Ante la política de oídos sordos que han practicado, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, los pobladores de Jolalpan, llevan ya casi un mes, instalados afuera de las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla exigiendo la renuncia del alcalde Antonio Javana García, acusado por la comunidad de enriquecimiento ilícito e ingobernabilidad en el municipio.

Está problemática, no es reciente, se puede ubicar desde hace un poco más de un año cuando vecinos del municipio tomaron la presidencia municipal motivados por la inseguridad que rodeaba la zona, la carencia de servicios públicos y la irresponsabilidad del alcalde para gobernar en beneficio de la ciudadanía. El suceso, que pudo ser resuelto desde sus orígenes, hoy se ha transformado en un conflicto más amplio, principalmente porque los pobladores han emprendido una estrategia de lucha y resistencia contra el nepotismo, la arbitrariedad, pero sobre todo, el abuso de poder que ha ejercido el munícipe.

El apremio para llevar a cabo el plantón se dio, en primer lugar, por la ingobernabilidad que se vive al interior del municipio, y en segundo lugar, por la condescendencia que los funcionarios estatales han practicado para encubrir y proteger a autoridades que han utilizado sus cargos para el beneficio personal.

Respecto al primer punto, se ha convertido en una tendencia, la carencia de gobernabilidad en el espacio municipal. Los alcaldes, la mayoría de veces, hacen uso de la estructura del ayuntamiento para enriquecerse ilícitamente o promocionarse para futuros cargos políticos sin dar respuesta de manera eficiente a las demandas de los ciudadanos. Con ello se rompe la representación directa entre gobernantes y gobernados, además de que se limita el desarrollo de la vida municipal para la consecución de objetivos colectivos.

Actualmente Jolalpan tiene un rezago social medio, donde el 89.3% del total de su población vive en situación de pobreza, mientras que el 36.6% vive en situación de pobreza extrema. Y de un total de 12,662 habitantes, 3,393 personas no cuentan con derechohabiencia a servicios de salud. Un bajo nivel de vida, por ende, se traduce en la exigencia de la población hacia las autoridades de mejores oportunidades y políticas que incentiven el desarrollo, además de generar certidumbre social y seguridad.

Respecto al segundo punto, los pueblos se han visto forzados a recurrir a la organización colectiva, traducida en mecanismos de resistencia, para hacer frente a los abusos de autoridad y la ingobernabilidad. En este caso, el plantón, a unas calles del zócalo de la ciudad, es una forma de exigir a las autoridades para que atiendan y resuelvan sus demandas después de más de un año de manifestar su inconformidad; empero, tanto el Congreso como el gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Gobierno, sólo exhiben la falta de diálogo y sensibilidad para atender este tipo de asuntos públicos.

Todo pareciera, ha quedado en un relación de complicidades donde al final los pobladores de Jolalpan han sido los más perjudicados, ¿en dónde está todo el recurso que recibe periódicamente el presidente municipal? Y ¿en que se ha invertido este recurso? ¿por qué la Secretaria de Gobierno del estado no ha resuelto o establecido mecanismos para resolver el conflicto? Son preguntas que deben tener respuestas claras para transparentar las cuentas públicas de los munícipes a quienes se les ha alentado para que impunemente no rindan cuentas efectivas.

Es necesario que el Gobierno del Estado de Puebla utilice los mecanismos institucionales adecuados para dar salida al conflicto y se llegue a un sano entendimiento. Hasta ahora sólo han mostrado su indiferencia ante las demandas ciudadanas cuando su responsabilidad es atender y dar solución a las mismas; es justo que se busque una salida a los habitantes de Jolalpan, pues son ellos, los ciudadanos, quienes deben ser los principales beneficiarios del ejercicio público.