegios para los que de por sí, por la razón que sea, poseen riquezas y, además, aprovecharon su cercanía con el poder para enriquecerse de manera ilícita, aunque legalizada por los gobiernos liberales quienes les perdonaron impuestos, les entregaron los bienes del Estado y canonizaron como héroes del empleo y el progreso junto al mercado. Lo anterior la separación gobierno/empresarios ha implicado que un grupo de estos empresarios se hayan convertido en enemigos jurados del obradorismo.

Otro factor decisivo es el tema de las desigualdades sociales. Un proyecto de transformación en Latinoamérica, de carácter político, se orientó hacia eliminar las desigualdades. En esa lógica, existían dos vías desde la izquierda: una era eliminar las desigualdades por medio de una revolución armada que eliminara la propiedad privada, tipo las revoluciones clásicas rusas y cubana, de este lado del continente. La otra, por la vía de reformar al Estado para que poco a poco se distribuyeran recursos entre la población desfavorecida y que eso fuera poco a poco debilitando las desigualdades, pero sin romper con el orden social.

El obradorismo, tomó otro rumbo, otro fundamento, debatible, pero quien lo concibe con todo el derecho a llevarlo a la práctica: la corrupción como fuente de las desigualdades sociales. El fundamento, Obrador, lo ha tomado de las prácticas de los conquistadores, como algo que vino de afuera, y con razón. Sin duda, es verdad, la experiencia le ha dado la razón en parte a Obrador. Sin embargo, también es verdad que existen otros factores de desigualdad como las relaciones de explotación de los trabajadores, las relaciones desiguales entre naciones, entre otros factores. Lo cierto es que administrativamente Obrador han tenido un relativo éxito. El combate a la corrupción ha permitido invertir en obras y programas sociales.

México terminó con aquella relación en la que a los gobernantes mexicanos se les veía como políticos a los que se les podía avasallar y tratar como gobernantes de repúblicas bananeras. Esto ha cambiado. En las relaciones con Estados Unidos, Obrador ha logrado politizar la vida de los migrantes en favor de México y de los mismos migrantes. Para los gobiernos del tricolor y del PAN, lo interesante era únicamente las remesas. Esto no ocurría en el pasado porque hacia los migrantes únicamente había una política consular. Ahora, forman parte de una política en la que se han convertido en sujetos políticos de aquí y allá. También es verdad que el obradorismo despertó el interés por México y la política en nuestro país.

Finalmente, está la reforma del Estado y el mandato emitido por el pueblo el pasado 2 de junio, sobre el imperativo de llevar a cabo el Plan C. La reforma judicial no estaba contemplada. Creo que la reforma judicial y electoral implican un cambio de fondo. Las revoluciones, para que lo sean, necesitan ajustar las instituciones a la nueva realidad. La reforma judicial es un paso para equilibrar la vida política en materia de justicia. En el pasado, la justicia estuvo asociada al mercado, la corrupción y narcotraficantes: el que tiene más dinero es el justo. Si el pueblo es el que manda, la justicia debe estar al servicio de los que menos tienen.

Ya sin Obrador, habrá AMLO para rato.