Muchos lo recuerdan. Ser representante de lo oposición ante un organismo electoral era difícil. En los años ochenta –y antes más- el régimen era inmisericorde. Los órganos electorales dependían directamente de la Secretaría de Gobernación local o federal, según sea el caso. No eran instancias “ciudadanizadas”. Todos y cada uno de los funcionarios eran puestos ahí por el poder para custodiar la hegemonía priísta.

Cada voto a favor de cualquier otro partido que no fuera el “oficial” había que defenderlo varias veces: primero en la urna. Si se lograba que llegara a la Comisión Distrital Electoral o a la Estatal, evitar que con alguna triquiñuela lo invalidaran. Llevábamos nuestras propias calculadoras – ¡imagínelas, eran los 80’s!- para verificar que en los cómputos no nos vieran la cara. Nuestra propia comida, desde luego. No vaya a ser la de malas y tener que correr por algún laxante. Linterna. Era común que los “mapaches” cortaran la corriente eléctrica para interrumpir o boicotear un posible triunfo opositor.

Y una de las recomendaciones que daban los más experimentados cuando te capacitaban en estas labores era que, una vez en la sesión, no permitieras por ningún motivo que te sacaran del local en donde se llevaba a cabo.

Cuesta trabajo entender hoy lo burdo de esas medidas pero se pueden explicar ante una mayoría de ciudadanos abúlica, no informada y no participativa.

Por ello la lucha de Acción Nacional siempre fue, además de la lucha electoral, el empeño constante y perseverante en hacer “ciudadanía”. En despertar al pueblo mexicano de su letargo para que tomara el destino en sus manos. Y ese ha sido su más grande legado.

Todo esto viene a cuento por un “déjà vu” que estamos viviendo en Puebla.

Ya había comentado en mi artículo anterior cómo se pretende consumar una afiliación masiva de más de catorce mil individuos al PAN en Puebla. El mismísimo Tribunal Electoral del Estado –muy autónomo él- ordena al Comité Estatal proceda sin más a afiliarlos. Este, “by the book”, se alista a presentar un recurso por cada uno de los ciudadanos presuntamente ofendidos por la negativa a considerarlos panistas. Hasta ahí todo normal.

Pero la noticia surgida la semana pasada, el viernes específicamente, parece fechada en 1983. El Partido Acción Nacional no pudo presentar los recursos jurídicos para combatir la decisión del Tribunal Estatal Electoral, mismos que resolvería la última instancia federal, porque a sus representantes, con la artimaña de avisarles de una alarma de bomba, los sacaron de las instalaciones y después les impidieron volver a entrar.

Así de burdo, de grosero, de bajo.

Hagan de cuenta que el Gobernador fuera Piña Olaya o Jiménez Morales. Recuerdo mis años mozos. Así se las gastaban entonces quienes tenían una visión patrimonialista del poder, justificaban cualquier acto inmoral o ilegal con tal de mantenerse en él y para quien el voto ciudadano y la ley eran un estorbo y una monserga.

El desprestigio y la vergüenza perseguirán toda la vida a los magistrados Francisco Javier de Unanue y Bretón, Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. Ya han quedado a la altura de esos mapaches ochenteros que intentaron acallar la voluntad ciudadana. La historia los juzgará de la misma manera.

Juan Carlos Espina von Roehrich

Regidor del H. Ayuntamiento de Puebla

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