El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, sobrevivió al sacudimiento que ocasionó en la alta burocracia mexicana los cambios que efectuó dentro de su gabinete el presidente Enrique Peña Nieto el jueves 27 de agosto.

Andrade Martínez logró permanecer incólume dentro del primer círculo de colaboradores de la Presidencia de la República, no por realizar un trabajo eficiente y de buena calidad en beneficio del país, sino por desempeñar desde la secretaría de la Función Pública el papel de alcahuete de un gobierno corrupto como el que encabeza Enrique Peña Nieto.

Fue premiado con la continuidad en el cargo público que ocupa para recompensar su incondicional complicidad en favor de Peña Nieto. A quien sirvió de alcahuete para encubrir los evidentes conflictos de interés en que incurrieron el presidente de la República y su colaborador de mayor confianza y cercanía, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al adquirir sendas mansiones de lujo provenientes de dos empresarios de la industria de la construcción que han resultado sospechosamente beneficiados con la asignación de varios y millonarios contratos de obra pública desde el tiempo que Peña Nieto fue gobernador del estado de México.

Cuando los escándalos provocados por esas cuestionables adquisiciones inmobiliarias, cuyo centro de gravitación era -y continúa siendo- la también sospechosa compra de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec por parte de la esposa de Peña Nieto, llegaron a su punto más crítico, el Presidente de la República ordenó a su subalterno Virgilio Andrade efectuar una minuciosa investigación que permitiera aclarar si en esas operaciones de compra-venta existieron o no conflictos de interés.     

Como de antemano era lógico discurrir, el resultado de la supuesta investigación resultó exoneratoria para Peña y Videgaray. El subordinado (secretario de la Función Pública) dictaminó que su jefe supremo (el presidente Peña Nieto) y su amigo (Luis Videgaray) no incurrieron en conflictos de interés al adquirir las lujosas mansiones que les vendieron dos agraciados contratistas.

Pero la realidad apunta hacia otra cosa diametralmente diferente al veredicto del secretario de la Función Pública peñanietista, Virgilio Andrade Martínez. ¡Sí hubo obvios y evidentes conflictos de interés en ambas operaciones inmobiliarias!

Siendo gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, mantenía una relación predominantemente institucional con el empresario constructor Roberto San Román Widerkehr, debido  a que éste obtuvo varios contratos de obra pública por parte del gobierno de esa entidad federativa.

Cuando Peña adquiere, en el marco de esa relación institucional, la mansión que le ofreció en venta Roberto San Román en el Club de Golf Ixtapan de la Sal de su propiedad, objetiva e indiscutiblemente se produce el conflicto de interés que conduce a pensar que con la casa en cuestión San Román recompensó a Peña Nieto los millonarios contratos de obra pública, estimados en mil 819 millones de pesos, que el gobierno peñanietista adjudicó a la empresa constructora de Roberto San Román.

El caso de Luis Videgaray es semejante al de su patrón Peña Nieto, aunque con otro contratista también preferido del ahora Presidente de la República.

Con el fallido propósito de lavarse las manos que se ensució Luis Videgaray al adquirir la mansión que le vendió uno de los contratistas predilectos del peñanietismo, en el Club de Golf Malinalco, argumentó que la compró antes de ser designado secretario de Hacienda y Crédito Público, es decir cuando todavía no era servidor público.  Aunque, desde entonces, sabía que ocuparía el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que su amigo y jefe ya había sido declarado presidente electo. El inmueble en cuestión lo pagó anticipadamente siendo Videgaray parte de la alta burocracia.

Ciertamente Videgaray aún no se incorporaba a las filas de la alta y lucrativa burocracia federal cuando se comprometió a comprar el inmueble en cuestión que le vendió a crédito, mediante inusuales y sospechosas tasas de  interés que estaban muy por debajo del mercado del dinero, otro contratista favorecido por Peña Nieto desde su tiempo de gobernador del estado de México, el señor Juan Armando Hinojosa Cantú.

Beneficiado éste por el mafioso peñanietismo, entre otras obras públicas, con la remodelación del hangar presidencial y con la fallida construcción del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que el Presidente de la República, en contra de su voluntad y de sus intereses particulares, se vio obligado a cancelar después de haber sido adjudicada, por el enorme escándalo que se produjo después del sucio, turbio y amañado proceso de licitación que llevó a cabo otro de los mafiosos incondicionales de Peña Nieto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 

El conflicto de interés entre Videgaray y el Grupo Higa se produjo en el momento en que este consorcio, a quien las administraciones gubernamentales -estatal y federal- de Peña Nieto adjudicaron contratos de obra pública por varios miles de millones de pesos, hizo a un lado su función de prestador de servicios del gobierno federal para asumir  el papel de corredor de bienes raíces.

Uno de los referidos contratos de obra pública concierne al acueducto que va del río Pánuco a Monterrey, importa 3 mil 400 millones de pesos. Al lado de esa cuantiosa suma de dinero, ceder a Luis Videgaray una casa valuada en 7 millones, es peccata minuta o poca cosa.

Mientras la secretaría de la Función Pública sea parte intrínseca de la estructura del gobierno federal, jamás sancionará los actos de corrupción que cometan los servidores públicos de alto nivel como el Presidente de la República y los secretarios de Estado. Recuérdese el dicho popular que refiere que perro no come perro.

Para que la SFP deje de ser alcahueta de servidores públicos corruptos y rapaces debe convertirse en un órgano ciudadano, independiente y alejado de las instancias gubernamentales. Los procesos electorales adquirieron confiabilidad cuando el gobierno federal y los gobiernos estatales dejaron de manejarlos y manosearlos.

No es infundado ni casual que la sociedad no tenga confianza ni credibilidad en las instituciones públicas, ni tampoco en quienes se encuentran al frente de ellas, empezando por el Presidente de la República.

Durante muchas décadas, los gobernantes, en mayor o menor medida, han hecho uso indebido de la función pública, abusando del poder que se les ha conferido, cometiendo saqueos y despilfarros de las finanzas públicas e incurriendo en corruptelas de todo tipo y tamaño, para que los mexicanos nos traguemos el cuento que la secretaría de la Función Pública, en el caso de la adquisición de las lujosas mansiones de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Angélica La Gaviota Rivera, efectuó una pulcra e imparcial investigación que la condujo a determinar la supuesta inexistencia de conflictos de interés en los casos de esas tres personas, donde el gobierno actuó como juez y parte acusada.

Por principio de cuentas, en la supuesta investigación que Peña Nieto ordenó efectuar al titular de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, hubo, también otro claro y evidente conflicto de interés que, desde entonces, se supo, impediría la emisión de un veredicto imparcial.

Toda vez que la secretaría encargada de sancionar a los servidores públicos corruptos está subordinada a los intereses y decisiones del Presidente de la República y Andrade Martínez es, jerárquicamente, subordinado de Peña Nieto.

Mientras en Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina está en riesgo de ser procesado por presuntos actos de corrupción, en México el presidente Enrique Peña Nieto pasea su impunidad dentro y fuera del país.