Nuevamente se acaba de modificar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios para disminuir restricciones en el uso de sus excedentes y poder canalizarlo al gasto corriente, así como disminuir los requisitos para la contratación de deuda. La aprobación en el Congreso fue abrumadora. Esta modificación coincide con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que volvió a aumentar los montos autorizados para los gobiernos estatales y municipales.

Mientras el presupuesto global aumentó 3.1% en términos reales respecto de 2017 hasta llegar a casi 5.3 billones de pesos, el monto destinado a estados y municipios creció aún más. No parece haber coincidencia en esos dos hechos, sino un deliverado aumento de egresos para gastos corrientes. Es decir, sueldos, papelería, gasolina, publicidad, etcétera. La suspicacia pública apuntó hacia la posibilidad de gastos extraordinarios en el próximo año de elección, que a su vez será extraordinaria. Se harán concurrentes con la elección presidencial 8 entidades estatales y la Ciudad de México junto con sus congresos locales o asambleas, el Congreso de la Unión y la mitad del Senado, así como los presidentes municipales de 24 entidades federativas, que equivalen a más de dos terceras partes de los ayuntamientos del país.

Se necesitará muchísimo dinero, por “poco” que cuesten las campañas. Estamos hablando de miles de millones de pesos, aún si hacemos un cáculo conservador.

Al mismo tiempo, existen otras fuentes de recursos que llegan a ser totalmente discrecionales. Aquellos fideicomisos privados que tienen ingresos del impuesto a la nómina tan generalizados en la mayoría de las entidades federativas siguen vigentes. El cambio de gobernador, muchas veces de un partido distinto al anterior, no ha sido suficiente para que se desactiven esos mecanismos de endeudamiento sin los debidos controles constitucionales. Son controles elementales, como que las obligaciones deben ser autorizadas por el Congreso local, el tiempo y monto de los compromisos debe tener sus límites, etcétera.

El monto de las obligaciones de esta naturaleza, a través de Asociaciones Público Privadas o de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios realmente se desconoce. Dado que se trata de recursos locales, la Secretaría de Hacienda no tiene facultad para fiscalizarlos ni tampoco los estados tienen la obligación de registrarlos ante Hacienda. El problema con estos fideicomisos es que su uso puede ser idóneo para utilizarlos en el financiamiento ilegal de campañas políticas, pues se puede gastar prácticamente en lo que sea, por el monto que sea y sin escrutinio público.

Estas obligaciones también han aumentado en muchas entidades y ya absorben la mayor parte de los ingresos que genera el impuesto a la nómina. Por ello, para los gobernadores resulta muy difícil reducir la tasa impositiva. No tienen margen de maniobra. No obstante, algunos candidatos prometieron hacerlo de llegar a la gubernatura. Tal es el caso del gobernador Tony Gali de Puebla, quien prometió reducirla de 3 a 2%. Su administración es corta por la homologación de los calendarios electorales aprobada por el Congreso del estado (menos de dos años), y por tanto lleva ya aproximadamente la mitad de su mandato. Prometió reducir la tasa del impuesto a la nómina y ahora se tuvo que retractar con los empresarios. Ya no lo hará, aunque ha dicho que de alguna manera regresará recursos a los causantes de ese impuesto. Perdonen la suspicacia pero eso está por verse.

O también puede ser que las necesidades de gasto le obligaron al gobernador Gali a romper su promesa y mantener sin cambio la tasa del impuesto. ¿Será que los gastos de campaña van a ser tan grandes que no le permitieron cumplir su promesa de reducir la tasa del impuesto a la nómina? Podría ser, sobre todo porque en ese fideicomiso cabe todo, y nadie sabe cuánto hay ahí ni en qué se gasta.

@ecardenassan