México vive la peor crisis de seguridad en su historia reciente. Esto nadie lo puede dudar. Las cifras confirman que, tanto en el país como en Puebla, 2017 será el año más violento desde que se tiene registro, es decir, poco más de veinte años. En este año han sido asesinadas en nuestro estado 752 personas hasta octubre. Esto es 100 más que 2012, que había sido el año más violento hasta entonces. Esta crisis de seguridad nos ha afectado a todos de alguna manera: todos tenemos historias de alguien que ha sido víctima de la inseguridad.

Llevamos más de diez años de “guerra contra el narcotráfico” y la situación parece empeorar mes con mes. Después de diez años de violencia, lo lógico hubiera sido que los gobiernos federal y estatal hubieran modificado la estrategia hasta ahora fallida. En vez de presentar una estrategia basada en el fortalecimiento de las instituciones de impartición de justicia y la mejora de las fuerzas policiales estatales y nacionales, hoy, el PRI y parte del PAN quieren legalizar la militarización que ha sembrado nuestro país y nuestro estado de muertos. Resulta extremadamente preocupante que un gobierno al que le queda menos de un año en funciones decida unilateralmente, y sin una discusión amplia sobre el tema, aprobar una ley que ha sido criticada internacionalmente por su falta de controles y por el riesgo que representa para los derechos humanos.

El objetivo del gobierno y de sus aliados es claro: la militarización del país sin una alternativa a mediano y largo plazo para reemplazar al Ejército por fuerzas civiles. El alto comisionado para los Derechos Humanos para Naciones Unidas en una carta mostró su preocupación por las consecuencias que la aprobación de esta ley puede tener en el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. También, señaló algo que nosotros hemos repetido hasta el cansancio, pero que ha caído en oídos sordos aquí en Puebla y en el Senado: no habrá seguridad en la República mientras no tengamos policías capaces e instituciones sólidas.

El uso de militares para luchar contra el narcotráfico se pudo haber justificado hace diez años, pero después de una década es hora de tener un plan de seguridad pública. El uso de la fuerza por parte del Estado debe ser para mantener la paz y la democracia. La ley de seguridad no garantiza ni una cosa ni la otra. Peor aún, desaparece cualquier contrapeso para vigilar las acciones del Ejército: ni el Congreso ni la sociedad civil podrán tener control sobre las acciones y las posibles violaciones que emprendan las Fuerzas Armadas.

México atraviesa por su peor crisis desde hace dos décadas. Nadie puede negar esto. Por esta razón, por nuestro futuro y el de nuestros hijos debemos replantear la discusión, ya no en términos de guerra, sino de seguridad pública. Sí, es inviable que el Ejército desaparezca de inmediato de las calles, pero debemos de empezar a discutir cómo lograremos la paz. Fortalezcamos nuestras policías, construyamos verdaderas instituciones de justicia. Lo peor que podríamos hacer es perpetuar la misma receta que hemos seguido en una década y que sólo ha llenado a nuestro país de muertos. XXX TWITTER: @MBarbosaMX