El 12 de julio de cada año, desde 1960 por iniciativa del Diario de México, el presidente Adolfo López Mateos, declaró el “Día del Abogado” como una fecha oficial en el país. Por lo que esta celebración ha cobrado relevancia en diferentes ámbitos de la vida de nuestro país, no sólo por lo que representa este gremio que es de los más altos a nivel nacional; sino también por el hecho de que muchos de los expresidentes de la República, legisladores, gobernadores y en general, la clase política son abogados.

Es innegable la participación y el peso en la conducción de la vida del país, que tienen y han tenido los abogados y abogadas y la importancia que tiene su función para dar vida al Estado de derecho y a la defensa de las instituciones de México.

Muchos podrían pensar, que la profesión se ha denostado o que quizás nunca han necesitado la ayuda o intervención de un abogado para salir adelante; sin embargo, como ciudadanos, en toda nuestra vida y en nuestras actividades cotidianas, se rigen por leyes o normas que emanaron del trabajo de un abogado o son producto del trabajo de una autoridad que las emitió, pero que fue auxiliada por un asesor jurídico.

La carrera de Derecho sigue siendo la segunda más demandada a nivel nacional, después de la de medicina y cada ciclo escolar son miles los aspirantes universitarios que la eligen, aun y cuando se ha dicho hasta el cansancio que no hay trabajo para tantos egresados y que pocos lograrán colocarse con un salario digno, es innegable que a diferencia de otras profesiones, quien ejerce la abogacía siempre tiene una perspectiva de ocupación, más grande que en otras profesiones.

Los abogados pueden desempeñarse en diversas actividades, desde el litigio, la función pública, la asesoría, la docencia, la investigación, la política, entre las actividades más comunes que desempeñan, todo depende del área del derecho que hayan elegido o de las actividades económicas del lugar en que radiquen.

En México, cada año, se siguen abriendo más escuelas y facultades de Derecho y es de las carreras, que ofrecen más del 90 por ciento de las universidades del país, ya que se tiene la falsa idea, de que es una carrera fácil y que no requiere más que un aula con un pizarrón y sillas en una cochera para abrirla e iniciar las clases, sin considerar que aún y cuando los avances de la tecnología actualmente ponen al alcance de los estudiantes muchísima información, también lo es, que la labor del docente es clave para que el estudiante logre convertirse en un profesional competitivo para ejercer y triunfar en la carrera.

Uno de los graves problemas que existen actualmente en el país, en cuanto a la formación de los futuros abogados, es la mala calidad educativa que muchos de ellos reciben por instituciones que la ofertan con una duración de un año o a distancia, sin tener contacto con el estudiante, sino simplemente dando de alta las asignaturas en una plataforma para que los estudiantes en su tiempo libre los consulten, presenten las evaluaciones y acrediten los cursos, lo que implica que aún y cuando muchos de ellos logran concluir la licenciatura, al final en la práctica profesional son muy pocos quienes logran demostrar sus conocimientos y terminan colgando el título en la sala de su casa, sin ejercer jamás la carrera.

Por ello, una de las voces más autorizadas a nivel nacional en la enseñanza del Derecho y la formación de abogados, que es la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica A.C. (ANFADE) integrada por las universidades públicas y privadas de mayor prestigio de México, se ha pronunciado en sus congresos nacionales, por impulsar la educación y excelencia académica en la formación de los abogados, mediante la promoción de los procesos de acreditación de los programas que se ofrecen tanto por universidades públicas, como privadas, que se lleva a cabo desde hace más de 17 años por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho A.C. (CONFEDE), organismo reconocido por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

A la fecha, de más de 2000 instituciones que imparten la licenciatura en derecho en el país, sólo alrededor de 150 cuentan con la acreditación de calidad, por cumplir con los indicadores y haber aprobado la evaluación aplicada por el CONFEDE garantizando a sus estudiantes una formación acorde a los parámetros nacionales e internacionales para ser competitivos y alcanzar el éxito en el ejercicio profesional.

Con la iniciativa de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador, los profesionales del Derecho del país, en un importante número consideran que de aprobarse, no sólo se estaría atacando a dicho poder, sino que también se pone en tela de juicio la calidad de los abogados mexicanos, educados bajo la idea de que los cargos se obtienen mediante concursos de oposición y por méritos en la carrera judicial, salvo excepciones en los que se aplica el influyentismo o nepotismo para otorgar los puestos, siendo la excepción, más no la regla, por lo que ahora para aspirar a un cargo como ministro, magistrado o juez, deben involucrarse en la política para alcanzar el objetivo, aunque no cuenten con los conocimientos y la experiencia para desempeñar dignamente dicho papel; aunque hay abogados con poco sentido de la ética y honestidad profesional, dispuestos a meterse en los procesos de elección por voto ciudadano, en aras de alcanzar los cargos, poniendo en riesgo la calidad de la justicia y los derechos de los ciudadanos, que podrían verse seriamente afectados por decisiones arbitrarias o por la negligencia de los nuevos funcionarios

Quizás ha llegado el momento de que los abogados mexicanos comprendan, que sólo unidos como gremio y en defensa del Estado de derecho, es como se puede lograr frenar las reformas constitucionales y buscar mejores vías, para transformar al Poder Judicial de la Federación, a fin de que los ciudadanos puedan sentirse tranquilos y confiados de que la salvaguarda de sus derechos están en las mejores manos de profesionales especializados en las diversas áreas del derecho, sin improvisaciones y sin que haya desaparecido la independencia judicial de los juzgadores que deberán aplicar la ley en forma imparcial y alejada de intereses políticos.