La decisión ciudadana de construir aeropuerto en Santa Lucía, en lugar de Texcoco, Estado de México, que tiene como respaldo un abundante conjunto de análisis técnicos, que sustentan que el Proyecto Aeroportuario del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, representa un menor costo político, económico, social y ambiental, pone fin también al saqueo, a la corrupción y la opacidad entre las autoridades y los negocios al amparo del poder.

Muy distinto de lo que pregonan los detractores que ven peligrar sus intereses aviesos con la llegada de la Cuarta Transformación, no se trata ni por asomo de una “guerra” contra los empresarios.

La determinación que asume y obedece los resultados de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) lleva también el compromiso del nuevo gobierno federal de que en tres años estarán operando tres aeropuertos, los que darán solución a la demanda de los próximos 40 o 50 años.

Esta decisión, con base en la voz de la mayoría de los ciudadanos, y que pone a México como un ejemplo de democracia a nivel mundial, finiquita el perverso despojo de las tierras expropiadas para negocios de los políticos.

Como senadores, entendemos muy claramente que en esta Cuarta Transformación se debe acabar de tajo con el sometimiento del poder político a los intereses económicos.

La opción de Texcoco, impulsada por una oligarquía, comprometía inversiones y negocios para 50 a 100 años; una deuda durante 20 periodos sexenales es lo que iba a costar este capricho.

La determinación -como estableció López Obrador- es obedecer el mandato de los ciudadanos, pero no solamente para la construcción de la terminal aérea, sino con un fondo más importante: poner un freno definitivo a la corrupción y a la complicidad entre las autoridades y los negocios al amparo de la opacidad.

El proyecto anterior contaba apenas con 15 por ciento de avance y un gasto de más de 13 mil millones de dólares.

Sin embargo, el impacto ambiental fue negativo, pues destruyó el refugio para aves migratorias; desgajó decenas de montañas del Estado de México; arrasó con terrenos agrícolas y alteró el milenario paisaje de la Ciudad Sagrada de Teotihuacán.

Esto, sin contar con que, de continuar su construcción, ese aeropuerto generaría un crecimiento urbano acelerado en una zona que actualmente sufre por desabasto de agua y sobreexplotación de acuíferos.

Encima, se tiene reportado que al menos 180 minas a cielo abierto se trabajaron para la obtención de los materiales pétreos para la construcción de ese aeropuerto, lo que significó la destrucción de cerros en los municipios de Texcoco, Acolman, Tezoyuca, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Otumba, Axapusco, entre otros.

Con la decisión que tiene el respaldo absoluto de senadores y diputados federales, se pone también énfasis en defender a los productores campesinos y jornaleros.

Las voces que hoy lamentan el fin de estos negocios oscuros, jamás han pronunciado una palabra para denunciar la pobreza y proponer soluciones; han sido mudas a las injusticias sociales, al saqueo de políticos corruptos, a las violaciones a los derechos humanos de indígenas y migrantes.

¿Dónde estuvieron todo este tiempo?

La decisión sobre el NAIM no es una guerra contra los empresarios genuinos y legítimos.

Es una división clara, una frontera infranqueable, entre poder económico y poder político, porque el gobierno de la Cuarta Transformación, que está por iniciar, tiene un mandato para todos, no para un grupo, no será un gobierno al servicio de una minoría.

Es el gobierno del pueblo que velará por el interés general.