El Derecho Humano al Agua y Saneamiento fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 28 de julio de 2010, el objetivo es garantizar el abastecimiento del vital líquido a las cerca de mil millones de personas que carecen de agua potable y a más de 2,600 millones de personas que no tienen saneamiento básico en el mundo.

En el caso mexicano, el 8 de febrero de 2012 el Congreso de la Unión del Poder Legislativo adicionó un sexto párrafo al artículo 4º para elevar el derecho humano al agua y saneamiento a rango constitucional, por lo que se obligó a los gobiernos locales a reformar su legislación de modo que se pudiera respetar, proteger y garantizar de forma accesible y suficiente el goce a este derecho.

En Puebla, se contravino a los tratados internacionales y a la propia Constitución, iniciando un proceso de privatización del agua desde el año 2012 con la aprobación de la Ley Agua y su intento de transformar un recurso de carácter público en un negocio privado.

Para lo dicho, se tomó como experimento en su aplicación a la capital del estado cuando se le cedió a Concesiones Integrales S.A. de C.V. el manejo y administración del agua potable, alcantarillado y drenaje por 30 años, bajo el argumento de mejorar el servicio y dotarlo de mayor calidad, pero eso no funcionó ya que ni el servicio, ni la calidad han mejorado.

Contrario a los objetivos planteados, la privatización del agua en la capital sólo generó una ola de problemas, aumentaron las tarifas del servicio, los cobros indebidos y la prepotencia por parte de Concesiones Integrales al suspender el suministro de agua por falta de pago o no suministrarlo de manera periódica a las colonias quienes ahora tienen que comprar pipas de agua, acrecentando con ello su gasto.

En este mismo cause avanza la reforma del presente año al artículo 12, en su fracción VI de la Constitución del Estado, avalada por el congreso y en complicidad de los presidentes municipales, muchos de ellos amenazados. Con la reforma se abre la puerta para que la privatización del agua en Puebla continúe, pese a que ya ha quedó demostrado que sólo representa un negocio para un grupo reducido, por lo que es necesario defender el agua.

La lucha por la defensa del agua en la entidad no es tema nuevo, en la sierra norte hay comunidades que llevan años resistiendo ante la voracidad de empresas que intentan explotar este recurso; incluso, hay quienes desde la aprobación de la Ley del Agua nos hemos manifestado en contra, frente al silencio de los entonces diputados locales y presidentes municipales quienes por quedar bien con el exgobernador Rafael Moreno Valle no criticaron ni se opusieron abiertamente a su aprobación.

En el 2013, cuando fui diputada federal, se intentó desde el Congreso echar abajo tan cuestionable ley promoviendo un punto de acuerdo para llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera una acción de inconstitucionalidad, desafortunadamente ante la indiferencia de distintas autoridades públicas locales que de haberse sumado hubieran generado otras condiciones, no se concretó el objetivo.

Qué bien que hoy distintos funcionarios públicos muestran su “preocupación” de manera mediática respecto al tema del agua, sólo esperemos que se haga de manera consciente y realizando un análisis de fondo, no simulado, como es el caso de personajes que en su momento votaron a favor de la Ley del Agua y que hoy de cara al proceso electoral de 2018 se están dando baños de pureza, utilizando el fenómeno de la privatización del agua como trampolín político.

La defensa del agua es algo que debemos llevar a cabo de manera organizada todos los ciudadanos, a inicios de año el estado de Baja California dio una muestra de cómo la movilización ciudadana puede echar abajo los negocios políticos de quienes pretenden lucrar con el agua; por lo que, ahora nos corresponde a los poblanos, organizarnos y salir a defender el agua.

El gobernador Antonio Gali se comprometió a velar por los intereses de los poblanos, si esta es su prioridad, es momento para que derogue esta ley y garantice de manera responsable el derecho al agua a todos los ciudadanos.

Secretaria Nacional de Movimientos Sociales

del Comité Ejecutivo Nacional del PRD

Roxluna8@gmail.com