El reciente debate sobre la posible legalización de la marihuana en nuestro país, ha generado una gran expectativa en muchos sectores sociales. Y no es para menos, se trata de un tema muy sensible que debe ser abordado con responsabilidad y de manera integral, sobre todo por quienes tenemos una representatividad pública.

El uso de la marihuana con fines recreativos es un asunto –más allá de una visión conservadora- de salud pública que sobrepasa el ámbito jurídico y psicológico y bajo ese esquema habrá de legislarse tarde o temprano al respecto.

El hecho de legalizar su consumo, producción y comercialización implica una serie de cambios en el contexto que vivimos como país, para los cuales –considero- no estamos preparados.

De acuerdo a datos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la marihuana es la sustancia controlada de mayor uso en el mundo.

Según estimaciones de Naciones Unidas en 2012, 177 millones de personas entre 15 a 64 años declararon haber usado dicha droga en el año anterior a los estudios en los respectivos países. Por otra parte, dado que 243 millones de personas usaron al menos una droga ilícita en el mismo periodo, es posible estimar que el consumo de marihuana da cuenta de aproximadamente el 73% de los usuarios de drogas ilícitas.

En un análisis comparado con los países que han avalado su uso, se muestra claramente que se tiene otro nivel de desarrollo en el sector educativo, en el sector salud y otros que ayudan a amortiguar los efectos que causa -en la conducta humana- el uso de drogas.

El concepto de familia ha evolucionado, a tal grado, que los niños y jóvenes, hoy se encuentran en un estado de vulnerabilidad que los convierte en blanco fácil de quiénes tienen fines perversos.

En la encomienda que tengo como diputado federal, será inminente nuestra participación dentro de los debates que vienen; sin duda habremos de reforzar nuestra postura a favor sólo de su uso medicinal.

Como legislador tengo una responsabilidad con la niñez y juventud de este país y nos corresponde garantizar sus derechos consagrados en nuestra carta magna.

No se trata de discriminar ni de defender una postura conservadora,  ya que como padre reconozco el peligro que representan las drogas para nuestros hijos, para su desarrollo físico, intelectual y social y en esa lógica trabajaré desde esta trinchera para asegurar que las leyes protejan la integridad de nuestra sociedad.