Hay quien afirma que el comportamiento de una persona es reflejo de su educación. Este comentario se aplica a menudo para señalar los actos de un individuo en situaciones diversas y la manera en que aborda sus relaciones interpersonales. Más allá de que estemos de acuerdo o no, lo cierto es que es difícil ignorar la variable educativa cuando nos encontramos con opiniones que adolecen de una reflexión cuidadosa o que por lo menos consideren otras realidades además de las propias.

Me explico. Hace poco leí un comentario en redes sociales en una publicación que abordaba el tema de la inconstitucionalidad del programa de las fotomultas, en donde un usuario se quejaba de tener que “conducir a la ridícula velocidad de 30 km/h” en el Boulevard 5 de mayo. El hecho de que existan cientos de personas que apoyen opiniones como esta me hizo pensar en dos cosas: primero, en la gran desinformación que existe sobre la función de los límites de velocidad en las ciudades; y segundo, en la urgencia de desarrollar una conciencia vial en sus habitantes, que dicho en otras palabras, significa educar sobre el tema.

La Organización Mundial de la Salud publicó en 2015 el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial, en donde se señala que los límites máximos de velocidad en vías urbanas deberían ser inferiores o iguales a 50 km/h, en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Este parámetro es respetado en casi todos los países de Europa, así como en Canadá, Australia y Japón. ¿Y sabe qué es curioso? La mayoría de estas naciones han implementado programas similares a la fotomulta.

Hace unos meses el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México declaró inconstitucional el cobro de la fotomulta bajo el argumento de que la misma viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política Mexicana. Debido a que las disposiciones del reglamento de tránsito de la Ciudad de México son similares a las del Estado de Puebla, diversos expertos afirman que esto marca un precedente para que los ciudadanos tramiten amparos a nivel local en contra de las fotomultas.

Julio Jiménez, especialista en derecho constitucional entrevistado por El Universal, menciona que este tipo de multas son inconstitucionales porque, además de que no se está infraccionando directamente a la persona, estas son “operadas, administradas y cobradas por empresas particulares que no son autoridad”. Afirma también que “las fotomultas no están atendiendo el tema de prevenir los accidentes; la gente que quiere conducir a altas velocidades lo hace haya o no haya fotomultas”.

Este último comentario de Jiménez, más que reforzar su opinión acerca del fracaso de la medida, me parece un reflejo preocupante de la manera en que las personas se comportan tras el volante. Además, el hecho de que exista gente a quien no le importe recibir una multa por exceso de velocidad tampoco demuestra la ineficacia de la fotomulta en los esfuerzos por evitar los accidentes viales. En realidad, existe numerosa evidencia internacional que prueba que el uso de “speed cameras” o cámaras de tránsito sí influye en la reducción de la velocidad de manejo y el número de colisiones. Por ejemplo, en el documento “Speed cameras for the prevention of road traffic injuries and deaths” se analizan 35 estudios cuyos resultados coinciden en señalar que las cámaras de tránsito son un buen recurso para ayudar a disminuir el número de lesiones y muertes provocadas por conducir a exceso de velocidad.

Es cierto que por sí sola la fotomulta no resuelve el problema de manejar a altas velocidades, por lo que la medida debería estar acompañada de acciones complementarias relacionadas con la educación vial. Países como Finlandia y Noruega, referentes mundiales por sus procesos educativos, incluyen la enseñanza de las normas de tránsito peatonal y vehicular en el currículum de las escuelas. Noruega incluso fue reconocida el año pasado con el Road Safety PIN Award por reducir el número de accidentes y por las tareas implementadas para su prevención. Otro europeo, Hungría, recibió este premio en 2012 por conseguir, entre otras medidas, endurecer las sanciones a los infractores aplicando el cobro de fuertes multas económicas. Esta medida ayudó a que la nación redujera la mortalidad producida por accidentes viales en un 49%.

En América Latina, los únicos países que han implementado medidas eficaces sobre los límites de velocidad han sido Ecuador, Paraguay y Uruguay. Este último cuenta con una de las mejores estadísticas a nivel mundial en cuanto al crecimiento de su educación y calidad de vida. Uruguay también aborda la educación vial a través de sus escuelas, lo que incluye la publicación de manuales y la implementación de la Escuela de Tránsito para Niños en la Intendencia de Montevideo.

Creo que toda la problemática alrededor de la fotomulta es reflejo de nuestra educación. Es cierto que el programa debe regularse, transparentarse y estar acompañado de medidas complementarias, pero considero que sería un grave error promover su desaparición. Además, es preciso que cada uno de nosotros lleve a cabo un proceso de “deseducación” en donde olvidemos viejas prácticas que por años hemos replicado al momento de conducir. Utilicemos la luz direccional para cambiar de carril, cedámosle el paso al vehículo que busca incorporarse a la vialidad y, sobre todo, respetemos a los más vulnerables en nuestro tránsito por las avenidas. Deshagámonos de la idea de que manejar a alta velocidad es sinónimo de un buen conductor. Todo automovilista debería ser capaz de desarrollar una conciencia vial en donde él mismo se coloque al final de la escala de privilegios en su trayecto por las calles de esta ciudad. Y en última instancia, ¿sabe cuál es la solución más sencilla para evitar que le impongan una fotomulta? Respetar los límites de velocidad.