Las movilizaciones en Veracruz y Puebla, sumadas a la indignación mostrada en redes sociales y medios masivos de comunicación, lograron lo que no pudieron las muertes de cientos de poblanas y la obligación de prevenirlas y castigarlas: La coincidencia sobre la necesidad de declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad.

Hoy, quienes descalificaron y desestimaron la alerta, se pronuncian por su emisión.

Y es que, la actuación por interés y no por convicción y compromiso se hace evidente cuando nuestras palabras no se acompañan de acciones y resultados concretos.

En lo personal mi actuación, incluso antes de haber solicitado la emisión de la Alerta, ha sido congruente y consistente. En total, de las 164 iniciativas presentadas, 42 han sido con perspectiva de género a fin de contribuir como legisladora, poblana y mujer, en la prevención y erradicación de la violencia de género.

El bloqueo de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género fue casi total al interior de este Congreso, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Gobierno estatal saliente, por las instancias de procuración y administración de justicia, increíblemente por el Instituto Poblano de las Mujeres, así como por un sector de la iniciativa privada.

Además, aun cuando se reconocieron una serie de inconsistencias e incumplimientos, se optó por otorgar un nuevo plazo junto con nuevas recomendaciones, cuando lo que procedía era declarar la alerta.

El artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: “En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen”.

Es decir, la ley dispone que ante el incumplimiento de las recomendaciones, sea este total o parcial, y ante el evidente incremento de la violencia de género contra la mujer, lo cual se admite dentro de la resolución citada, se debió emitir la Alerta de Género, por lo que se está en la obligación de corregir el criterio y la determinación emitida el mes de julio pasado.

Es oportuno solicitar a la SEGOB, a través de la CONAVIM, que reconsidere la resolución emitida dentro del procedimiento que ella misma dejó abierto con la presentación de nuevas recomendaciones y plazos para su cumplimiento.

Las cosas se dicen mejor haciéndolas. En vista de ello hago un llamado a la sociedad, al Gobierno, a la iniciativa privada y al propio Congreso del Estado para que hagamos lo que nos corresponda, reconsideremos y corrijamos el criterio de la resolución emitida en julio del presente año y en consecuencia emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.