De acuerdo a algunos informes sobre nuestro país, desde el extranjero se percibe que en ellos se está particularmente preocupado por los elevados niveles de violencia policial e impunidad en las calles de México, la sobrepoblación carcelaria, la violencia contra las comunidades indígenas, así como por el maltrato a los niños en situación de calle. Además da cuenta del grave y cada vez más común, problema de abusos en materia de derechos humanos en suelo mexicano; pues la situación en este materia mejora muy lentamente. Existe la constante preocupación sobre los niveles de violencia policial y la impunidad que la acompaña, así como las pobres condiciones de superpoblación en los centros de reinserción social; así como también la violencia a las comunidades indígenas, particularmente en los Estados del sur mexicano, en especial de Chiapas y Oaxaca.

Asimismo, la percepción extranjera presume que el área social y de desarrollo no se han beneficiado de la economía mexicana, afirmando que los indicadores siguen siendo pobres ya que la riqueza continúa estando desbalanceada pues los estándares de vida son superiores en el norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos; mucho más que en las zonas del sur pues no sólo son más pobres sino rurales.

Por otro lado, si bien es cierto que la educación en nuestro país es gratuita; existe un gran porcentaje de niños que pese a tener ese derecho no puede gozarlo plenamente, pues ellos han tenido que dejar los estudios por ayudar a sus familias o bien no han tenido siquiera acceso ya que en sus comunidades no existe la infraestructura necesaria para acceder a ella.

Este no es el único problema para la infancia mexicana; asimismo la incidencia de mortalidad infantil sigue presente, así como las enfermedades infecciosas y nutricionales. Todo ello demuestra que son necesarias y urgentes ciertas mejoras sustanciales en la infraestructura del país, pero también en la cultura ciudadana.

Es momento de establecer acuerdos, asumir responsabilidades y desarrollar nuevas formas de compromiso hacia la legalidad como un modo de vida y relaciones humanas. Es decir, no sólo es responsabilidad del Estado, sino que se trata de un trabajo y esfuerzo conjunto entre el Estado, a través de los diferentes niveles de gobierno, pero también de la participación de la sociedad. Para ello resulta indispensable que los individuos que conformamos la sociedad mexicana nos hagamos protagonistas de nuestra propia historia, dejando  de esperar tranquilamente el “curso natural” de los acontecimientos que nos rodean y eliminar la expectativa de poder arribar a la participación ciudadana y empezar a vivirla como una realidad. Resulta importante decir, que para que nuestro país funcione bajo los principios de libertad, democracia, igualdad, soberanía popular, justicia, legalidad, seguridad y equilibrio entre los poderes que dirigen nuestra nación, es necesario que se construyan –o más bien reconstruyan– sus bases desde abajo; es decir a partir de los intereses de la sociedad y no de los que representan el Estado y así pueda hablarse de una verdadera dirección nacional.