Ahora, en la víspera de que se consume este proceso de  cambio de un partido a otro en el poder, persiste la expectativa  y, a la vez, la  oportunidad  para traducir la alternancia en un proceso de transición para  la  democracia, la justicia y la igualdad.

La alternancia es un hecho, cuya concreción se realiza en un periodo breve, prácticamente el de la entrega recepción. Pero es también, uno de los principios de la democracia mediante el cual la ciudadanía premia o castiga a los partidos, como entes de interés público. La alternancia es, en este sentido, una oportunidad para revisar los temas pendientes, desde luego los de fondo, y dar un impulso decisivo a  la transformación del Estado y a las condiciones materiales para el bienestar: en un supuesto ideal, la alternancia debería traducirse en un nuevo pacto social.

De manera que, el reto para Puebla –para el Estado y la  Sociedad- es que la alternancia como hecho histórico, dé lugar a un proceso democrático que permita avanzar en la solución de los grandes problemas. Si esto no se diera, entonces la alternancia quedaría como un accidente histórico de la democracia.

La alternancia, como hecho político históricamente  relevante y la transición democrática, como proceso capaz, eventualmente, de transformar instituciones y estructuras,  discurrirán entre el ser y el deber ser. Los equilibrios de poder al interior del nuevo grupo gobernante y entre éste y la oposición o, entre el gobierno entrante y los  medios de comunicación o, con los empresarios o el gobierno federal; tenderán a reafirmar el poder refrendado en las urnas, es inevitable, es natural que así sea. Lo  fundamental en todo caso es, la forma y los fines del ejercicio del poder.

Más allá de la reforma de los poderes y del perfil del nuevo gobierno, existe expectativa sobre las nuevas reglas del juego; así sea entre empresarios, presidentes municipales, universidades o medios de comunicación. En tal sentido, me parece oportuno volver al tema de la revisión del pacto o contrato social.

 Más que un antídoto contra posibles rupturas, que en una sociedad viva y de contrastes seguramente se darán, creo que el nuevo pacto social debería ser un elemento de cohesión en torno al proyecto común que demanda nuestra Puebla. Esa sería la virtud de la alternancia y la posibilidad de que se transmute en transición democrática. Un evento histórico, como éste,  quizás no se repetirá en muchos años, es una oportunidad  para el Gobierno electo y para la sociedad. Convertir la alternancia en oportunidad de cambio y renovación, definitivamente precisa de un nuevo pacto, contrato o acuerdo social como se quiera denominar. En este sentido, todos los sectores y los grupos de interés tendrían la posibilidad de realizar su cometido con certidumbre.

Lo pertinente es partir de lo fundamental: que los integrantes del nuevo gobierno asuman que tienen un mandato ciudadano para servir, no para ejercer un poder sin límites o en provecho propio; y que la sociedad  y sus sectores estén dispuestos a participar con responsabilidad en la construcción de una Puebla más justa. Desde luego que existe la intención natural del Gobernador (electo) de poner su impronta en el ejercicio del poder; por supuesto que hay un cúmulo de intereses en juego y también contradicciones de difícil solución. De ahí que, el nuevo contrato social debe construirse con una enorme lucidez y determinación para poner por encima de los intereses parciales, el futuro de Puebla.

De lo que ha trascendido a los medios, se deduce que existe una cierta dificultad para integrar un gabinete de un gobierno que proviene de una alianza pluripartidista y en sentido formal pluriclasista.  ¿Cómo representar en el gobierno de manera equitativa y pertinente a tal alianza? Sólo el gobernador electo puede definirlo, por que además es una facultad constitucional exclusiva.

Finalmente, más allá de las formas, la transición debe orientarse a los problemas de fondo. La pobreza y la desigualdad amenazan en convertirse en elementos disruptivos. Estamos perdiendo a una parte de las nuevas generaciones, por falta de oportunidades. Puebla necesita hoy más que nunca un gobierno honesto y congruente, ajeno a cualquier atisbo  patrimonialista en el ejercicio del poder y los recursos públicos. Un gobierno austero y con espíritu republicano, que respete a los poderes y a los municipios.  Un gobierno que promueva la cohesión y la corresponsabilidad social . Un gobierno que deje atrás la soberbia y sirva a los poblanos con humildad.

Las ideas anteriores, no son nuevas, las escribí el 31 de enero del 2011, previo al inició del gobierno de Rafael Moreno Valle: la alternancia no se transmutó  en transición hacia la democracia, la justicia y la igualdad, como esperábamos. Tampoco se dio un nuevo pacto social. Después de 8 años, y de un breve  y discreto interinato,  cambia nuevamente el partido en el poder.

Ahora, en la era de Luis Miguel Barbosa, somos espectadores de  una segunda alternancia, es decir; una nueva oportunidad de que este hecho se convierta en un proceso de  cambio  verdadero de las estructuras institucionales, económicas y sociales.

Los problemas de fondo son, en esencia,  los mismos, el contexto es radicalmente  diferente. La transición de nuestro estado, cualesquiera que esta sea , se dará en el marco  de las transformaciones emprendidas por el Presidente López Obrador a través de la 4T. Estamos  ante un  tercer proceso de alternancia nacional que es, propiamente, una tercera vía. El  cambio  de régimen, que está en construcción,  requiere respuestas e iniciativas  locales a la vez incluyentes,  imaginativas  y eficaces que , venturosamente, están ya en el debate público y en el esbozo del proyecto del nuevo gobierno.