Las revelaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad provocaron escozor en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La reacción institucional fue rechazar y descalificar los sueldos exorbitantes en el magisterio.

Claro, como si fuera imposible creer que los privilegios -resultado de años de complicidades y corrupción- sean consecuencias de la mala educación que aún reciben miles de niños en muchas partes del país.

El dato escandaloso fue que el sueldo promedio por maestro es de 25 mil 153 pesos al mes, aunque 7 mil 183 docentes ganan más de 100 mil pesos sin considerar bonos, aguinaldo y prestaciones. La sorpresa fue mayor cuando el IMCO ubicó que 70 maestros tienen un sueldo mayor al del presidente Enrique Peña Nieto (193 mil 458 pesos al mes).

Y por si faltara algo peor, hay mil 906 escuelas “fantasma”, que no existen pero tienen nóminas activas, las cuales representan un gasto de 343 millones 189 mil 617.50 pesos.

En automático, las autoridades y el sindicato reprocharon al IMCO su 'falta de rigor y seriedad ' para recabar esta información, la cual se basó en las nóminas del magisterio, con excepción de Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas que no entregaron la documentación. Mientras que Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa, Tabasco y Michoacán aportaron archivos vacíos o incompletos.

La SEP desmintió que mil 441 profesores de Hidalgo tengan la misma fecha de nacimiento en su RFC y que con más de 100 años de edad sigan cobrando en la nómina. Esta interpretación llevada al terreno electoral implicaría que en México, los muertos no votan.

Nuevamente el problema de la injusticia y la discrecionalidad que privan en el SNTE, tapando las situaciones que dañan las finanzas públicas, en vez de subsanar las fallas que les generan crisis de credibilidad.

De nada sirve una reforma educativa que promete elevar el nivel de formación de maestros y alumnos, si no existe voluntad para acabar con esos privilegios que institucionalizó Elba Esther Gordillo para beneficio personal y su pandilla.

Aunque el SNTE tenga nuevo rostro en el comité sindical mantiene las viejas prácticas caciquiles que tienen a la educación contra la pared. Ya estuvo bien de premiar a los maestros flojos e improductivos. Así el país no funciona.

Por otra parte, tremendo escándalo la corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. Terminó por develarse el secreto de los permisos y operación de los casinos que generosamente repartió el gobierno federal con Felipe Calderón a la cabeza, y su vinculación con jueces y magistrados.

No cabe duda que la purga de malos elementos en el servicio público no solamente debería abarcar a los mandos de seguridad, sino también a los integrantes del ámbito judicial para fortalecer sus estándares de rectitud, transparencia e imparcialidad.

En este caso, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión inmediata sin goce de sueldo de dos magistrados de circuito y un juez de distrito, que serán investigados por sus nexos con Juan José Rojas Cardona, 'El Zar de los Casinos'. La evidencia fue contundente: La 'justicia' se vende al mejor postor; jueces y magistrados que sin escrúpulos viajan a costa de la transa, del dinero ilícito.

Finalmente, después del jaloneo por la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma político - electoral, el tema más indignante fue el "error" de haber aprobado las pensiones vitalicias para los 7 magistrados que integran el Tribunal Federal Electoral de la Federación.

Horas después de la condena unánime a la posibilidad de que el erario pagara 730 millones de pesos para garantizar la 'tranquilidad económica' de los magistrados hasta que cumplieran 76 años de edad (en promedio), el PRI enmendó la plana.

La izquierda y el PAN habían acusado que se trataba de un soborno anticipado, el cual influiría en las resoluciones del Tribunal, principalmente porque sus integrantes 'agradecerían' el favor económico otorgado a los promotores de la iniciativa, es decir al Revolucionario Institucional. ¿Difícil de creer?

Los actores políticos y gubernamentales creen equivocadamente que negar la realidad es desaparecerla. De manera peligrosa siguen estirando la liga y tarde o temprano el grito de ¡Ni un abuso más! será más fuerte que no les quedará otra más que escucharlo y atenderlo.

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