Así rezan los anuncios espectaculares, que penetrados por una pestilencia a lambisconería sembraron, por indicación de alguien interesado en adular al presidente Peña y, de paso, autoelogiarse (léase Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes), a lo largo del Paso Exprés Tlahuica, con la finalidad que algún tonto creyera que los usuarios de esa vialidad y los habitantes de la zona donde está enclavada, agradecían a Peña Nieto, derramando por la boca chorros de felicidad, la construcción de esa costosísima y fallida obra pública. Nada más alejado de la verdad que esto.

Inicialmente se presupuestaron mil 45 millones de pesos para llevarla a cabo. Terminó costando, no a Peña ni a su socio Ruiz Esparza, sino a los mexicanos que pagamos impuestos, 2 mil 231 millones. O sea que la secretaría de Hacienda autorizó un incremento superior al 100% de lo anteriormente presupuestado.

Los ridículos anuncios que expresaban un falso “¡Gracias Señor Presidente!”, fueron rápidamente retirados el mismo 12 de julio, día en que el socavón de poco más de 10 metros de longitud y 5 de profundidad, colapsó la vialidad de “10 carriles”  que tendrían una “durabilidad” de 40 años,  que 3 meses atrás inauguró Peña Nieto.

Ciertamente, el miércoles 5 de abril de 2017, Peña puso en servicio el Paso Exprés Tlahuica, en medio de una gran parafernalia ─muy a su narcisista estilo─, donde un grupo de soldados amaestrados le rindieron honores militares, en presencia de los gobernadores Graco Ramírez de Morelos, Héctor Astudillo de Guerrero y Eruviel Ávila del estado de México, del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y de la ex izquierdista y ahora convencida priista, Rosario Robles, titular de la SEDATU y otras personalidades de menor rango y fulgor.

Noventa y ocho días después de ser inaugurada esa obra pública, el  socavón que se abrió en ella, la convirtió en el paso de la muerte, al tragarse un automóvil donde viajaban dos personas que no tardaron en fallecer por asfixia.

A pocas horas de ocurrido el siniestro, cuando aún no se iniciaba el peritaje que determinará  las causas que lo ocasionaron, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se adelantó a diagnosticar que el percance fue originado por “las lluvias atípicas y la acumulación de basura en las alcantarillas.”

El diagnóstico  del titular de la SCT, es idéntico al que, un día sí y otro también, hace el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para justificar las cotidianas e injustificables inundaciones ─de 50 o 60 centímetro de altura─ que agobian a  la capital del país, cada vez que llueve y que él, optimistamente califica de “encharcamientos”.

Con su prematura y apresurada declaración, el secretario Ruiz Esparza, causó la impresión que “dio línea” a quienes les fue encomendada la tarea de efectuar el peritaje que el caso amerita. No se puede entender, ni explicar, de otra forma esta declaración, sino como  el propósito gubernamental de eximir de responsabilidad civil y penal, en su caso, a quienes hayan causado el socavonazo y la muerte de dos personas.

Existen diversas evidencias y elementos de juicio (declaraciones y copias de oficios de gestión de  servidores públicos municipales y  del estado de Morelos, así como de habitantes de la zona donde se construyó el paso de la muerte y fotografías, además de videograbaciones) que pueden fundamentar una denuncia de hechos en las procuradurías de Justicia de la República y del estado de Morelos, para se finquen responsabilidades específicas contra las constructoras Aldesa (española) y Epccor (mexicana), que tuvieron a su cargo los trabajos relacionados con la construcción del Paso Exprés Tlahuica.

Habrá que estar atentos al desempeño de estas constructoras, porque ambas, tienen asignadas por el gobierno de Peña Nieto otras obras. Aldesa participa en trabajos relacionados con la construcción de la torre de control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, donde podría ocasionar otro desastre peor al del socavón de Cuernavaca.

Desde luego que servidores públicos de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, de nivel federal y estatal, no están exentos de responsabilidad, cuando menos, por omisión, si no es que hasta por complicidad o negligencia.

Vecinos de la zona donde se produjo el desastre y funcionarios de los gobiernos local, como el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y estatal, como el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, han expresado que en diversas ocasiones advirtieron a representantes de la SCT los riesgos que se corrían por las deficiencias que presentaban algunos tramos del terreno donde está asentada la obra dañada.

Advertencias que fueron escuchadas pero no atendidas. 

Matías Quiroz Medina, declaró a un noticiario radiofónico que la secretaría de Comunicaciones, al día 13 de julio, todavía no entregaba oficialmente la obra supuestamente concluida.

Debido a la desenfrenada corrupción que desde hace muchas décadas existe en todos los ámbitos del gobierno federal ─y también  en los gobiernos estatales y municipales─ las obras públicas, salvo honrosísimas excepciones, presentan y han presentado grandes y graves defectos.

No porque la mano de obra de ingenieros, arquitectos y demás trabajadores de la construcción, así como los materiales que se emplean, sean de mala calidad.

Existen excelentes profesionales en la industria de la construcción e insumos de buena calidad. Lo que da al traste con las obras públicas es el diezmo que pagan o entregan los constructores a los servidores públicos que tienen la rentable y bien retribuida facultad de otorgar contratos de obra pública.

El dinero que empresarios ─grandes, medianos o pequeños─ entregan a servidores públicos  de nivel superior para que les sea adjudicada una obra o pagan para que les sea otorgada (ahí están los casos del consorcio brasileño Odebrecht,  de las constructoras mexicanas que forman el Grupo Higa y de la española Obrascón Huarte Lain (OHL) no va en detrimento de su bolsillo y menos, aún, de sus robustos capitales.

Sino va en perjuicio directo a la calidad o precio final de las obras públicas. Sean carreteras, puentes, presas, hospitales, escuelas, plantas generadoras de energía  eléctrica, mercados, y parques públicos, etc., etc., etc.

Grandes avenidas y calzadas, calles y hasta banquetas, no se diga de pequeños y grandes municipios, sino de ciudades como las de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Durango, Veracruz, Zacatecas y Morelia, para no citar otras, tienen calles, camellones y banquetas destrozadas, por la mala calidad con que fueron construidas.

Si se revisara la documentación que ampara las cantidades de dinero que se pagaron por construirlas o rehabilitarlas, se pensaría que es infraestructura urbana de ciudades como Berlín, Tokio o Londres.

Las cosas malas no se cuentan, pero cuentan mucho…

Odebrecht, como se sabe, es una empresa brasileña que ha repartido dinero en muchos países a cambio que le sean adjudicados contratos de obras públicas. En México, según reconoció un funcionario de ese consorcio constructor, repartió 10 millones 500 mil dólares por concepto de sobornos.

De ellos, a Pemex, otrora empresa, orgullo de México y de los mexicanos, por aquel cuento chino que narró Lázaro Cárdenas a nuestros padres y abuelos, de que el petróleo es ─o era─ nuestro, Odebrecht entregó, en calidad de cohecho, 6 millones de dólares, o sea, 120 millones de pesos.

Solamente dos personas pudieron haber recibido un soborno de ese tamaño. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y su allegado, el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. ¡Nadie más que ellos!

Pero aquí, en México no pasa ni pasará nada, porque México es el reino de la impunidad. Mientras en Perú, el ex presidente Ollanta Humala, fue detenido y encarcelado la tarde del viernes 14 de julio, por haber recibido, junto con su esposa Nadine Heredia tres millones de dólares por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Por los diversos elementos de juicio que existen, en el sentido de que servidores públicos de alto nivel, del gobierno del presidente Peña Nieto, han hecho negocio con los contratos de obra pública, cuando estamos a poco menos de un año de la elección presidencial del 1 de julio de 2018, quienes estamos en contra de la corrupción, los mexicanos debemos pensar que es necesario exigir a los candidatos a la presidencia, que no sean del PRI, el compromiso de que al triunfar cualquiera de ellos se auditen todos los contratos de obra pública que asignó el gobierno federal a empresas constructoras como Odebrecht, OHL, Grupo Higa, Aldesa, Epccor y otras más.