La aprobación en comisiones legislativas de los cambios constitucionales que materializan el Plan C de López Obrador, junto con el otorgamiento de la sobrerrepresentación por el INE y la ratificación del Tribunal Electoral, hacen inminente el cambio de régimen político en México. Se afianzará una autocracia “electoral”, con plena concentración del poder, apuntalada por las Fuerzas Armadas y en amasiato con el crimen organizado. Los ciudadanos habremos perdido innumerables derechos y México dejará de ser una democracia insipiente. La experiencia internacional muestra que, cuando se pierde la independencia del árbitro electoral y de los jueces, y se legaliza la amenaza a la privación de la libertad por cualquier motivo, el retorno a una vida medianamente democrática toma decenios.

La mayoría votó por Morena y por sus aliados (en una elección de Estado, por cierto), y luego la chapuza del INE y del Tribunal agrandaron el triunfo de manera que el presidente saliente y la presidenta electa podrán modificar la Constitución para cambiar nuestro régimen político, y de facto crear una nueva Constitución. El electorado votó a sabiendas de lo que estaba en juego, aunque no sé si plenamente consciente de lo que implicaba. Quizás cometieron el mismo error que muchos británicos al votar por el Brexit.

Para quienes no votamos por Morena, y para quienes votaron por Claudia Sheinbaum, pero no lo hicieron por Morena y sus aliados en el Congreso (46% de los votantes), la 4T nos está cambiando el país sin tener ese mandato de las urnas. La mayoría calificada no fue concedida en la votación, menos para cambiar el régimen político. Hay resistencia valiente, como el paro de los jueces, magistrados y el personal del Poder Judicial de la Federación, y de muchos otros grupos nacionales y extranjeros que se están movilizando y están alzando la voz para advertir los riesgos. Incluso una convocatoria a un paro nacional el miércoles próximo.

Ha habido muchas advertencias. La detención de El Mayo Zambada y la de uno de Los Chapitos, reflejan el nivel de “cooperación y confianza” entre ambos países en temas de seguridad y de combate al crimen organizado. Otra, muy significativa, vino del embajador de Estados Unidos, quien específicamente señaló que su gobierno no ve con buenos ojos la reforma judicial y otras más del Plan C. A esa voz se sumaron el embajador de Canadá, el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post, así como The Economist y otros medios influyentes del mundo, que advierten los riesgos políticos y económicos.

En su columna de El Universal del 17 de junio pasado, Luis de la Calle, uno de los expertos de los tratados comerciales, detalló las violaciones que implica el Plan C al T-MEC. Se concentró en solo tres de ellas: la pérdida de independencia del Poder Judicial, la desaparición de los órganos reguladores que garantizan autonomía en sus decisiones, y la conversión de Pemex y CFE nuevamente en compañías paraestatales. En esa columna detalla la violación de diversos preceptos del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, del Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, y del tratado con la Comunidad Europea (el actual y el renovado que aún no se ha firmado). Esas violaciones se refieren a la necesidad de independencia del Poder Judicial para dar certidumbre jurídica; a la independencia y autonomía de los reguladores para asegurar que las empresas extranjeras gocen del mismo trato que las nacionales; y que las empresas públicas no sean competidoras desleales de las privadas. El tratado pretende dar seguridad jurídica para promover la inversión y el intercambio.

Los pasos que dio México para establecer esas instituciones y reforzar un régimen político democrático fueron condiciones necesarias, indispensables, para que Canadá y Estados Unidos estuvieran dispuestos a firmar el TLC y atraer inversionistas que inyectaran su capital en México. El ahora T-MEC le ha permitido a nuestras empresas y trabajadores el acceso a los más grandes mercados del mundo, y a los consumidores la disponibilidad de bienes y de servicios de alta calidad a un precio competitivo. Gracias al tratado podemos comprar toda variedad de bienes provenientes de todo el mundo, a precios bajos, comunicarnos a Estados Unidos sin pagar extra, etc. Se dice fácil, pero el tratado ha sido pieza clave del desarrollo de México, y especialmente de la región centro-norte, que es la que más se ha beneficiado por la cercanía geográfica y la inversión enfocada al intercambio comercial.

El contenido de las reformas del Plan C violenta los tratados comerciales. Simplemente no son compatibles. Cuando se apruebe la reforma judicial y las otras iniciativas, ¿cuánto tiempo le tomará a nuestros socios llamar a cuentas a México? ¿Serán suficientes las violaciones para que esos países prefieran cortar por lo sano y abandonar el tratado? ¿Se atreverán? Si quieren, lo pueden hacer fácilmente. Una carta basta. El T-MEC, en su artículo 34.6 dice, a la letra: “Una Parte podrá denunciar este Tratado mediante la presentación de una notificación por escrito de denuncia a las otras Partes. Una denuncia surtirá efecto seis meses después de que una Parte presente la notificación por escrito a las otras Partes. Si una Parte lo denuncia, este Tratado entrará en vigor para el resto de las Partes”.

¿Qué consecuencias podría tener este rompimiento? Devaluación del peso, cancelación de inversiones extranjeras y nacionales, desempleo, empobrecimiento del país. Este panorama fácilmente pudiera ser el contrario: aprovechar el nearshoring para estimular la inversión, más empleos, más bienestar y movilidad social, etc. ¿Es difícil entenderlo? ¿Por qué tirar todo por la borda?