El sistema educativo nacional ha crecido notablemente y el compromiso y el trabajo que las y los maestros han desempeñado en este avance se pretende ahora no sólo desconocer sino que, desde algunos sectores que ambicionan satisfacer intereses particulares, se han desatado campañas que buscan exponer al personal docente al escarnio público, al endilgarle deficiencias  que no les corresponde atender.

El supuesto estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre el ingreso salarial del personal docente,  en el que afirma que la mayoría tiene más de una plaza y que 91 mil 129 profesores entran en el 10 por ciento de los hogares más ricos de México por el sueldo que percibe, es un ejemplo de la superficialidad con la que se manejan los datos acerca del magisterio y la escuela pública.

Estas aseveraciones, que ya fueron desmentidas por la SEP, reflejan no sólo un desconocimiento absoluto de las percepciones salariales y de la situación laboral de la mayor parte de quienes integran el magisterio, sino también del esfuerzo que despliegan de manera cotidiana para cumplir con su responsabilidad, a pesar de las condiciones de desigualdad y marginación en las que se encuentran muchas regiones, escuelas y un porcentaje relevante de la población escolar del país.

De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, elaborado por el INEGI y la SEP, en la educación básica de nuestro país trabajan 1 millón 128 mil 319 maestras y maestros que atienden a 23 millones 562 mil 183 alumnas y alumnos en los 236 mil 973 centros de trabajo que fueron censados. De éstos planteles,  86.4% son de carácter público y 13.6% privados.

Según el Informe 2014 sobre el estado que guardan componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la población cuenta ahora prácticamente con la secundaria como promedio de escolaridad y el acceso a la escuela es casi universal para los niños de 5 a 12 años de edad.

La inequidad en la asistencia a la escuela ha disminuido entre los niños de 6 a 11 años; para este grupo ya tampoco se observan inequidades de género y la mitad de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad está matriculada en educación media superior.

A pesar de estos esfuerzos, aún hay rezagos que atender. De las escuelas públicas censadas, sólo 51.6% cuenta con drenaje, 69% con disponibilidad de agua potable, 87.2% con sanitarios y 88.8% con energía eléctrica.

Hay desigualdades desde el acceso a la escuela en nivel preescolar, sobre todo para los niños de 3 años y para la población de 13 a 17, y en todos los niveles educativos la población indígena se encuentra en desventaja.

De los casi tres millones de niños y niñas entre 12 y 17 años que trabajan jornadas prolongadas, esto es, 20 horas o más; la mitad de ellos no asiste a la escuela.

La deserción escolar es uno de los problemas más graves que enfrenta la escuela, afecta a 20% de una generación de secundaria y a 40% de una de media superior. Uno de cada tres niños de 15 años se encuentra fuera de la cobertura escolar, y una quinta parte de los jóvenes entre 18 y 24 no termina la secundaria.

Garantizar el derecho a la educación y proporcionar las condiciones necesarias para que las y los maestros desempeñen su labor es responsabilidad del Estado.

El personal docente no puede ser el culpable de las deficiencias educativas que se han gestado a partir de la relación de complicidad entre el poder público y el sindicato, que ha generado vicios y corrupción e impactado negativamente los resultados del presupuesto público que se ha invertido en el sector y de las reformas y los esfuerzos para mejorar la calidad educativa del país.

A las y los profesores hay que revalorarlos en su justa dimensión, a partir de las  condiciones del entorno en que vienen desempeñando sus labores.

Lo que éstos necesitan es que funcione adecuadamente el sistema educativo nacional, que las escuelas cuenten con servicios básicos, la infraestructura y los materiales pertinentes y que de manera sistemática le lleguen los apoyos y  las oportunidades para actualizarse, de tal manera que puedan cumplir mejor con lo que les corresponde.

Frente a los aviesos empeños en cuestionar la labor docente, en el marco del Día del Maestro, vale la pena recordar que sin escuela pública no hay República y sin maestros y maestras no hay reforma educativa.