Seguramente habrás pasado ya por la experiencia de tener un dispositivo electrónico descompuesto y te habrás cuestionado: ¿por qué no puedo arreglarlo en lugar de tener que comprar uno nuevo? La respuesta a esta pregunta es más complicada de lo que parece. Y para responderla, es necesario hablar de la obsolescencia programada.

Ésta se refiere a aquellos productos diseñados para fallar de forma prematura o quedarse obsoletos a corto y mediano plazo; con la finalidad de obligar al consumidor a adquirir un producto nuevo o una actualización del mismo.

Se cree que su origen se remonta a la década de 1920 en la industria automotriz, cuando el ejecutivo de General Motors, Alfred P. Sloan Jr., sugirió lanzar nuevos modelos cada año para enfrentar a su rival Henry Ford. Su idea original se llamó obsolescencia dinámica, ya que su propósito era que los propios consumidores percibieran su coche como obsoleto, en comparación con los nuevos modelos, y lo sustituyeran aunque no fuera necesario.

Posteriormente, en la Gran Depresión, el agente inmobiliario Bernard London propuso una forma de estimular el consumo. Y ahí se acuñó el término de obsolescencia programada: planificar la obsolescencia de los bienes de capital y de consumo en el momento de su fabricación, para que se tuvieran que adquirir nuevos.

Hoy en día se entiende este concepto de forma diferente, pues no sólo se refiere a que los productos estén hechos para romperse o descomponerse después de un cierto período. Involucra también el que un fabricante diseñe un producto de tal manera que no se pueda desmontar o decida no ofrecer piezas de repuesto, proporcionar información de reparación o actualizaciones de software. Es decir, el producto queda obsoleto debido a la decisión del fabricante de no apoyar su uso prolongado.

Este modelo se aplica principalmente a productos electrónicos, lo cual ha generado un enorme problema medioambiental: el e-waste, ya que la constante renovación de dichos productos genera la excesiva acumulación de residuos que cuentan con una tasa de reciclaje muy insuficiente, impactando en el calentamiento global.

Como respuesta a esta problemática ha nacido el movimiento ‘Right to Repair’ (Derecho a Reparar), cuyos miembros representan a grupos comunitarios de reparación, activistas ambientales, actores de la economía social y defensores de la auto reparación que luchan por eliminar las barreras para reparar los productos, con el fin de ampliar su tiempo de vida.

La campaña se lanzó en septiembre de 2019 y creció rápidamente a más de cien organizaciones en veinte países europeos. Se basa en la premisa de que los productos electrónicos que usamos diariamente son cada vez más difíciles de reparar, debido a las políticas de sus fabricantes; así que, si compras un producto y eres su propietario, deberías poder repararlo tú mismo o ponerte en contacto con talleres independientes de tu elección para ello.

No obstante, a pesar de lo obvio que esto parece, no existe un marco legal que lo garantice ya que no siempre se tiene derecho a obtener las instrucciones de reparación, las piezas de repuesto o las herramientas especializadas para reparar el producto. Entonces, nuestro derecho a reparar termina donde comienza el derecho del fabricante a producir un producto no reparable, pues evidentemente resulta más rentable vender productos nuevos que facilitar la reparación.

En este sentido, el movimiento aboga por normas, políticas y leyes respetuosas con el medio ambiente, que consideren la economía circular y brinden alternativas para el consumo responsable, desde tres puntos esenciales:

1. Buen diseño: Los productos no solo deben estar diseñados para funcionar, sino también para durar y repararse cuando sea necesario.
2. Acceso justo: La reparación debe ser accesible, asequible y convencional. Esto significa que reparar un producto no debería costar más que comprar uno nuevo y que todos puedan acceder a repuestos y manuales de reparación durante toda la vida útil de un producto.
3. Consumidores informados: Los ciudadanos necesitan saber si sus productos están diseñados para ser reparados o destinados a ser desechables en caso de que se rompan, fallen o se descompongan (etiquetado claro y visible).

A nivel legislativo, Reino Unido y la Unión Europea han introducido normas de derecho a la reparación cuyo propósito es prolongar la vida útil de los productos hasta por diez años. Ello obliga a los fabricantes a poner las piezas de recambio a disposición de los consumidores.

Sin embargo, muchas empresas se han negado a la legislación sobre el derecho a reparar, pues argumentan que el ofrecer reparaciones de autoservicio constituye una infracción a la propiedad intelectual. Los desarrolladores de smartphones han sido quienes han manifestado mayor oposición. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar, en respuesta a la creciente normativa estadounidense y europea, ocasionando que Apple, Google y Samsung estén implementando estrategias alineadas al movimiento.

Aún queda camino por recorrer, pero basta un poco de sentido común para darnos cuenta que si se incrementa la reparación, menos productos acabarán siendo desechados; lo cual se traduce en menos residuos y más reutilización, con lo que se reducen las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Y eso no es todo, también se apoya la economía circular y una lógica de consumo más sostenible, responsable y consciente: reutilicemos, renovemos, reparemos.

Referencias:
https://repair.eu/

Hasta la próxima entrega de #CiudadDigital

La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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