Una de las mayores preocupaciones del presidente López Obrador desde que asumió el poder en el 2018, es y ha sido el tema de la austeridad republicana, que criticó fuertemente a los presidentes del período neoliberal, acusándoles de gozar de los mayores privilegios y canonjías, así como del saqueo de los recursos públicos que imperaron en esos años, manteniendo un gobierno rico frente a un pueblo pobre, donde la desigualdad y la pobreza imperaban en perjuicios de las clases y grupos más vulnerables y desprotegidos.

Y efectivamente López Obrador, tenía la razón y su discurso permeó en forma contundente en el ánimo de más de treinta millones de mexicanos que le dimos el voto, a fin de que se diera una transformación, en la cual el gobierno cuidara los recursos y mediante los programas sociales y apoyos, se lograra de alguna forma mejorar la situación de dichos grupos, que se encontraban en alguna medida abandonados por los gobiernos en turno.

La austeridad y el que los gobiernos cuiden el buen manejo y la administración de los recursos públicos, es sin duda una premisa con la que nadie puede estar en contra, ya que los escándalos de corrupción y de inversiones de políticos en paraísos fiscales y bancos en el extranjero, era una constante, a la que ya los ciudadanos nos habíamos acostumbrado y difícilmente los responsables llegaban a enfrentar procesos y menos aún a terminar en prisión por una condena en su contra.

Sin embargo, aún y cuando en los casi seis años de gobierno de la Cuarta Transformación, se han aplicado medidas de austeridad a nivel federal y en los estados gobernados por Morena, se han aplicado políticas que buscan ahorros de los recursos públicos; también es cierto, que las pérdidas en la cancelación de proyectos como el Aeropuerto Internacional de Texcoco, que no se cubrirán en este sexenio; los sobrecostos en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, cuyo precio de acuerdo al informe presentado por el director de Pemex, Octavio Romero, en días pasados, se duplicó sin que se haya transparentado ni justificado los motivos; el aumento desmesurado en el costo inicial que se propuso para la construcción del Tren Maya, así como en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, nos llevan a pensar que las medidas y políticas de austeridad del presidente, son selectivas, ya que por una parte le escandalizan los gastos y dispendió de recursos en la administración de las dependencias de gobierno y en su caso el INE y el Poder Judicial de la Federación y por otro lado, si los recursos son para los grandes proyectos del sexenio, la austeridad puede hacerse a un lado, porque en ese caso, se justifica el gasto excesivo por la rentabilidad política y popularidad que benefician a su gobierno.

Es por ello, que en el tema de las reformas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, varias de ellas, se justifican en las exposiciones de motivos, en la austeridad y los ahorros al erario público que se darán de aprobarse la desaparición de los organismos autónomos, como el INAI, COFETEL, IFETEL, INE, COFECE entre otros, cuyas funciones serán absorbidas por otras secretarías de Estado o la propia Secretaría de Gobernación.

Mención aparte merece el Poder Judicial de la Federación compuesto por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales, que también han sido blanco de las críticas del presidente al cuestionar sus salarios, prestaciones y beneficios que reciben desde los ministros, magistrados, jueces y demás personal de dicho poder, que no merecen de ninguna manera ganar más que el propio presidente, es decir, este poder en ningún momento se ha sometido a la austeridad republicana.

Por ello, al proponer que la elección de ministros, jueces y magistrados federales, sea de forma directa por la ciudadanía el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda, modificando la redacción actual del artículo 96 de la Constitución general de la República.

La propuesta también considera la elección de los jueces de distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se hará extensiva a las de los tribunales y juzgados de los estados de la República. En caso de que se apruebe en sus términos la iniciativa significará la transformación más profunda de los mecanismos en los que se elige a los principales cargos de todos los poderes judiciales de la República Mexicana.

Los costos de una elección de tan grandes dimensiones no han sido calculados del todo y además de ello, lo que va a significar que los ciudadanos se vean ante la decisión primero de participar en una elección judicial extraordinaria y después de analizar la idoneidad y simpatía de los candidatos y candidatas que aparecerán en las boletas electorales, donde la Presidenta de la República propondrá 3,294 candidatos a jueces y magistrados; la Suprema Corte un número igual, y la Cámara de Diputados y la de Senadores a 1647 aspirantes cada una.

No me imagino el número total de boletas a emitir de acuerdo al padrón electoral de ciudadanos en edad de votar, así como el número de urnas y casillas que deberán instalarse para tan insólito proceso electoral. Pero además al pobre ciudadano que deberá depositar su voto en las urnas, como evitará confundirse y el trabajo que le espera a los representantes de casillas para el cómputo de la votación y posteriormente la emisión de los resultados de la elección por parte del INE y posteriormente la organización de las elecciones de magistrados y jueces locales que también será una tarea titánica costosa.

A pesar de todas estas vicisitudes y obstáculos, así como el gasto multimillonario que representa la aprobación de la reforma, nada parece detener la decisión, porque el presidente y las Cámaras de Diputados y Senadores no comprenden, que elegir a un ministro, magistrado o juez, no es una decisión política, sino que debe orientarse por una carrera judicial, para garantizar al justiciable una adecuada impartición de la justicia.