En la introducción al Plan de Desarrollo 2013-2017  PND del  Gobierno Federal  se lee: “se trata de un plan realista, viable y claro para alcanzar un México en Paz, donde se recobre el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias. Además, establece  los lineamientos para hacer de la nuestra, una nación tranquila en la que se respeten cabalmente los derechos humanos”.

En la reunión de la semana pasada en Davos, el tema de la violencia se “coló”  durante la participación del presidente  en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y  las preguntas a Peña Nieto se enfocaron en los temas de seguridad, especialmente en el tema del avance de las autodefensas en Michoacán, quienes se enfrentan contra presuntos criminales de los Caballeros Templarios.

Las acusaciones  en contra del gobierno crecen. La organización Human Rights Watch acusó al gobierno de Peña Nieto de estar totalmente ausente en cuanto al surgimiento de las llamadas autodefensas en varios estados del país, principalmente en Michoacán, y de ser ambiguo con respecto al problema.

Si bien, en el diagnóstico del PND se admite que hay un rezago en el nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que no se asignaron los recursos públicos suficientes, los principales obstáculos para su implementación están presentes: insuficiente armonía legislativa, falta de capacitación y las inercias de las instituciones.

La encuesta  Nacional de Victimización y de Percepción sobre la Seguridad Pública,  ENVIPE 2013 del INEGI,  presenta información sobre la prevalencia e incidencia delictiva que afecta a los hogares y a sus miembros. Cifras,  tipos de delito, víctimas y contexto de la victimización.

Revela por ejemplo, que la población de 18 años y más a nivel nacional manifiesta como su principal preocupación el tema de la inseguridad (57.8%), seguido del desempleo (46.5%) y la pobreza (33.7%). El  61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías.  

En México, van en aumento los delitos como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión y  el robo total o parcial de vehículo. En cuanto a los  espacios públicos en donde la población de 18 años y más se siente  más insegura es en los cajeros automáticos  con 81.5%.

La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes  de 2011 en Puebla fue  de 29,350  y en el 2012 de 27,318. A pesar de la baja en ese indicador, el porcentaje de la población de 18 años o más que percibe inseguro el estado de Puebla fue en el 2012 de 57.1%, creciendo para el 2013  a 63.3 %.

En la encuesta hay un elemento que no todos conocemos, la  estimación  de  la “cifra negra”, que a nivel nacional asciende a  92.1% de los delitos ocurridos. Se refiere a aquellos delitos  en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa durante 2012. De las que si se hicieron, hechas por víctimas ante el Ministerio Público  refiere que en el 53.2% de los casos no pasó nada o no se resolvió (en  2011, esta cifra fue 53.3%).

Así las cosas, el 41.8% de la población de 18 años considera que la principal causa de inseguridad es el desempleo, seguido de la pobreza, la droga, la corrupción, los malos policías, los delincuentes sin castigo, desintegración familiar, falta de valores, alcohol y educación de mala calidad ( en ese orden).

En cuanto a la percepción de corrupción de las autoridades, el 77,8% de la población mayor de 18 años considera que la policía de tránsito es  la más corrupta y los más efectivos, con 84.8%,  los marinos.

También podemos encontrar lo que  la ciudadanía opina sobre las acciones que se realizan en los municipios y que consideran son efectivas  como: mayor patrullaje o vigilancia policiaca, mejora en el alumbrado, construcción o mantenimiento de parques y canchas deportivas, operativos contra la delincuencia, programas para que la gente denuncie, combate al narcotráfico, atención a jóvenes para disminuir el pandillerismo o delincuencia juvenil, mejorar el ingreso de las familias, combate a la corrupción  y  atender el desempleo.

Otra encuesta, la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012, muestra que sólo el 11% de la población reportó saber sobre la Reforma Constitucional de 2008; que el 49% considera que las leyes no se cumplen; que los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la impunidad; y que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo del 15 %.

Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el aumento de las violaciones a los derechos humanos que se cometen por las autoridades encargadas de las acciones de seguridad, lo que ha afectado la percepción de la ciudadanía acerca del sistema de justicia: el 56% de los participantes de la Consulta Ciudadana coincide en que el principal problema es que permite la impunidad.

El caso de Michoacán es significativo, a pesar de que el gobierno federal ha dicho que su estrategia para Michoacán ha frenado la violencia y que las policías locales podrían absorber parte de las autodefensas civiles, sigue existiendo la guerra abierta entre autodefensas y templarios que de acuerdo a la agencia Reuters  tiene otras causas de fondo, como en Aguililla,  por  la extracción de oro y hierro que  empresas chinas  comercian con los caballeros templarios.

¿Cómo es  posible que si desde hace años se sabía que el cartel michoacano incursionaba en el negocio minero a través de la extracción, transporte y venta de mineral con China nadie hizo nada, si casi la mitad de la actividad minera de la zona fue realizada sin los permisos adecuados durante el 2013?

¿Acaso no hay corrupción, impunidad, violencia, enriquecimiento ilícito de unos cuantos, delincuencia , asociación delictiva en  ese y en muchos otros casos más?.

Para  garantizar la paz se requieren políticas públicas sanas y efectivas que en efecto, promuevan esquemas de cooperación y coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en un  marco legal que responda a las amenazas que enfrenta el país para que se garantice la aplicación de la justicia, pero sobre todo, en estrategias que  eviten que la  confianza de los ciudadanos siga deteriorándose, que los índices de delincuencia disminuyan  y que ya no crezcan más  las violaciones a los derechos humanos.

Un buen inicio sería disminuir la impunidad en el país y administrar la justicia sin distinción de personas, sobre todo  con aquellos que siendo  elementos de las diversas corporaciones que administran la justicia (ejército, marina, policías etc.), ex gobernantes o gobernantes, funcionarios o ex funcionarios, representantes de los poderes legislativo o judicial   que deberían   servir a la ciudadanía, la utilizan para lograr sus fines personales.

Todos merecemos un país en donde realmente  se recobre el orden, la seguridad y la justicia que necesitamos.

Referencias:

• http://pnd.gob.mx/
• http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/envipe/envipe2013/default.aspx
• Revista Proceso 1943, pag. 9