El panorama que observamos la mayoría de los mexicanos, respecto del proceso de elección de la nueva dirigencia nacional del PAN, es de una guerra sucia en la cual han salido a relucir las prácticas más ilegales de los procesos electorales; desde el acarreo, la compra de votos, la injerencia de funcionarios de los tres niveles en el proceso y, lo peor: el uso de recursos públicos en las campañas, por decir lo menos, ya que resulta evidente el enorme gasto realizado por el candidato Gustavo Madero en varios de los estados del país para promover su imagen, a pesar de tratarse de un proceso interno donde sólo participan los miembros del Partido Acción Nacional.

Resulta lamentable que un partido que durante décadas cuestionó las prácticas de corrupción en las campañas y todas las corruptelas del PRI para sus procesos de elección de sus autoridades internas y que en muchos casos fue víctima del  fraude electoral, hoy repita esos mecanismos para ganar una contienda en la que están en juego , no sólo el triunfo de un grupo ya sea de Madero, quien representa a la facción de quienes apoyaron el Pacto por México y las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto, y por el otro lado el grupo de Ernesto Cordero, quien representa los intereses del ex presidente Felipe Calderón, que pretende retomar la presencia en vista de los próximos procesos electorales de 2015 en que se renueva la Cámara de Diputados y de 2018 en que se elige al Presidente de la República.

En este juego de intereses, llama la atención la participación abierta de varios gobernadores tanto del Acción Nacional, como del Revolucionario Institucional apostando a un candidato y moviendo la estructura gubernamental y recursos en favor de uno de ellos, en un juego perverso e incongruente para, quienes afiliados al PAN, aún piensan que el partido conserva su ideología y respeta su declaración de principios, cuando la realidad nos demuestra que eso es lo último que interesa a los candidatos y que, como dijera Maquiavelo, “El fin justifica los medios”.

Aunque ello implique cometer delitos electorales o incurrir en prácticas ilegales y desvío de recursos públicos. La guerra de declaraciones y denuncias viene arreciando en los últimos días y lo menos importante es el compromiso de los candidatos con los auténticos militantes del blanquiazul y qué opción real de gobierno ofrecen estos candidatos a los ciudadanos sin partido.

Lo más previsible es la judicialización del  proceso porque aun y cuando uno de los candidatos gane con más de diez puntos porcentuales de ventaja, es necesario se investiguen todas las irregularidades del proceso, ya que la justicia no puede ser objeto de negociación.

Bajo esta tesitura, la verdad es que puede afirmarse que el PAN cada día se parece más al PRI y que la elección de su dirigencia se ha convertido en un juego de intereses donde lo más importante es quién conviene más al presidente Peña Nieto para continuar con su proyecto, aunque ello implique llevarse entre los pies a millones de mexicanos, que todavía piensan que en México vivimos en un régimen democrático.