A unos días de comenzar el segundo año legislativo, es oportuno hacer un recuento de los resultados a 365 de esta LXIII Legislatura.

Durante el primer año legislativo, creamos 17 nuevas leyes, llevamos a cabo 8 reformas constitucionales y 102 modificaciones a leyes existentes.

En materia económica aprobamos la Ley de Ingresos de la Federación –para el ejercicio fiscal 2016-, la Ley de la Tesorería de la Federación, así como la Ley de Zonas Económicas Especiales, esta última con el objeto de detonar el desarrollo y el crecimiento económico sostenible social, a través del fomento a la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Asimismo, en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas creamos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con el objeto de establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Además, aprobamos la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos federales.

De igual manera, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, para la revisión y fiscalización de:
• La Cuenta Pública
• Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión
• La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

En ese sentido aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción –que se conforma por tres leyes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa- con el objeto de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran.

Sin duda un sistema moderno en respuesta a un viejo clamor que no deja de tener vigencia entre los mexicanos, de esta manera contribuimos a erradicar la corrupción en el servicio público.

La seguridad y la justicia, son dos temas fundamentales que demanda la población de nuestro país, por eso durante el primer año de actividades de la LXIII legislatura aprobamos la creación de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburo que establece delitos y sanciones aplicables a quien sustraiga hidrocarburos y sus derivados, de ductos, vehículos, equipos o instalaciones de la industria además de sancionar a quien compre, reciba, negocie, resguarde, transporte, descargue o deposite cualquier forma hidrocarburos ilícitos; con esa ley se permite catalogar como miembros de la delincuencia organizada a quienes realicen las actividades señaladas.

Aprobamos, -además- la creación del Código Militar de Procedimientos Penales que establece las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos contribuyendo a la protección de la disciplina militar, asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos.

Creamos también la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece las normas que deben observarse durante la prisión preventiva en la ejecución de penas que resulten de una resolución judicial además de regular los medios para lograr la reinserción social, tomando en cuenta la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes aplicable para quienes incurran en actos delictivos y se encuentren entre los 14 y 17 años de edad.

En materia de Energía creamos la Ley de Transición Energética, con objeto de regular el aprovechamiento sustentable -de la energía-, así como las obligaciones que marca la norma internacional en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

En ese sentido, aprobamos grandes reformas constitucionales: la desindexación del salario mínimo es una de ellas, gracias a esto las multas y contribuciones serán calculadas de acuerdo a su naturaleza y de ninguna manera podrán tomar el salario mínimo como referencia.

Asimismo, la reforma política de la Ciudad de México mediante la cual, se considera parte de la Federación que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización político y administrativa. Las demarcaciones pasarán de ser Delegaciones a ser Alcaldías.

Actualmente, el constituyente conformado por 100 diputados se encuentra en la etapa de elaboración del Proyecto de Constitución, que habrá de ser el ordenamiento máximo de los capitalinos.

En el ámbito de los derechos humanos aprobamos dotar de autonomía jurídica y presupuestaria a los órganos estatales en esta materia.

En ese sentido, en la LXIII Legislatura, avanzamos con una agenda trascendente de reformas y nos preparamos de cara al inicio del Segundo Año de actividades, para continuar en el camino de la consolidación de las reformas y ordenamientos que los mexicanos demandan.