Carta a Gobernador

  • Samuel Porras Rugerio
.

-DR. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.

-H. CONGRESO DEL ESTADO.

-SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

-MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

-A LOS POBLANOS EN GENERAL.

PRESENTES.

Nos dirigimos a Ustedes para exponer, respetuosamente, un problema que a pesar de haberse difundido en diversos medios periodísticos durante el año pasado, no ha sido atendido aún por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico no obstante ser de su legal competencia. Por tratarse de una dependencia del Poder Ejecutivo, nos atrevemos a distraer su atención sobre el particular. El problema se ubica en la administración de justicia laboral en materia burocrática. Por decirlo suavemente: con la designación –fines de septiembre de 2011- del C. RODOLFO RAMOS GARCÍA en la presidencia, la improductividad laboral e incompetencia profesional se instalaron en el Tribunal de Arbitraje del Estado convirtiéndolo en tribunal estatal de la arbitrariedad.

El desempeño de trabajo mostrado a lo largo de dos años, ha combinado indolencia en el manejo de los expedientes y prepotencia en el trato hacia trabajadores y abogados, dando por resultado la parálisis del tribunal. Ustedes saben que cuando trabajadores al servicio del estado, o de 216 municipios, tienen el infortunio de ser despedidos del empleo, obligados por ley, tienen que acudir ante este “tribunal” a pedir se les imparta justicia.

Lo que ignoran, es que encuentran ahí la inmovilidad de su asunto y la arbitrariedad de su presidente. A las demandas nuevas no se les da curso legal y a los diversos escritos con que se pide agilizar los procedimientos en expedientes ya iniciados, no se les da trámite. Cuando Don José María Morelos y Pavón decía “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario” jamás imaginó que el arbitrario fuese nombrado titular del tribunal. Aquí, el presidente concentra -con su presencia física, firma y hasta el sello de recepción de documentos de oficialía de partes- el poder y control absoluto de dicho tribunal.

Es una situación de ruindad que no refleja el trabajo normal de un tribunal y repugna con los principios constitucionales de justicia pronta y expedita ocasionando exactamente lo contrario: todo tipo de injusticias. Con un  desempeño laboral así, marcado por la pereza y abulia, el titular de ese tribunal no tendría cabida como trabajador en ninguna empresa; sin embargo, lo sorprendente del caso es que continúa ocupando el cargo a pesar del malestar general que su actuación viene causando entre usuarios y abogados que tienen que tramitar asuntos en esa dependencia. Señor Gobernador, sirva la presente misiva para suplicar de Usted atención al problema expuesto que agravia a buena parte de los poblanos; a que constate la situación por la que atraviesa el manejo de los expedientes laborales y a que, en breve, ponga el remedio necesario para que el Tribunal de Arbitraje cumpla su función. Al Congreso del Estado pedimos vigilar el cabal cumplimiento de una ley –de los trabajadores al servicio de los poderes del estado de Puebla- que emanó de su poder legislativo y que ha sido convertida en letra muerta; además, hacer al titular del Ejecutivo la exhortación correspondiente para que contribuya al mismo fin.

Al Sindicato de los burócratas solicitamos la intervención y pronunciamientos que al interés de sus agremiados corresponda. A todos los medios de comunicación establecidos en la entidad, encarecidamente, pedimos monitorear y fijar su atención en el acontecer cotidiano de la administración de justicia laboral. A la sociedad poblana pedimos impedir, por todos los medios a su alcance, que situaciones como la expuesta sigan ocurriendo en las oficinas públicas. Sería una verdadera desgracia descubrir que la designación y permanencia del funcionario en el cargo, hayan tenido como finalidad conseguir esa parálisis que aquí estamos denunciando.  Muchas gracias.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 17 de enero de 2014.

ABOGADOS: JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO, ANA LILIA RENDÓN LÓPEZ, ANA MARÍA FLORES ROMÁN, JOSÉ EDUARDO TÉPOZ RODRÍGUEZ, EHECATL TONATIUH SARABIA AMADOR, JOEL BERMÚDEZ MARÍN, JESÚS ROJAS LEZAMA, LUIS MANUEL LÓPEZ PÉREZ, JULIÁN NERI ARGÜELLO, VALERIA HOYOS RAMOS, EVARISTO ALVAREZ ALONZO, ÓSCAR JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. BÁRBARA ZAMORA LÓPEZ (MÉXICO), SANTOS GARCÍA DIAZ (MÉXICO) MANUEL FUENTES MUÑIZ (MÉXICO). ORGANIZACIÓN: UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES Y AMBULANTES 28 DE OCTUBRE.

Opinion para Interiores: