La distribución de funciones en el servicio público existe para atender de manera amplia, ordenada y oportuna a la ciudadanía. En este sentido, y ante la necesidad de contar con pesos y contrapesos en la toma de decisiones, se concibió la existencia de los tres poderes y órdenes de Gobierno del Estado.

Los Ayuntamientos son parte fundamental del funcionamiento social y de la administración pública. Son en teoría, el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, de ahí la importancia de que sus decisiones se tomen atendiendo el interés social.

Los Municipios tienen a su cargo diversas funciones y servicios, sin los cuales estaría tropezado el funcionamiento social; se perdería el orden e incluso la legalidad y gobernabilidad.

En el Congreso del Estado tenemos clara la importancia de la división de poderes, al igual que las funciones que como representantes populares tenemos. Somos respetuosos del funcionamiento de los Municipios, sin apartarnos de la gestoría que debemos realizar para hablar por la gente, para la atención oportuna de sus necesidades.

En la práctica es común observar el incumplimiento de ciertas atribuciones por parte de las autoridades, situación que se presenta por desconocimiento, ignorancia, falta de compromiso y sensibilidad, o simplemente por ineficiencia.

En el municipio de Tehuacán los reclamos sociales por la incorrecta prestación de servicios es constante. Los habitantes,  el pueblo o la comunidad, alza la voz constantemente, por la falta de seguridad, por deficiencias en los servicios de limpia, pavimentación, movilidad y alumbrado; y señalan actos de opacidad, corrupción y abuso de autoridad. Tal es el caso que al Congreso del Estado ingresó una solicitud para la intervención del legislativo en un asunto que involucra al Ayuntamiento de Tehuacán y a comerciantes del Municipio, situación que ha tenido consecuencias para la ciudadanía en su conjunto.

Los trabajos para la instalación y funcionamiento del Mercado Municipal Licenciado Benito Pablo Juárez García, lejos de promover la formalidad, el orden y desarrollo, a decir de la ciudadanía, se ha convertido en uno más de los motines para lucrar y enriquecerse.

De acuerdo al dicho de comerciantes informales, supuestos beneficiarios de la creación del nuevo mercado, lejos de que las autoridades municipales actúen con legalidad y justicia, han visto en la obra una ocasión más para hacer negocio y enriquecerse.

Tal es el caso que parte de las acciones denunciadas son el trato prepotente y la exclusión en la asignación de espacios, con los cuales se ha favorecido a locatarios de otros mercados, poniéndose incluso a la venta los mismos; el desalojo violento y la destrucción de mercancías de las personas que lo único que buscan es acercamiento, diálogo y contar con una forma honesta para construir un patrimonio; además del desinterés por parte de la Presidenta Municipal para poner fin a los abusos presentados en este y otros asuntos.

Lo anterior retrata fielmente el comportamiento de diversas autoridades, de aquellas de las que la sociedad no quiere saber más. Retrata la cotidianidad de un pasado en el que las autoridades se preocupan más por salir beneficiados que por brindar resultados que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Además, ponen en permanente duda el funcionamiento público, lo que lleva a cuestionar los por qués y para qués de las decisiones del Gobierno.

Tal es el caso del Mercado Municipal y de las acciones que debieron tomarse para hacer posible su funcionamiento. Ante el supuesto comportamiento ilegal, los abusos y excesos reportados, para los Tehuacaneros surgen muchas dudas, como si la adquisición del predio se hizo de manera legal y justa; si existió conflicto de interés y moche en la asignación de obra del mercado; si el pago del inmueble se hizo con las partidas presupuestales adecuadas; y si son ciertos los señalamientos sobre la aparente venta de espacios por cantidades que van de los cincuenta a los ciento cincuenta mil pesos.

El punto es, como ciudadanos y autoridades, debemos tener en claro lo que nos toca para abonar al desarrollo y la sana convivencia. Para todos es común la obligación de conocer y respetar la ley, defender y promover lo justo.

Debemos promover el Estado de derecho, aquel que reconoce derechos, impone obligaciones y dispone sanciones para quienes incurran en conductas antijuridicas y abusivas, como las reportadas en Tehuacán, tierra de todos y de nadie.