Los últimos días el estado de Puebla se ha teñido de actos violentos, miedo e inseguridad; la aparente tranquilidad de la que gozábamos los poblanos se ha fracturado y cada día que pasa problemáticas como asaltos a transporte público, estudiantes, peatones, feminicidios, asesinatos o enfrentamientos entre cuerpos policiacos y sociedad civil son tan frecuentes que los mismos ciudadanos han comenzado a cuestionar la capacidad de las autoridades estatales para hacer frente a estos hechos.

Actualmente vivimos un escenario de violencia que va más allá de las fronteras estatales, la zona denominada Triangulo Rojo se ha convertido en un foco que somete a cuestionamiento la capacidad de acción de las autoridades, tanto municipales como locales, para dar solución a un conflicto que está rebasando el desempeño institucional del Estado. Empero, implícitamente esta ola de violencia que rodea el fenómeno de los huachicoleros no está exento de la complicidad y la connivencia de los mismos funcionarios y ex funcionarios que desde sus espacios de poder y representación de manera permisiva dejaron que el problema de la extracción ilegal de combustible así como su comercialización se incrementara.

De toda este fenómeno ilegal existen claros responsables como Facundo Rosas y el mismo ex gobernador Rafael Moreno Valle, bajo la tutela del primero, la extracción ilegal se potencializó e inclusive se apunta al mismo personaje como el elemento principal que dejó operar bajo un ambiente de opacidad e incluso como miembro participe de la red que encubría a los huachicoleros; por su parte el ex gobernador se volvió cómplice al no tomar cartas en el asunto, nunca quiso atacar el problema y dejó que este se elevara a niveles superiores, por lo que hoy en la zona reina un clima de ingobernabilidad que pudo ser eludido.

Así, mientras Moreno Valle, principal responsable en el incremento en los índices de violencia que rodea a los municipios ubicados en la zona del Triángulo Rojo se jacta de foro en foro de haber transformado a Puebla, los habitantes de la zona tienen que salir a la calle con el temor de no ser arrastrados por las olas de violencia que están sacudiendo a sus comunidades. Además, hasta cierto punto la violencia está siendo promovida, en cierta medida, por los mismos cuerpos judiciales y militares quienes han irrumpido en los poblados con un uso excesivo de la violencia, sembrando así mayor violencia, pues en un intento por apaciguar el conflicto, gran parte de las agresiones han recaído sobre ciudadanos ajenos al conflicto o pueblos completos quienes al verse agredidos han tenido que actuar con vehemencia.

         El enfrentamiento de manera directa entre la población y cuerpos tanto policiacos como militares es un reflejo de la magnitud del conflicto por el que se está pasando, un conflicto que debe ser abordado con la seriedad, el profesionalismo y la capacidad de acción eficiente para ponerle fin y dar vuelta de página. Es menester recordar también que la violencia, como se ha señalado, genera más violencia, hoy el crimen, la ilegalidad y la delincuencia se concentran primariamente en el Triángulo Rojo, pero si no existe un control efectivo, es cuestión de tiempo para que se extienda a otros espacios municipales y bajo otras modalidades de criminalidad. Sólo basta esperar qué acciones tomará el gobierno de Antonio Gali para contrarrestar este panorama pues una de sus responsabilidades como gobernador de la entidad es brindar seguridad a sus ciudadanos.