La estrategia propuesta por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, para renovar los programas del Gobierno Federal en los Estados y construir nuevas bases para la coordinación intergubernamental es un tema de política pública pertinente y complejo. Además de la racionalidad administrativa, presupuestal y de transparencia que motiva la iniciativa, conviene abordarla de manera integral a través de una nueva visión de Gobernanza y Desarrollo Territorial Sustentable.

Se trata de un problema estructural del desarrollo y de sus instrumentos. México tiene una larga tradición en torno al desarrollo territorial: desde la planeación nacional y regional impulsada por el presidente Cárdenas, pasando por el impulso a las cuencas hidrológicas, la creación de polos de desarrollo industrial y turísticos, los programas de Desarrollo Rural Integral y Regional en los 70 y las estrategias de desarrollo social y productivo en las microrregiones.

Un punto de inflexión se dio con el Programa Nacional de Solidaridad que dio paso a un intenso proceso de construcción de redes sociales y de participación social y comunitaria. 

A partir de 1994, la política social se focalizó y abandonó el método participativo, al tiempo que la estrategia de modernización puso énfasis en la planeación sectorial, dejando el desarrollo regional y urbano prácticamente a la iniciativa de los gobiernos locales. 

Al mismo tiempo, en 1997, se dio un proceso acelerado de descentralización de recursos (Ramo 33), a estados y municipios, y una asignación creciente de los federales (Ramo 23), sin visión ni planeación regional estratégica ni controles rigurosos del gasto. El resultado: dispersión e ineficacia del gasto para contener las desigualdades sociales y regionales. En cuanto al Sistema de Planeación se ha tornado en un ejercicio meramente formal y burocrático. Cabe destacar que la asignación, control y evaluación de estos fondos fue normada en la Ley de Coordinación Fiscal y no en la de Desarrollo Social, cuya aprobación se pospuso hasta años después. 

A lo anterior, se agrega la ausencia de estrategias de organización, capacitación y participación social y comunitaria, en torno a programas y proyectos. La realidad es que se ha perdido el aliento y la energía del trabajo de los pueblos y comunidades. 

En el ámbito de la gobernanza, en la actual administración se dio la tentativa de dar coherencia y sentido al trabajo de las delegaciones federales a través de la coordinación a cargo de las delegaciones de la SEGOB: el proyecto no fue exitoso por las disputas políticas y burocráticas. De este modo, la presencia del gobierno federal en el territorio se ha dispersado. De hecho, la Auditoria 69-GB Transferencias Federales a Gobiernos Locales de la ASF puso énfasis sobre la desarticulación entre la asignación de recursos y la planeación del desarrollo regional y urbano. 

La consecuencia más grave de este proceso de deterioro institucional es el debilitamiento, si no es que la pérdida, de las bases sociales del Estado mexicano. Los vacíos, junto a los efectos disruptivos de la desigualdad y la pobreza, han sido ocupados por grupos de poder patrimonialistas y, lo más preocupante, por el crimen organizado y la delincuencia común. 

En este contexto, el propósito de una estrategia de Estado para la recuperación del territorio debe dirigirse a fortalecer la acción y presencia del Estado Mexicano en favor de la seguridad, la justica, el bienestar y el desarrollo sustentable de las comunidades, pueblos, ciudades, regiones y las zonas metropolitanas.  

Tratándose del territorio, es inevitable la concurrencia de las estrategias de régimen y de partido. Tales estrategias son legítimas y necesarias para todo gobierno en la medida que sus bases sociales son fuente de legitimidad y a la vez de fortaleza del Estado y sus instituciones, más aún en condiciones como las que vive el país, caracterizadas por una extendida fragmentación del tejido social. 

Pero es fundamental que tal estrategia se apegue a la Constitución y a las Leyes. Se debe tener especial cuidado en la definición del territorio sobre el que se va a actuar. En principio los ámbitos nacional, estatal y municipal establecidos como órdenes de gobierno en la Constitución, deben preservar sus ámbitos de rectoría del desarrollo nacional, soberanía de los estados y libertad de los municipios. De modo que se fortalezca el federalismo el que, en la dimensión de una IV Transformación que aspira a ser parte de la historia, deberá de ser sujeto de una reforma de mayor calado. 

En cuanto a las unidades territoriales de la estrategia más que por distritos -electorales como ya se ha anunciado siendo motivo de crítica a la legitimidad de la estrategia- es conveniente reflexionar sobre otras alternativas: regiones y zonas metropolitanas. Sobre estas últimas son aplicables las disposiciones de la nueva Ley General de Asentamientos Humano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. (Artículo 8, Fracciones VIII, IX y XVII). 

En todo caso, es indispensable un análisis jurídico riguroso que dé sustento a la estrategia de gobernanza territorial, más aún cuando se tiene el propósito de que los programas prioritarios se materialicen a partir del primero de diciembre y se arraiguen en reformas de fondo en el mediano plazo. 

[El documento es más amplio, para consultarlo en su totalidad dé click en la siguiente liga: http://profundidad.e-consulta.com/documentos/Las%20nuevas%20Delegaciones%20Federales.pdf]