Un 14 de julio pero de 1789, daba inicio la Revolución Francesa con la Toma de la Bastilla, símbolo de la liberación del poder absoluto.

Esta Revolución trajo consigo principios y valores universales que hasta el día de hoy siguen vigentes como la libertad y la igualdad de todos ante la ley.

Hacer realidad estos principios no ha sido fácil. El siglo XX cuenta las luchas sociales por la conquista de derechos civiles y al cierre de la segunda década del siglo XXI, las mujeres siguen luchando, con éxito, por sus derechos, sí, 231 años después del inicio de la Revolución fundacional del Estado Moderno.

De manera coincidente, este día diversas comisiones del Congreso Local sesionaron para aprobar dictámenes muy importantes, entre los que destaco dos armonizaciones legislativas:

1. Establecer la obligatoriedad de observar el principio de paridad de género en la función pública.
2. La armonización legislativa relativa a la violencia política de género.

Ambos dictámenes, quiero entender, serán aprobados por el pleno del Congreso este 15 de julio y sin duda tendrán un impacto positivo y determinante en la convivencia social y de manera particular, en la elección de 2021, por la postulación de más mujeres candidatas a cargos de elección popular así como la integración de más funcionarias en el servicio público.

Entre los resolutivos de uno de los decretos se establece: “La observancia del principio de paridad de género en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en los Ayuntamientos del Estado, será aplicable para quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral local siguiente a la entrada en vigor del presente decreto”.

Importante señalar tres asuntos:

1. Los partidos políticos deberán fomentar el principio de paridad de género y respetar las reglas que marque la ley electoral para garantizar este principio, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
2. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Estatal y en la integración de los organismos autónomos.
3. Adicionalmente se establece que este principio también deberá observarse en los municipios con población indígena, conforme a las normas aplicables.

Por lo que respecta al Poder Judicial, se establece que el Tribunal Superior de Justicia estará integrado por el número de Magistradas y Magistrados propietarios y suplentes que fije la ley, mismos que serán nombrados por el Congreso, a propuesta en terna del Ejecutivo.

Por otro lado, armonizar la legislación para establecer claridad en las acciones que determinan violencia política de género, es un gran acierto.

Hay que decirlo: no todo es escándalo y relajo en el Congreso Local. Hoy queda demostrado que cuando se quiere, se pueden impulsar reformas que beneficien a la sociedad.

Pero este es apenas el primer paso. Aún se deben materializar estos cambios en leyes, reglamentos y manuales que aterricen el concepto de democracia paritaria y clarifiquen los actos u omisiones que provocan violencia política hacia las mujeres, de tal manera que veamos en el corto plazo, relaciones sanas, pacíficas, respetuosas y paritarias entre todas y todos.

Mtro. César Marcelino León