Los últimos días, como cada fin de trienio, el tema del Centro Histórico vuelve a ocupar espacios en los informativos bajo un discurso más apegado a la demagogia y no tanto a la motivación, a mover conciencias y establecer parámetros con los especialistas en la materia.

Una preocupación, dicen, ha motivado al funcionario del INAH, Sergio Vergara, a amenazar con expropiar casas en ruinas si los propietarios no hacen nada por detener el deterioro.

Otra preocupación ha sido expresada por Luis Olmos, encargado de planeación municipal, al convocar a aplicar un plan de "repoblamiento" de la zona, en el papel, sin consulta a los propietarios o actuales usuarios.

Francisco Vélez Pliego puso el dedo en la llaga al señalar directamente el riesgo de expropiación si se aplica el "Plan Olmos" pues unas 40 manzanas de los barrios del Oriente de la ciudad podrían ser expropiadas, y mire usted que Vélez Pliego lleva algunas décadas dedicado al estudio del problema.

Eduardo Rivera, el maestro, dice que no habrá expropiaciones, pero acepta que son los particulares quienes deben aportar voluntad y dinero claro está para repoblar el Centro Histórico.

Mientras tanto, los gobiernos municipales y estatal han invertido más de 800 millones de pesos en fachadismo, pintura en casas que por dentro están cayéndose, sendas que ya han sido levantadas, iluminación, imagen urbana, nada, absolutamente nada en apoyo a los vecinos que pretendan vivir en el centro.

Como muestra un botón, desde el trienio de Marín, el cabildo aceptaba la condonación en varios porcentajes de descuento al Impuesto Predial para dar cumplimiento al enunciado de la Ley Federal de Monumentos, donde faculta al INAH a avalar y gestionar la propuesta ante los cabildos de dar un beneficio al rebajar impuestos si se invierte en el Centro Histórico.

La misma política fue asumida sin distingos por Luis Paredes, por Enrique Dóger y por Blanca Alcalá que aceptaron las solicitudes de inmobiliarios y arquitectos restauradores o propietarios que cumplían con demostrar la inversión en restauración de un bien enlistado en la lista del patrimonio Cultural de la Unesco.

Desde que tomó posesión Rivera Pérez el apoyo en el descuento de predial le fue quitado al cabildo y otorgada esa facultad al tesorero, Manuel Janeiro en la actualidad, quien recibe las solicitudes y responde siempre con un "no hay dinero", el pago debe "ser parejo para todos".

Mientras tanto 13 millones de pesos en renta de alumbrado, decenas de millones en ciclovías, obras defectuosas pero bien iluminadas y ni un centavo, ninguno en apoyo a inversionistas que quisieran remodelar, rescatar en la práctica no sólo en el discurso como Rivera Pérez.

Ojalá Antonio Gali, que tiene inversiones familiares en la zona de monumentos voltee a ver a los poblanos los próximos 4 años y 8 meses, y no sólo vea los reflectores.

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