Continúa la agresión y amenaza contra integrantes de organizaciones sociales. Indignación y silencio de las Universidades

Esta semana se ha intensificado la protesta social ante las acciones de represión e intimidación contra integrantes de organizaciones sociales y de universitarios que  han manifestado  su rechazo o desacuerdo con los proyectos gubernamentales, en particular del Proyecto Integral Morelos. En distintos medios, entre ellos e-consulta y La Jornada de Oriente, han dejado constancia de las voces de organizaciones políticas y sociales, de estudiantes y académicos de distintas instituciones universitarias del país y de Puebla, en especial de la BUAP.

Un par de comentarios merecen estos acontecimientos. En primer lugar la actitud del Secretario de General del Gobierno  del Estado, quien afirma que no hay orden de aprehensión contra el Dr. Ricardo Pérez Avilés y que ha brindado protección  para evitar su detención; cuestión que es falsa, sus únicas acciones han sido declarativas y en ningún momento se ha comprometido a investigar las agresiones contra el Dr. Pérez Avilés y garantizar su seguridad. Asimismo, en su contradictoria declaración desvía la atención hacia el gobierno del estado de Tlaxcala, señalando como fuente ¡¡al mismo académico¡¡, falso, pues según nos informan en ningún momento se ha entrevista con él. Al mismo tiempo, acusa a la Procuraduría General de la República de tener pendientes media docena de indagatorias relacionadas con el gasoducto, cuestión que ratifica el delegado en Puebla.

Entonces  ¿Quién es el responsable de estas agresiones y violación a los derechos constitucionales y humanos?  Es el Gobierno del Estado de Puebla quien aprehendió a tres defensores de las comunidades afectadas por el gasoducto, es  la policía estatal de Morelos la que detuvo a cinco campesinos de la comunidad de Amilcingo, han sido autoridades del gobierno de Tlaxcala las que han intimidado a pobladores de Nativitas  y es el Gobierno Federal (PGR) la que reconoce que tiene en cartera más procesos en contra de los integrantes de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos. Ha sido esa misma Secretaría de General de Gobierno del Estado de Puebla la que ha promovido, junto con la Comisión Federal de Electricidad, las reuniones con presidentes municipales para explicar las “bondades” de dicho PIM, mismo que está encabezado por las empresas españolas Elecnor y Enegás, que son las grandes beneficiadas con la explotación del gasoducto.

Como lo mencionamos en artículos anteriores, se trata de un proceso de despojo de los bienes de las comunidades a fin de acumular grandes riquezas, a costa no solo de sus tierras, de sus cultivos, sino también de sus culturas, no importando incluso el poner en riesgo las vidas de los miles de pobladores de esas comunidades.

El segundo comentario que queremos hacer es el relacionado a la respuesta surgida en las instituciones universitarias. Destaca la entusiasta, dinámica y creciente solidaridad de los estudiantes de sociología de la BUAP, seguida por varios cientos de  académicos, que han exigido el respeto a los derechos del Dr. Pérez Avilés y la garantía de su seguridad personal y la del estudiante Alberto Melchor Montero. La manifestación del pasado martes es apenas una muestra incipiente del descontento e indignación que ha generado la violencia gubernamental. En este mismo sentido, es de destacar las recientes declaraciones del rector de la Universidad Iberoamericana, quien exigió que “las autoridades no criminalicen la protesta en Puebla; demandó que tampoco se fabriquen elementos delictivos y mucho menos se acose a académicos como Ricardo Pérez Avilés, que están colaborando con movimientos sociales que se oponen a proyectos como el gasoducto Morelos”.

Frente a estos actos solidarios, contrasta tristemente la carencia de una postura clara y firme de las autoridades de la BUAP, quienes si bien han ofrecido y facilitado asesoría legal al Dr. Pérez Avilés (gestoría que es importante pero no suficiente), hasta el momento no han hecho NINGUNA declaración oficial ante la violencia contra uno de sus más destacados académicos. Pareciera que no se ha comprendido la gravedad de este atentado y mucho menos se ha valorado que la Máxima Casa de Estudios, la UNIVERSIDAD PÚBLICA, debiera ser sensible a las reivindicaciones de los excluidos,  haciendo escuchar su voz de manera crítica y propositiva frente a los actos que violentan la legalidad y la convivencia democrática y plural, ejerciendo de manera creativa su  AUTONOMÍA.