Más bien el título debiera decir “doble mordaza”, pues el jueves 2 de septiembre, día en que llevé a cabo mi registro como candidata a la rectoría de la universidad, me “recetaron” con un “Instructivo” aprobado por la Comisión Electoral el 20 de agosto del presente y publicado por la Gaceta Universidad BUAP.

Tal instructivo se fundamenta en la Base 17 de la convocatoria que a la letra dice “La Comisión Electoral funcionará observando lo dispuesto en las presentes BASES, en la Legislación Universitaria y conforme al procedimiento que ella misma determine, respecto al proceso de auscultación sectorial. Dicho procedimiento en forma de instructivo se hará público a través de los medios institucionales que considere pertinentes y será de observancia obligatoria de los candidatos y de la comunidad universitaria.” En otras palabras, la Comisión Electoral se da a sí misma las normas que regulan su actuar y el de todos los universitarios. Es una comisión plenipotenciaria.

Sin embargo, es competencia exclusiva del Consejo Universitario “Expedir su propio Reglamento y toda clase de Reglamentos y disposiciones encaminadas a regular la organización y funcionamiento de la Universidad.” como lo señala el artículo 14, fracción II de la Ley de la BUAP.

Así que este “instructivo” no tiene ninguna validez. Una violación múltiple a la legislación universitaria. Pero veamos qué sorpresas nos depara semejante bodrio.

La primera, la leo y releo y no me deja de sorprender, pues en el artículo 9 dice que los aspirantes deberán entregar, al momento de su registro, un programa de trabajo que deberá ser congruente con los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. ¿Este plan es eterno? ¿Es perfecto o inmejorable? ¿No se supone que el programa que se pone a consideración del electorado es el que orientará el rumbo de la universidad si éste obtiene la aprobación de la mayoría? Primera mordaza.

Otra joya. ¿Cuándo creen que candidatas y candidatos presentarán su programa ante el Consejo Universitario? ¡El 17 de septiembre! El último día de campaña; bueno, pero habrá debate. ¡NO! Cada candidato tendrá 40 minutos para “debatir”, pero no con los otros candidatos sino con los miembros del Consejo Universitario. Segunda mordaza.

Pero el artículo 20 se lleva las palmas “La propaganda utilizada por los candidatos, previo a su publicación en la plataforma respectiva, deberá ser validada por la Comisión Electoral en términos de la base 24 de la Convocatoria.” Una manera eufemística de referirse a la censura. Quizá alguien diría, con un pésimo humor negro, que la magnánima comisión electoral te está “salvando” de posibles impugnaciones. Tercera mordaza.

No se indica cuántas casillas habrá, ni en la convocatoria ni en el “instructivo”, pero sí dice en la Base 35 de la primera que la comisión electoral determinará con base en los padrones respectivos el número de urnas electrónicas que considere necesarias, conforme al universo de votantes. ¿Qué significa eso? Quién sabe. Ya nos darán la sorpresa el mero día de la votación. Cuarta mordaza.

Ya en el 48 del “instructivo”, que por cierto consta de 62 artículos y dos transitorios mientras que la convocatoria consta de 48 bases, se nos recuerda la manera en que ha venido operando el consejo universitario desde hace años, pues en caso de que las inconformidades que se presenten durante la votación electrónica no se resuelvan por la comisión electoral, ésta las turnará a la Comisión de Legislación del consejo universitario para su dictaminación. Y ya sabemos que en el consejo se presenta el dictamen, se discute, si corremos con suerte, pero se vota el dictamen tal cual es entregado por la comisión de que se trate, sin modificar en nada dicho dictamen. Quinta mordaza.

Bueno, y para terminar, el artículo 21 del “instructivo” señala a los candidatos como responsables de retirar la propaganda de los medios digitales utilizados. ¿Se imaginan? Aquí se trata de poner no una sino miles de mordazas a todos aquellos simpatizantes de las y los aspirantes.

Tendrían que leer este libelo en contra de la libertad de expresión para apreciar en su justa dimensión la multitud de atropellos en contra de los derechos humanos de la comunidad universitaria.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia denunciar estos atropellos en contra del ejercicio de una auténtica autonomía universitaria?