La carta de Ismael El Mayo Zambada, en la que detalla su versión sobre los hechos que rodearon su captura, ha generado una tormenta política en México, exacerbando las tensiones entre el gobierno federal y el estado de Sinaloa.

Zambada, en su misiva, no solo pone en duda la versión oficial de su detención, sino que además vincula este hecho con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, un político influyente y rival del gobernador Rubén Rocha Moya.

Estas revelaciones no solo apuntan a una relación preocupante entre el crimen organizado y los políticos locales, sino que también agudizan el escándalo al implicar a figuras de alto nivel en una trama que mezcla corrupción, poder y violencia, como lamentablemente relatan las series televisivas y novelas de “ficción” que encumbran a este tipo de historias.

Pasa en la tele, pasa en la vida real, dijera el clásico.

En su carta, Zambada afirma que el día de su arresto, el 25 de julio de 2024, tenía planeada una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y otros actores clave del Cártel de Sinaloa en Huertos del Pedregal, un lujoso salón de eventos en las afueras de Culiacán.

Según Zambada, en esa reunión se discutiría un conflicto en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde Cuén, exrector de la institución, también debía estar presente.

Zambada asegura que momentos antes de ser capturado, saludó a Cuén, un "amigo mío desde hace mucho tiempo", y que el asesinato del político no fue un robo al azar, como sugirieron las autoridades, sino un acto deliberado relacionado directamente con su captura.

Las implicaciones de estas afirmaciones son graves. De ser ciertas, no solo indican que un alto funcionario del gobierno estatal tenía conocimiento o participación en actividades vinculadas al narcotráfico, sino que además revelan la fragilidad y permeabilidad del sistema político mexicano ante las influencias del crimen organizado.

Zambada sostiene que fue traicionado y entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de Los Chapitos, la fracción del Cartel de Sinaloa que lideran los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Como en la ficción, podemos alcanzar a ver una compleja red de lealtades y traiciones dentro del propio cártel, así como una relación cercana entre los narcotraficantes y  sectores del gobierno.

El gobernador Rubén Rocha Moya ha negado rotundamente haber estado presente en la supuesta reunión y asegura que el día de los hechos se encontraba fuera de Sinaloa, volando hacia Los Ángeles.

Sin embargo, las inconsistencias en la versión oficial y la falta de detalles precisos sobre su paradero en momentos críticos han sembrado dudas y alimentado sospechas. 

¿A quién le creemos, a un delincuente con décadas dedicándose al trasiego de drogas, o a un gobernador de Morena con el agua hasta el cuello? Difícil decisión.

La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inicialmente había respaldado a Rocha, ahora parece estar marcada por un intento de distanciarse del escándalo, aunque sin romper completamente con el gobernador, quien es un aliado político de su partido, Morena.

Y esto nos recuerda la tradición en México, de la cual para nada está exento la presente administración, del gobierno y narco, narco y gobierno, como gusten ustedes llamarle, más reciente el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, quien fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Al igual que en el caso de García Luna, las acusaciones de Zambada han generado una atención mediática y pone en tela de juicio la integridad del gobierno. Sin embargo, a diferencia de García Luna, quien fue procesado y condenado en un tribunal, las acusaciones contra Rocha y otros políticos involucrados en este escándalo aún no han sido sometidas al escrutinio judicial.

Esto deja en manos de las autoridades estadounidenses, y de la voluntad política de Washington, la posibilidad de que las declaraciones de Zambada sean judicializadas en un futuro cercano.

Zambada jugó de forma astuta al presentar su carta, diseñada para manipular la narrativa pública y presionar a las autoridades de ambos lados de la frontera.

En su carta, Zambada no solo describe con detalles vívidos su arresto, sino que también siembra dudas sobre la versión oficial, utilizando una estrategia común en las cortes estadounidenses, donde la construcción de una narrativa convincente puede ser tan efectiva, o más, que la presentación de pruebas contundentes., o como dicen en el barrio “choro mata carita”.

Esto coloca al gobierno mexicano en una posición delicada, ya que cualquier intento de desmentir la versión de Zambada podría ser interpretado como una defensa débil y poco convincente frente a la creciente sospecha de corrupción que pesa ya sobre el gobierno de López Obrador.

Obviamente la carta impacta desde quien la escribe, no se limita al ámbito de la política local en Sinaloa. Sus efectos resuenan a nivel nacional, en un momento en que la administración de López Obrador enfrenta críticas por su política de seguridad y su enfoque hacia el narcotráfico, que ha sido interpretado por algunos como demasiado conciliador. Los abrazos, pues.

La narrativa presentada por Zambada pone de relieve las debilidades estructurales del Estado mexicano en su lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado sigue profundamente arraigado en las instituciones.

La carta de El Mayo Zambada es un nuevo golpe de realidad que exhibe la corrupción que aún persiste en México y de la continua colusión entre el crimen organizado y el poder político en un país que sigue siendo rehén de la violencia y la corrupción.

El desenlace de este caso podría tener implicaciones profundas para la política mexicana, la política estadounidense y para la lucha contra el narcotráfico en los próximos años

Y ya viene la nueva temporada, con “Batman” Harfuch en los controles…

Tiempo al tiempo.

@hecguerrero