En las últimas semanas investigaciones periodísticas han dado a conocer casos de corrupción  en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, ocurridos en la administración de Rafael Moreno Valle.

Esta casa editorial reveló que la Secretaría de Educación Pública del Estado entregó millonarios contratos a favor de empresas, despachos de asesoría y consultoras que eran utilizadas para desviar recursos públicos a otras actividades.

La indagación arroja que la SEP a través de algún organismo público descentralizado —como el Instituto de Educación Digital o alguna universidad tecnológica— bajaba recursos del gobierno federal para capacitación de profesores o alumnos en diferentes tópicos, estos cursos se contrataban por adjudicación directa a despachos o firmas previamente seleccionados, y estos despachos simulaban la impartición de los mismos, a cambio, obviamente, de un porcentaje del contrato, mientras el grueso lo regresaban a la SEP en efectivo.

Las empresas en cuestión, reportan direcciones que corresponden a casas abandonadas, o en construcción, o viviendas particulares y no existen bitácoras de asistencia y otros documentos que permitan comprobar la impartición de los cursos que se supone brindaron. La información a detalle puede consultarse aquí (http://archivo.e-consulta.com/blogs/corte/?p=9503)

En el caso de la Secretaría de Salud, el portal Sin Embargo (http://www.sinembargo.mx/14-02-2017/3150864)  dio a conocer  que en el mismo sexenio, el entonces Secretario de Salud de la entidad, Jorge Aguilar Chedraui, autorizó la rehabilitación, mantenimiento y ampliación de unidades médicas en el estado que poco después fueron derribadas y sustituidas por Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), con lo que provocaron un quebranto por 165 millones 252 mil pesos. La investigación también da cuenta que se habría triplicado el costo de los 25 Centros de Salud que se construyeron en la entidad.

A esto se suma la investigación del Periódico Cambio quien denuncia que en la misma dependencia se avalaron contratos con empresas en las que hay un vínculo familiar o de amistad directa con Jorge Aguilar Chedraui, con quienes adquirieron vestuario y uniformes durante los dos años con contratos por 9.3 millones de pesos.

Los datos revelados aseguran que participaron en esta operación los siguientes funcionarios de la dependencia entonces encabezada por Aguilar Chedrahui: Alfonso Eduardo Letayf Acar, director de Operación e Infraestructura; Yordana Lisbeth Juan Figueroa, jefa del Departamento de Recursos Materiales y encargada de la Subdirección de Planeación de Adquisiciones de Bienes y Servicios en la era Chedraui; Patricia Grajales Jácome, jefa del Departamento de Recursos Materiales y luego jefa del Departamento de Abasto; así como Arturo Martínez Guerrero, jefe del Departamento de Servicios Generales y Control de Calidad. La información a detalle puede consultarse aquí (http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/660-desviaron-400-millones-en-salud-durante-la-gestion-de-jach-con-mafia-de-corrupcion#ixzz4ari4MERA ).

Estas denuncias de corrupción y tráfico de influencias nos obligan a las siguientes preguntas:

¿Los señalados argumentarán en su defensa? En caso de ser ciertas, ¿no se comprometió Rafael Moreno Valle a que no habría nadie por encima de la ley en Puebla? ¿No estaba el ex gobernador pendiente de sus subalternos? ¿Qué hará el actual gobernador Tony Gali al respecto? ¿Se iniciarán las investigaciones correspondientes? ¿Se llegará hasta las últimas consecuencias? ¿Caerá todo el peso de la ley sobre los responsables? ¿Puebla sigue? ¿Sigue Puebla Igual?

CAJÓN DE SASTRE

¿Jesús Giles explicará al Comité Ejecutivo Nacional del PAN el monto y la forma de gastar poco más de 400 millones de pesos en un evento irrelevante, innecesario y fatuo como lo fue su mal llamado “Informe de Actividades”?

[El autor es egidor del H. Ayuntamiento de Puebla

juan.espina@pueblacapital.gob.mx

@juancespina

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